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El Estado brasileño ha renunciado a la propiedad de una extensión de tierras en la Amazonia mayor que Francia y el doble de Italia. Exactamente, 670.000 kilómetros cuadrados. Estas tierras, invadidas ilegalmente a lo largo del tiempo por pequeños y grandes agricultores y ganaderos, pasarán ahora a ser propiedad de dichos invasores.
La polémica ley, aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, sólo espera la firma del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, para entrar en vigor.
"Es la privatización de la Amazonia", dicen los ecologistas, que han considerado un día de luto la aprobación de la ley. "Vuelve la seguridad jurídica", responde la senadora Katia Abreu, del partido Demócratas (DEM), autora del texto de la ley y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultores (CNA).
La ley recoge que recibirán el título de propiedad personas y empresas que ocuparon estas tierras antes del 1 de diciembre de 2004. Las propiedades menores de 76 hectáreas serán entregadas gratuitamente; las mayores de 1.500 hectáreas saldrán a subasta. Los beneficiarios podrán pagarlas en 20 años. Y después de tres años, los nuevos propietarios podrán revender las tierras.
En el pleno del Parlamento tuvo lugar una dura batalla entre la senadora Abreu, defensora de la ley, y la senadora y ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), que salió del Gobierno de Lula por no compartir su política ambiental.
Silva se opuso frontalmente a la ley. Perdida la batalla, intentó que se aprobaran dos enmiendas: que los nuevos propietarios no pudieran revender las tierras antes de 10 años y que no pudieran ser adquiridas por terceros, para evitar abusos y especulaciones. Ambas enmiendas fueron rechazadas. La ex ministra ha pedido a Lula que las introduzca en el texto antes de su firma definitiva. "Ahora, todo lo que se luchó en la Amazonia durante 30 años se va río abajo, y los jueces que sufrieron amenazas de muerte para luchar contra la ocupación legal de la Amazonia escucharán las carcajadas de sus adversarios", ha comentado.
Al contrario, el actual ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, sucesor de Silva, ha defendido la ley, que según él pone fin al desmadre jurídico actual e impone normas ambientales muy severas a los nuevos propietarios so pena de perder la propiedad, como la imposibilidad de seguir deforestando la selva.
También el ministro de Asuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, catedrático de Harvard y ex profesor del presidente estadounidense, Barack Obama, defiende la ley: "Va a ayudar a impedir la destrucción de la Amazonia y beneficiará a los pequeños agricultores", afirma.
Se trata de 400.000 pequeños propietarios que se habían apoderado desde hace años de tierras que eran del Estado y las cultivaban ilegalmente.
La defensa sobre todo de estos pequeños agricultores es lo que ha llevado al presidente Lula a entregarles esas tierras legalizando su situación.
No lo piensan así los ecologistas. Paulo Adário, de Greenpeace, considera, como la ex ministra Marina Silva, que la ley "tira a la basura la lucha por la defensa de la Amazonia de los últimos 30 años". Para él, "la nueva victoria de los agricultores besa la mano a los invasores de la Amazonia contra los que tanto lucharan Chico Mendes y la asesinada Madre Dorothy [considerados mártires de la lucha por la preservación de la Amazonia]", afirmó ayer.
Comentario:
¿Una mala decisión del Estado Brasileño? Los ambientalistas aseguran que si.
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