Noticia:
El Gobierno de Bolivia ha levantado hoy el estado de sitio decretado en septiembre en el norteño departamento amazónico de Pando, pero ha anunciado que el ex prefecto de ese distrito seguirá detenido a la espera de un juicio por una masacre de campesinos oficialistas. La medida supera el último obstáculo legal para que en enero se realice un referéndum nacional sobre una nueva Constitución "plurinacional", en un momento clave del proceso de refundación emprendido por el presidente izquierdista Evo Morales en el empobrecido país.
La Corte Nacional Electoral había amenazado con paralizar la organización del referéndum si Morales no suspendía la medida de excepción a más tardar el domingo 23 de noviembre, en coincidencia con el inicio del período de propaganda hacia la votación convocada para el 25 de enero.
"El estado de sitio en Pando ha sido levantado desde las cero horas de este domingo, pero esto no significa que queden sin efecto las garantías de convivencia pacífica que el Estado da a todos los ciudadanos de ese departamento", ha dicho el ministro de Gobierno, Alfredo Rada a los periodistas. El ministro ha explicado que, tras la medida de emergencia que permitió desarticular supuestos grupos paramilitares que servían al ex prefecto Leopoldo Fernández, un reforzado contingente de militares y policías permanecerá indefinidamente en Pando.
El estado de sitio fue decretado el 12 de septiembre, al día siguiente de un incidente en el que supuestos funcionarios de la gobernación pandina repelieron a balazos una caravana de campesinos afines al Gobierno, dejando al menos una quincena de muertos, varios heridos y decenas de desaparecidos.
Comentario:
Debe quedar perfectamente aclarado este incidente y los culpables castigados.
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lunes, 24 de noviembre de 2008
viernes, 29 de agosto de 2008
Aunque no lo crean, en un poblado gautemalteco piden Estado de Sitio.
Noticia:
Desesperados por el acoso de una profunda crisis de inseguridad pública, los habitantes de un pequeño municipio guatemalteco lanzaron un repentino e inusual llamado de urgencia al Ejército de Guatemala, para que imponga el “estado de sitio” en el pueblo y enfrente el constante ataque de las maras o pandillas juveniles y el escenario de creciente e incontrolable violencia.
La petición fue planteada por pobladores de San Juan Cotzal, considerado por la Policía de Guatemala como el municipio más violento y de mayor criminalidad del norteño departamento (estado) de Quiché.
Consultado por EL UNIVERSAL, el coronel Jorge Ortega, portavoz del Ejército, confirmó que los habitantes de San Juan Cotzal “están pidiendo seguridad y ven que la suspensión de garantías puede ser una salida a los delincuentes, además de la presencia de una unidad militar como respaldo a la autoridad civil” de esa localidad.
El estado de sitio, que implica cancelar garantías individuales y otras medidas de excepción, “es una acción que puede ejecutar el (Poder) Ejecutivo, donde interviene todo el Estado. Dentro de dinámica actúa el Ejército y las fuerzas de seguridad. Es una situación temporal y debe de ser declarada y publicada en el diario oficial. Es muy complejo el problema y la solución debe de ser integral”, subrayó.
Por ahora, “sólo es una petición, no hay nada en concreto y hay que esperar qué órdenes da el Ejecutivo”, aclaró.
En un país en el que, a diario, los guatemaltecos sufren la hostilidad del crimen organizado, con una inseguridad en aumento ante gran cantidad de secuestros, robos y asaltos y un acumulado anual de más de 6 mil homicidios, la solicitud parece ser sólo un reflejo del miedo a la delincuencia que persiste entre la mayoría de los 13.5 millones de habitantes de Guatemala.
El gobernador de Quiché, José Berreondo Zavala, advirtió que como la Policía ha fracasado en combatir a las pandillas y detener la violencia, el gabinete de esa región solicitó al Ejército y al gobierno del presidente Álvaro Colom que envíen tropas para que sitien el poblado, porque la vida de sus habitantes “está en peligro”.
San Juan Cotzal, comunidad rural donde la mayoría de sus 25 mil pobladores son mayas, principalmente de la etnia Ixil, sufre una ola de asaltos y extorsiones por parte de mareros, cuyas pandillas pelean entre sí por controlar el territorio, mientras la Policía es insuficiente para garantizar “seguridad y bienestar”, según fuentes de la zona contactadas por este periódico.
El principal problema es el de las maras, surgidas en la década de 1980 en calles de ciudades de Estados Unidos y que emigraron a Centroamérica hace más de 15 años. “Por fortuna no ha habido muertos”, pero los pandilleros disparan de “larga distancia”, narró Domingo Pérez, dirigente comunitario de San Felipe Chenlá, una aldea del municipio.
Aunque se les ofrecieron vías de reinserción social, sólo siete las aceptaron y los restantes respondieron con armas de fuego.
Comentario:
Vale preguntar: ¿podrán con el paquete los militares?
Desesperados por el acoso de una profunda crisis de inseguridad pública, los habitantes de un pequeño municipio guatemalteco lanzaron un repentino e inusual llamado de urgencia al Ejército de Guatemala, para que imponga el “estado de sitio” en el pueblo y enfrente el constante ataque de las maras o pandillas juveniles y el escenario de creciente e incontrolable violencia.
La petición fue planteada por pobladores de San Juan Cotzal, considerado por la Policía de Guatemala como el municipio más violento y de mayor criminalidad del norteño departamento (estado) de Quiché.
Consultado por EL UNIVERSAL, el coronel Jorge Ortega, portavoz del Ejército, confirmó que los habitantes de San Juan Cotzal “están pidiendo seguridad y ven que la suspensión de garantías puede ser una salida a los delincuentes, además de la presencia de una unidad militar como respaldo a la autoridad civil” de esa localidad.
El estado de sitio, que implica cancelar garantías individuales y otras medidas de excepción, “es una acción que puede ejecutar el (Poder) Ejecutivo, donde interviene todo el Estado. Dentro de dinámica actúa el Ejército y las fuerzas de seguridad. Es una situación temporal y debe de ser declarada y publicada en el diario oficial. Es muy complejo el problema y la solución debe de ser integral”, subrayó.
Por ahora, “sólo es una petición, no hay nada en concreto y hay que esperar qué órdenes da el Ejecutivo”, aclaró.
En un país en el que, a diario, los guatemaltecos sufren la hostilidad del crimen organizado, con una inseguridad en aumento ante gran cantidad de secuestros, robos y asaltos y un acumulado anual de más de 6 mil homicidios, la solicitud parece ser sólo un reflejo del miedo a la delincuencia que persiste entre la mayoría de los 13.5 millones de habitantes de Guatemala.
El gobernador de Quiché, José Berreondo Zavala, advirtió que como la Policía ha fracasado en combatir a las pandillas y detener la violencia, el gabinete de esa región solicitó al Ejército y al gobierno del presidente Álvaro Colom que envíen tropas para que sitien el poblado, porque la vida de sus habitantes “está en peligro”.
San Juan Cotzal, comunidad rural donde la mayoría de sus 25 mil pobladores son mayas, principalmente de la etnia Ixil, sufre una ola de asaltos y extorsiones por parte de mareros, cuyas pandillas pelean entre sí por controlar el territorio, mientras la Policía es insuficiente para garantizar “seguridad y bienestar”, según fuentes de la zona contactadas por este periódico.
El principal problema es el de las maras, surgidas en la década de 1980 en calles de ciudades de Estados Unidos y que emigraron a Centroamérica hace más de 15 años. “Por fortuna no ha habido muertos”, pero los pandilleros disparan de “larga distancia”, narró Domingo Pérez, dirigente comunitario de San Felipe Chenlá, una aldea del municipio.
Aunque se les ofrecieron vías de reinserción social, sólo siete las aceptaron y los restantes respondieron con armas de fuego.
Comentario:
Vale preguntar: ¿podrán con el paquete los militares?
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