Noticia:
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos detectó en la frontera con México más de 400 casos de corrupción pública en los últimos dos años, que en 2009 significó 130 acusaciones formales y un centenar de detenciones contra funcionarios de ese país, por su presunta relación con el crimen organizado o la delincuencia común.
Así lo revela un informe de la agencia entregado el 16 de septiembre pasado al Congreso estadounidense por Robert S. Mueller, director del FBI, en el que se reconoce que el combate a la corrupción en la franja fronteriza es una prioridad, a tal punto que de los 700 agentes asignados a esta división en toda la Unión Americana, 120 han sido enviados a esta región, además de que se creó un grupo especial de inteligencia que colabora con las autoridades mexicanas para la detección de infiltraciones del crimen organizado.
Uno de los casos detectados por el FBI es el de Margarita Crispín, una oficial de aduanas que en 2008 se declaró culpable de permitir el paso de droga hacia Estados Unidos, una actividad que le generó recursos para comprar dos casas en México y vehículos de lujo tras operar tres años en un puesto de inspección... tan sólo en uno de los vehículos que dejó pasar a territorio estadounidense, se localizó tonelada y media de mariguana. Hoy purga una condena de 20 años de prisión.
Una investigación de EL UNIVERSAL documentó la infiltración del crimen organizado entre las autoridades de Estados Unidos a lo largo de la frontera, donde lo mismo operan grupos dedicados al trasiego de droga que al tráfico de personas y armas. El embajador de EU en México, Carlos Pascual, reconoció que la corrupción puede darse en cualquier país y afectar cualquier ciudad, lo que ya ha ocurrido en la frontera según aceptaron congresistas.
El documento del FBI entregado al Comité Judicial del Senado, revela que en los dos últimos años de los 2 mil 500 casos de corrupción pública detectados en todo el país, 400 corresponden a expedientes iniciados por actividades ilegales de sus autoridades con funciones en la frontera con México, aunque la agencia no detalla el cargo de los servidores públicos involucrados ni a las dependencias.
Sólo se indica que “la frontera sudoeste es foco particular de nuestros esfuerzos de lucha contra la corrupción”, por lo que 120 agentes del FBI se dedican exclusivamente a la investigación de casos en los que funcionarios se ven implicados con el crimen organizado o la delincuencia común que opera en esa zona.
Este grupo, se detalla, coordina esfuerzos de investigación en la frontera con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de Aduanas y Protección Fronteriza de Asuntos Internos (CBP-IA), así como dependencias federales y estatales.
El reporte señala que de más de 400 casos de corrupción pública procedente de esa región fronteriza, en 2009 se han producido más de 100 detenciones, 130 acusaciones formales contra servidores públicos y más de 70 condenas, cifras ante las que se reconoce que “una mayor cooperación con los gobiernos de México y América Central, es un objetivo interinstitucional del gobierno de Estados Unidos”.
El FBI alude al caso de la oficial aduanal Margarita Crispín vinculada al narco como “un caso particular que pone de relieve las posibles implicaciones para la seguridad nacional que derivan de la corrupción pública a lo largo de la frontera (...) no podemos permitir que quienes están dispuestos a renunciar a sus responsabilidades para beneficio personal, pongan en riesgo la seguridad de nuestras fronteras”.
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viernes, 23 de octubre de 2009
jueves, 23 de abril de 2009
Políticos dan soporte al narco desde el gobierno, acusa obispo.
Noticia:
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber fracasado en su “famosa” guerra contra las drogas, debido a que no se ha tocado, dijo, a los políticos coludidos que conforman la “estructura que soporta al narcotráfico”.
Incluso, el prelado aseguró que en el país se vive ya un “terrorismo puro” y una “ausencia de autoridad” que le permite a las organizaciones del narcotráfico actuar con total impunidad.
“Esto no lo estamos diciendo nosotros (la jerarquía católica) nada más, que la estructura política es un soporte, la corrupción dentro del Estado mexicano es algo que no se está tocando”, aseveró Vera durante una entrevista radiofónica concedida al periodista José Cárdenas.
Conminó a “detener ya” a quienes desde dentro de las estructuras políticas apoyan al crimen organizado y enfrentar además su “fortísima estructura económica”, añadió.
Lamentó la muerte de dos militares en Durango como aparente resultado a lo dicho por el arzobispo, Héctor González Martínez, sobre que el capo de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán vive en ese estado.
“(Luego de esto) aparecen dos militares asesinados, con letreros, eso es terrorismo puro de que al Chapo no le van a hacer nada ni los sacerdotes, ni el Ejército... Eso ya es amedrentamiento a la nación”, aseguró.
Raúl Vera explicó que la intención clara del arzobispo de Durango fue decir: “qué casualidad que las únicas que no saben (dónde está El Chapo) son las autoridades, o sea la impunidad nos viene de la ausencia de autoridad”, dijo.
“La impunidad en la que están actuando desde los cárteles, sus brazos armados, los que les lavan el dinero y los políticos corruptos. Eso es lo que él dijo (Héctor González), y no se está resaltando, y por eso la PGR fue la primera autoridad que saltó y que (dijo que) venga y que denuncie, digo, de plano, hasta con tono amenazante sonaba la noticia...”, argumentó.
Recordó lo dicho en Francia por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz, en el sentido de no era raro que llegara a la Presidencia un narcotraficante.
“Él lo dijo ¿por qué?, no me digan que al Presidente lo van a sacar de una presidencia municipal o de una policía municipal... No señor, entonces no es nuestro papel, para eso se pagan impuestos y para eso el señor Presidente tiene que darse cuenta que es un fracaso su famosa guerra contra el narcotráfico”, arremetió.
Y agregó: “Tienen que fortalecer las estructuras del Estado mexicano si quieren enfrentar decentemente al narco”.
En este contexto, el gobierno federal ya protege al arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, luego de sus declaraciones sobre la ubicación de Joaqín El Chapo Guzmán Loera.
Con un discreto operativo de seguridad, un grupo de elementos federales cuidan al prelado a distancia.
De acuerdo a fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) este martes el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con en privado con el arzobispo.
El funcionario le ofreció seguridad personal, pero el prelado la rechazó. Sin embargo, se designó a un grupo de elementos para vigilarlo a distancia.
Comentario:
Con las declaraciones de este arzobispo, a ver si reacciona el presidente Felipe Calderón, porque tiene toda la razón. ¡NO se ha tocado la estructura política de corrupción!
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber fracasado en su “famosa” guerra contra las drogas, debido a que no se ha tocado, dijo, a los políticos coludidos que conforman la “estructura que soporta al narcotráfico”.
Incluso, el prelado aseguró que en el país se vive ya un “terrorismo puro” y una “ausencia de autoridad” que le permite a las organizaciones del narcotráfico actuar con total impunidad.
“Esto no lo estamos diciendo nosotros (la jerarquía católica) nada más, que la estructura política es un soporte, la corrupción dentro del Estado mexicano es algo que no se está tocando”, aseveró Vera durante una entrevista radiofónica concedida al periodista José Cárdenas.
Conminó a “detener ya” a quienes desde dentro de las estructuras políticas apoyan al crimen organizado y enfrentar además su “fortísima estructura económica”, añadió.
Lamentó la muerte de dos militares en Durango como aparente resultado a lo dicho por el arzobispo, Héctor González Martínez, sobre que el capo de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán vive en ese estado.
“(Luego de esto) aparecen dos militares asesinados, con letreros, eso es terrorismo puro de que al Chapo no le van a hacer nada ni los sacerdotes, ni el Ejército... Eso ya es amedrentamiento a la nación”, aseguró.
Raúl Vera explicó que la intención clara del arzobispo de Durango fue decir: “qué casualidad que las únicas que no saben (dónde está El Chapo) son las autoridades, o sea la impunidad nos viene de la ausencia de autoridad”, dijo.
“La impunidad en la que están actuando desde los cárteles, sus brazos armados, los que les lavan el dinero y los políticos corruptos. Eso es lo que él dijo (Héctor González), y no se está resaltando, y por eso la PGR fue la primera autoridad que saltó y que (dijo que) venga y que denuncie, digo, de plano, hasta con tono amenazante sonaba la noticia...”, argumentó.
Recordó lo dicho en Francia por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz, en el sentido de no era raro que llegara a la Presidencia un narcotraficante.
“Él lo dijo ¿por qué?, no me digan que al Presidente lo van a sacar de una presidencia municipal o de una policía municipal... No señor, entonces no es nuestro papel, para eso se pagan impuestos y para eso el señor Presidente tiene que darse cuenta que es un fracaso su famosa guerra contra el narcotráfico”, arremetió.
Y agregó: “Tienen que fortalecer las estructuras del Estado mexicano si quieren enfrentar decentemente al narco”.
En este contexto, el gobierno federal ya protege al arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, luego de sus declaraciones sobre la ubicación de Joaqín El Chapo Guzmán Loera.
Con un discreto operativo de seguridad, un grupo de elementos federales cuidan al prelado a distancia.
De acuerdo a fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) este martes el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con en privado con el arzobispo.
El funcionario le ofreció seguridad personal, pero el prelado la rechazó. Sin embargo, se designó a un grupo de elementos para vigilarlo a distancia.
Comentario:
Con las declaraciones de este arzobispo, a ver si reacciona el presidente Felipe Calderón, porque tiene toda la razón. ¡NO se ha tocado la estructura política de corrupción!
lunes, 26 de enero de 2009
Encarcelan a Herrán Salvatti en Chiapas.
Noticia:
El ex fiscal general de Justicia y ex secretario de Economía de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, acusado de peculado y ejercicio ilegal del servicio público, entre otros cargos, fue detenido y trasladado al penal de El Amate, 90 kilómetros al oeste de esta ciudad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el ex titular del desaparecido Ministerio de Justicia del Estado durante el gobierno aliancista de Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), enfrenta cargos por los presuntos delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del estado y de la sociedad.
La captura de Herrán Salvatti se produjo cerca de las 10 de la noche del sábado en la casa de la calle cuarta Sur Poniente, número 1725, de la colonia Xamaipac, durante un cateo ordenado por un juez del ramo penal especializado en medidas cautelares.
El procurador de Justicia, Raciel López Salazar, dio a conocer que la detención fue realizada por efectivos de la Policía de Apoyo Ministerial, de la Procuraduría estatal, mediante una orden de aprehensión del juez del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede en el municipio de Cintalapa.
López Salazar informó en conferencia de prensa que el ex funcionario estatal “incurrió en conductas ilícitas realizadas cuando fungía como titular de la Secretaría de Economía” de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Juan Sabines. No precisó las causas que generaron los ilícitos ni a cuánto asciende el monto del peculado en agravio del erario estatal.
Cero y van dos
Herrán Salvatti, quien también ocupó la Fiscalía Antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), es el segundo ex funcionario de la administración de Pablo Salazar detenido para ser procesado penalmente por el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero.
El primero de ellos fue el ex director general de la desaparecida Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Mario Bustamante, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones y peculado por al menos 90 millones de pesos de los fondos de reconstrucción de municipios afectados por el huracán Stan en 2005.
El secretario general de Gobierno, Noé Castañón, dijo que en Chiapas no tiene cabida la impunidad y existen garantías para utilizar el patrimonio del estado con honestidad y apego a la ley.
“Nadie que infrinja la ley puede llamarse perseguido y nadie que violenta el estado de derecho puede decirse intocable”.
Comentario:
Nunca entenderé como una persona que ya de por sí tiene un puesto y un sueldo superior al de la mayoría, se inclina hacia la corrupción. Hay personas que no tienen llenadera.
El ex fiscal general de Justicia y ex secretario de Economía de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, acusado de peculado y ejercicio ilegal del servicio público, entre otros cargos, fue detenido y trasladado al penal de El Amate, 90 kilómetros al oeste de esta ciudad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el ex titular del desaparecido Ministerio de Justicia del Estado durante el gobierno aliancista de Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), enfrenta cargos por los presuntos delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del estado y de la sociedad.
La captura de Herrán Salvatti se produjo cerca de las 10 de la noche del sábado en la casa de la calle cuarta Sur Poniente, número 1725, de la colonia Xamaipac, durante un cateo ordenado por un juez del ramo penal especializado en medidas cautelares.
El procurador de Justicia, Raciel López Salazar, dio a conocer que la detención fue realizada por efectivos de la Policía de Apoyo Ministerial, de la Procuraduría estatal, mediante una orden de aprehensión del juez del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede en el municipio de Cintalapa.
López Salazar informó en conferencia de prensa que el ex funcionario estatal “incurrió en conductas ilícitas realizadas cuando fungía como titular de la Secretaría de Economía” de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Juan Sabines. No precisó las causas que generaron los ilícitos ni a cuánto asciende el monto del peculado en agravio del erario estatal.
Cero y van dos
Herrán Salvatti, quien también ocupó la Fiscalía Antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), es el segundo ex funcionario de la administración de Pablo Salazar detenido para ser procesado penalmente por el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero.
El primero de ellos fue el ex director general de la desaparecida Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Mario Bustamante, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones y peculado por al menos 90 millones de pesos de los fondos de reconstrucción de municipios afectados por el huracán Stan en 2005.
El secretario general de Gobierno, Noé Castañón, dijo que en Chiapas no tiene cabida la impunidad y existen garantías para utilizar el patrimonio del estado con honestidad y apego a la ley.
“Nadie que infrinja la ley puede llamarse perseguido y nadie que violenta el estado de derecho puede decirse intocable”.
Comentario:
Nunca entenderé como una persona que ya de por sí tiene un puesto y un sueldo superior al de la mayoría, se inclina hacia la corrupción. Hay personas que no tienen llenadera.
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