Noticia:
"Ganó el partido de la U. ¡El partido del presidente Álvaro Uribe!" gritó en la madrugada de ayer el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, principal aspirante a suceder a Uribe al frente del Gobierno colombiano en las elecciones del 30 de mayo. El uribismo y sus aliados conservadores arrasaron en las legislativas del domingo y el triunfalismo campa a sus anchas en las filas del centro-derecha. El propio Santos ha salido tan reforzado de estos comicios que en su primer discurso tras conocerse los resultados dejó claro que cree que ganará en primera vuelta, sin necesidad de alianzas.
El Partido de la U, que nació hace cuatro años para apoyar la reelección de Uribe, duplicó el número de votos y mantiene los 28 escaños que le dan la mayoría en el Senado. Hace cuatro años obtuvo 20 y llegó más tarde a 28 gracias al transfuguismo. El Partido Conservador, el otro gran grupo de la coalición de Gobierno, también ganó. Subió de 18 a 24 senadores. Pero su suerte con vistas a las presidenciales es incierta. Por demoras en el recuento de votos de las internas aún no se sabe quién es su candidato: la ex embajadora en España Noemí Sanín o el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Con Sanín los conservadores apuestan por ir en solitario a las elecciones. Si el candidato es Arias se plantean unirse a la fórmula de la U.
El reto del partido es mantenerse unido tras una dura campaña plagada de recriminaciones y de una reñida y confusa disputa en las urnas. Con el 52% escrutado, Sanín mantenía ayer una escasa ventaja de 400 votos sobre su rival. Las dos facciones están nerviosas y se acusan de engaño y exigen transparencia. Ayer, Uribito -como se apoda a Arias por ser el político favorito del presidente- se apresuró a declararse ganador. Pero un nuevo recuento comienza hoy y probablemente se alargue hasta finales de la semana.
Arias critica a Sanín por su poca coherencia: atacó a Uribe en las elecciones de 2002, lo llamó "paramilitar", y luego aceptó ser su embajadora y hasta defendió la reforma que le permitió la reelección. "Yo jamás me robaría el dinero de los campesinos pobres", replicó ella recalcando el escándalo por el reparto de ayudas agrícolas que implica a Arias. La justicia lo investiga por favorecer a los terratenientes uribistas.
Rafael Pardo, candidato del opositor Partido Liberal, valoró muy positivamente el resultado de su grupo en las legislativas. Y tiene razones. Sin apoyos oficiales y tras ocho años en la oposición, mantener el número de senadores en 18 es un triunfo. También Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, cantó victoria. Este nieto de uno de los más importantes ex presidentes liberales se alejó del uribismo por el intento del presidente de optar a un tercer mandato. Cambio Radical cuenta con ocho senadores. Este partido y los liberales intentaron forjar una alianza, pero fracasaron. La U y los conservadores cuentan a Vargas Lleras entre sus aliados.
El gran batacazo fue para el PIN (Partido de Integración Nacional), la gran coalición de partidos uribistas que quedaron debilitados después de que muchos de sus miembros fueran acusados de tener vínculos con el paramilitarismo de extrema derecha. Lograron nueve senadores y se sitúan como cuarta fuerza política del país. Por este partido se sentarán en el Senado, entre otros, la hermana de Álvaro El Gordo García, condenado a 40 años de prisión por su participación en una matanza de los paras. "Apoyaremos al candidato que siga con las buenas políticas de Uribe y tenga buena propuesta social", dijo ayer un portavoz del PIN. Santos eludió la pregunta sobre si aceptará o no este apoyo.
Otros grandes perdedores fueron Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático, y el independiente Sergio Fajardo. Los dos políticos son los más valorados en las encuestas para las presidenciales detrás de Santos. Petro reconoció un "estancamiento" en su partido. Fajardo anunció que seguirá en la lucha. No sería el primero que, sin tener bancada propia, llegue a la presidencia. Ocurrió con Uribe en 2002.
La gran sorpresa la dio el Partido de los Verdes. Nadie apostaba por esta novedosa fórmula de tres exitosos ex alcaldes de Bogotá que apostaron por un mensaje moderado. Tienen cinco senadores y un candidato a la presidencia: Antanas Mockus.
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martes, 16 de marzo de 2010
viernes, 12 de marzo de 2010
Uribe denuncia influencia externa.
Noticia:
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, aseguró ayer que hay un gobierno extranjero que patrocina al menos a un candidato a la Presidencia y a dos aspirantes al Congreso. Estos últimos contenderán en los comicios legislativos del domingo.
Uribe no precisó el nombre de ninguno de los candidatos ni identificó al gobierno que estaría financiando las campañas políticas colombianas, aunque algunos analistas consideran que se referiría a Venezuela.
“Hay gobiernos extranjeros que están vetando candidatos a la Presidencia de Colombia e imponen candidatos a la Presidencia de Colombia”, dijo Álvaro Uribe en una entrevista para la emisora Colmundo Radio.
“Invito a mis compatriotas a que no permitamos esta perversa influencia extranjera en nuestra democracia... que estos gobiernos extranjeros le hagan daño a nuestro país”, dijo.
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, ratificó la denuncia del jefe de Estado, pero advirtió que la investigación que lleva a cabo la policía secreta sobre el caso tiene carácter reservado.
El candidato presidencial del opositor Partido Liberal de Colombia, Rafael Pardo, pidió por su parte al presidente Uribe que revele los nombres de los aspirantes que estarían recibiendo financiamiento del extranjero para sus campañas.
“Le pido al presidente que diga quién es, para que no se presenten suspicacias ni equívoco”, dijo el aspirante.
El precandidato del Partido Verde, Antanas Mockus, también solicitó que Uribe profundice en su denuncia, debido a la gravedad del hecho y la cercanía de las elecciones legislativas.
“Debe haber más sustancia y no que se convierta en un acto ridículamente pequeño y que se quede sólo en un titular de prensa”, puntualizó Mockus.
Al menos siete candidatos contenderán por la Presidencia de Colombia en los comicios del 30 de mayo, en los que están habilitados para sufragar 29.8 millones de electores.
En sus declaraciones de ayer, el presidente Álvaro Uribe dijo que asumía “la responsabilidad de denunciar estos hechos ante mis compatriotas y ante la comunidad internacional”.
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, aseguró ayer que hay un gobierno extranjero que patrocina al menos a un candidato a la Presidencia y a dos aspirantes al Congreso. Estos últimos contenderán en los comicios legislativos del domingo.
Uribe no precisó el nombre de ninguno de los candidatos ni identificó al gobierno que estaría financiando las campañas políticas colombianas, aunque algunos analistas consideran que se referiría a Venezuela.
“Hay gobiernos extranjeros que están vetando candidatos a la Presidencia de Colombia e imponen candidatos a la Presidencia de Colombia”, dijo Álvaro Uribe en una entrevista para la emisora Colmundo Radio.
“Invito a mis compatriotas a que no permitamos esta perversa influencia extranjera en nuestra democracia... que estos gobiernos extranjeros le hagan daño a nuestro país”, dijo.
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, ratificó la denuncia del jefe de Estado, pero advirtió que la investigación que lleva a cabo la policía secreta sobre el caso tiene carácter reservado.
El candidato presidencial del opositor Partido Liberal de Colombia, Rafael Pardo, pidió por su parte al presidente Uribe que revele los nombres de los aspirantes que estarían recibiendo financiamiento del extranjero para sus campañas.
“Le pido al presidente que diga quién es, para que no se presenten suspicacias ni equívoco”, dijo el aspirante.
El precandidato del Partido Verde, Antanas Mockus, también solicitó que Uribe profundice en su denuncia, debido a la gravedad del hecho y la cercanía de las elecciones legislativas.
“Debe haber más sustancia y no que se convierta en un acto ridículamente pequeño y que se quede sólo en un titular de prensa”, puntualizó Mockus.
Al menos siete candidatos contenderán por la Presidencia de Colombia en los comicios del 30 de mayo, en los que están habilitados para sufragar 29.8 millones de electores.
En sus declaraciones de ayer, el presidente Álvaro Uribe dijo que asumía “la responsabilidad de denunciar estos hechos ante mis compatriotas y ante la comunidad internacional”.
martes, 9 de marzo de 2010
Santos promete seguir los pasos de Uribe en la presidencia.
Noticia:
El ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos prometió ayer, al oficializar su candidatura a la presidencia del país, que mantendrá e irá más allá en las políticas que hasta ahora ha abanderado el presidente Álvaro Uribe.
"Nuestro propósito es no dar un paso atrás en seguridad democrática, ir siempre adelante en la prosperidad democrática", dijo ayer al asumir la candidatura del Partido de la U, nacido en 2006 como disidencia uribista del liberalismo para apoyar la primera reelección del presidente. Santos fue uno de sus gestores. La U tiene hoy el grupo parlamentario más fuerte en el Congreso y espera mantenerla en las legislativas del próximo domingo.
El ex ministro mostró su plan de Gobierno, pensado no para cuatro, sino para 10 años, para que "cambie la historia del país". En su programa pone énfasis en uno de los más graves problemas de Colombia: el desempleo, que ha llegado al 14% -el más alto de América Latina- y el empleo informal, que supera el 60%. "Nuestra meta más preciada es la justicia social", aseguró.
Como ministro de Defensa, Santos fue artífice de los más duros golpes a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también vivió la mayor verguenza por la muerte de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate. Este hombre con fama de arrogante arranca su campaña con una ligera ventaja sobre el resto de aspirantes a reemplazar al presidente Uribe. Pero nadie apuesta a que ganará en primera vuelta. Por eso ya ha salido a buscar alianzas que le aseguren el triunfo el 30 de mayo.
Lanzó varios anzuelos: a los conservadores, a los liberales, a Cambio Radical y al independiente Sergio Fajardo. Ninguno picó. Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, respondió que si quiere alianzas debe sumarse a su nombre. Vargas, nieto de ex presidente, fue vital para la primera elección de Uribe, pero la apuesta por una segunda reelección le llevó a separarse de él. Con un acertado manejo mediático, con mensajes cortos y contundentes, ha subido en las encuestas y tiene ya en sus filas a uribistas de peso.
Falta ver el camino que tomará el conservadurismo -formó parte de la coalición de Gobierno- tras la elección de su candidato este domingo. Será reñida entre dos de los cinco aspirantes: la ex embajadora Noemí Sanín, promotora de la primera reelección de Uribe, y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El segundo cambió de posición hace poco. De asegurar que se uniría a Santos si triunfara, pasó a repetir lo anunciado por Sanín: si gana, disputará la presidencia por el conservadurismo.
Pero Santos sigue apostando por la coalición. Piensa que los resultados de las legislativas les darán " un panorama más fértil" para lograrlo. "Si no es con Uribe, es con Juan Manuel", dice en su blog un grupo de jóvenes simpatizantes. Sin embargo, aunque muchos uribistas piensan que "toca" votar por Santos, hasta viejos aliados del Gobierno anuncian que su coalición se desmoronará sin el liderazgo fuerte del primer presidente colombiano que ha estado en el poder durante ocho años seguidos. Ninguno de los que aspiran a reemplazarlo se convertirá en su único heredero.
El ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos prometió ayer, al oficializar su candidatura a la presidencia del país, que mantendrá e irá más allá en las políticas que hasta ahora ha abanderado el presidente Álvaro Uribe.
"Nuestro propósito es no dar un paso atrás en seguridad democrática, ir siempre adelante en la prosperidad democrática", dijo ayer al asumir la candidatura del Partido de la U, nacido en 2006 como disidencia uribista del liberalismo para apoyar la primera reelección del presidente. Santos fue uno de sus gestores. La U tiene hoy el grupo parlamentario más fuerte en el Congreso y espera mantenerla en las legislativas del próximo domingo.
El ex ministro mostró su plan de Gobierno, pensado no para cuatro, sino para 10 años, para que "cambie la historia del país". En su programa pone énfasis en uno de los más graves problemas de Colombia: el desempleo, que ha llegado al 14% -el más alto de América Latina- y el empleo informal, que supera el 60%. "Nuestra meta más preciada es la justicia social", aseguró.
Como ministro de Defensa, Santos fue artífice de los más duros golpes a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también vivió la mayor verguenza por la muerte de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate. Este hombre con fama de arrogante arranca su campaña con una ligera ventaja sobre el resto de aspirantes a reemplazar al presidente Uribe. Pero nadie apuesta a que ganará en primera vuelta. Por eso ya ha salido a buscar alianzas que le aseguren el triunfo el 30 de mayo.
Lanzó varios anzuelos: a los conservadores, a los liberales, a Cambio Radical y al independiente Sergio Fajardo. Ninguno picó. Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, respondió que si quiere alianzas debe sumarse a su nombre. Vargas, nieto de ex presidente, fue vital para la primera elección de Uribe, pero la apuesta por una segunda reelección le llevó a separarse de él. Con un acertado manejo mediático, con mensajes cortos y contundentes, ha subido en las encuestas y tiene ya en sus filas a uribistas de peso.
Falta ver el camino que tomará el conservadurismo -formó parte de la coalición de Gobierno- tras la elección de su candidato este domingo. Será reñida entre dos de los cinco aspirantes: la ex embajadora Noemí Sanín, promotora de la primera reelección de Uribe, y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El segundo cambió de posición hace poco. De asegurar que se uniría a Santos si triunfara, pasó a repetir lo anunciado por Sanín: si gana, disputará la presidencia por el conservadurismo.
Pero Santos sigue apostando por la coalición. Piensa que los resultados de las legislativas les darán " un panorama más fértil" para lograrlo. "Si no es con Uribe, es con Juan Manuel", dice en su blog un grupo de jóvenes simpatizantes. Sin embargo, aunque muchos uribistas piensan que "toca" votar por Santos, hasta viejos aliados del Gobierno anuncian que su coalición se desmoronará sin el liderazgo fuerte del primer presidente colombiano que ha estado en el poder durante ocho años seguidos. Ninguno de los que aspiran a reemplazarlo se convertirá en su único heredero.
miércoles, 6 de enero de 2010
Colombia extradita al “rey de las pirámides”.
Noticia:
David Murcia Guzmán, de 30 años, autor de la mayor estafa en la historia de Colombia, fue extraditado ayer a Estados Unidos, acusado de haber lavado más de 30 millones de dólares del narcotráfico.
Rodeado de policías, Murcia Guzmán, quien pasó de ser “El Rey Midas” al “Madoff colombiano” o “rey de las pirámides”, abordó un avión privado de la DEA en horas de la mañana, protegido por un chaleco antibalas, con destino a Nueva York, donde será sometido a un proceso iniciado por lavado de activos en una corte de esa ciudad.
“Se va tranquilo. Mi cliente está muy tranquilo. Está preparado tanto sicológica como judicialmente para ir a juicio a Estados Unidos y vamos a ir hasta las últimas instancias”, explicó Aydé Trujillo, abogada defensora de Murcia.
Dueño del emporio DMG (por las siglas de su nombre), Murcia es investigado por blanqueo de divisas en tribunales de Panamá y de EU.
Murcia fue detenido en Panamá el 17 de noviembre de 2008, cuando las pirámides financieras —junto con sus excentricidades—, que lo habían vuelto una figura conocida, comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Por entonces, decenas de miles de ahorristas colombianos protagonizaban escenas de desesperación al haberlo perdido todo, en un pase de manos, sin que ni las empresas de Murcia ni el Estado respondieran por sus ahorros.
La Justicia colombiana le había impuesto una multa de 12.5 millones de dólares, además de una sentencia de 25 años de prisión.
Murcia admitió, entre otras cosas, el haber colaborado con más de cuatro millones de euros a la campaña electoral del actual presidente panameño Ricardo Martinelli.
La meteórica carrera de Murcia, quien pasó de ser un vendedor ambulante a un magnate de las finanzas, se acabó cuando la justicia le echó el guante. Según el juez colombiano José Reyes, Murcia había captado 2 mil 500 millones de dólares gracias a los casi 195 mil afiliados de esas pirámides.
Murcia ha insistido en que su negocio era lícito porque de cada peso invertido se había proyectado ganar 10 y acusó a la administración del presidente Álvaro Uribe de “emprender una persecución en mi contra”, fruto de que en algún momento intentara involucrar a los hijos del jefe de Estado en algunos de sus negocios.
Murcia fue deportado de Panamá a Colombia dos días después de la intervención de las autoridades a su conglomerado de empresas en Colombia que captaba dinero a través de tarjetas “repago” y a cambio del pago de intereses que superaban 50% de lo consignado. DMG tenía “sucursales” en Panamá, Venezuela y Ecuador, pero fueron intervenidas por los respectivos gobiernos. El acusado tenía planeado ampliar el negocio a México, Perú y Brasil.
FARC admiten asesinato de Cuéllar
La guerrilla de las FARC aceptó ayer su responsabilidad por la muerte del gobernador colombiano del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, a quien secuestraron el pasado 22 de diciembre, y argumentó haberle entablado un “juicio político” por presunta corrupción.
“El objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto”, argumentaron las FARC en un comunicado, en el que dijeron que la muerte del gobernador “es consecuencia directa de la orden impartida por (el presidente) Álvaro Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego”.
Ayer mismo, un portavoz oficial de las Fuerzas Armadas colombianas informó ayer que siete presuntos integrantes de las FARC fallecieron en combates registrados en dos regiones de Colombia, con lo que suman ya 36 los insurgentes muertos en la última semana. Entre los guerrilleros abatidos ayer estaba el jefe insurgente Eliseo Mancilla, alias El Negro Arturo, quien vigiló en cautiverio a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y considerado presunto autor intelectual del homicidio de tres ediles de la región del Sumapaz, en octubre pasado.
David Murcia Guzmán, de 30 años, autor de la mayor estafa en la historia de Colombia, fue extraditado ayer a Estados Unidos, acusado de haber lavado más de 30 millones de dólares del narcotráfico.
Rodeado de policías, Murcia Guzmán, quien pasó de ser “El Rey Midas” al “Madoff colombiano” o “rey de las pirámides”, abordó un avión privado de la DEA en horas de la mañana, protegido por un chaleco antibalas, con destino a Nueva York, donde será sometido a un proceso iniciado por lavado de activos en una corte de esa ciudad.
“Se va tranquilo. Mi cliente está muy tranquilo. Está preparado tanto sicológica como judicialmente para ir a juicio a Estados Unidos y vamos a ir hasta las últimas instancias”, explicó Aydé Trujillo, abogada defensora de Murcia.
Dueño del emporio DMG (por las siglas de su nombre), Murcia es investigado por blanqueo de divisas en tribunales de Panamá y de EU.
Murcia fue detenido en Panamá el 17 de noviembre de 2008, cuando las pirámides financieras —junto con sus excentricidades—, que lo habían vuelto una figura conocida, comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Por entonces, decenas de miles de ahorristas colombianos protagonizaban escenas de desesperación al haberlo perdido todo, en un pase de manos, sin que ni las empresas de Murcia ni el Estado respondieran por sus ahorros.
La Justicia colombiana le había impuesto una multa de 12.5 millones de dólares, además de una sentencia de 25 años de prisión.
Murcia admitió, entre otras cosas, el haber colaborado con más de cuatro millones de euros a la campaña electoral del actual presidente panameño Ricardo Martinelli.
La meteórica carrera de Murcia, quien pasó de ser un vendedor ambulante a un magnate de las finanzas, se acabó cuando la justicia le echó el guante. Según el juez colombiano José Reyes, Murcia había captado 2 mil 500 millones de dólares gracias a los casi 195 mil afiliados de esas pirámides.
Murcia ha insistido en que su negocio era lícito porque de cada peso invertido se había proyectado ganar 10 y acusó a la administración del presidente Álvaro Uribe de “emprender una persecución en mi contra”, fruto de que en algún momento intentara involucrar a los hijos del jefe de Estado en algunos de sus negocios.
Murcia fue deportado de Panamá a Colombia dos días después de la intervención de las autoridades a su conglomerado de empresas en Colombia que captaba dinero a través de tarjetas “repago” y a cambio del pago de intereses que superaban 50% de lo consignado. DMG tenía “sucursales” en Panamá, Venezuela y Ecuador, pero fueron intervenidas por los respectivos gobiernos. El acusado tenía planeado ampliar el negocio a México, Perú y Brasil.
FARC admiten asesinato de Cuéllar
La guerrilla de las FARC aceptó ayer su responsabilidad por la muerte del gobernador colombiano del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, a quien secuestraron el pasado 22 de diciembre, y argumentó haberle entablado un “juicio político” por presunta corrupción.
“El objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto”, argumentaron las FARC en un comunicado, en el que dijeron que la muerte del gobernador “es consecuencia directa de la orden impartida por (el presidente) Álvaro Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego”.
Ayer mismo, un portavoz oficial de las Fuerzas Armadas colombianas informó ayer que siete presuntos integrantes de las FARC fallecieron en combates registrados en dos regiones de Colombia, con lo que suman ya 36 los insurgentes muertos en la última semana. Entre los guerrilleros abatidos ayer estaba el jefe insurgente Eliseo Mancilla, alias El Negro Arturo, quien vigiló en cautiverio a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y considerado presunto autor intelectual del homicidio de tres ediles de la región del Sumapaz, en octubre pasado.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Popularidad de Álvaro Uribe se derrumba.
Noticia:
La popularidad del presidente colombiano cayó a su nivel más bajo en siete años de gobierno y se ubicó en 64% en el bimestre al cierre de octubre, según un sondeo divulgado el viernes.
La popularidad de Álvaro Uribe era de 70% en el bimestre anterior, dijo Jorge Londoño, gerente de la firma encuestadora Invamer Gallup, que realizó el sondeo.
''No es un bimestre bueno para el gobierno'', dijo Londoño a la radio Caracol al divulgar datos de la encuesta realizada en la última semana de octubre y hasta el 2 de noviembre entre 1.000 personas en las cuatro principales ciudades del país. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 3%.
Tal 64% ''es el nivel más bajo de popularidad que ha tenido el presidente en sus siete años de gobierno'', iniciado en agosto de 2002 y culmina en el mismo mes de 2010, dijo Londoño.
Indicó que la baja se atribuye principalmente a temas como el económico, con crecimiento del desempleo, pero también a nuevos escándalos de corrupción, el más reciente relacionado con la entrega por parte del gobierno de subsidios agrícolas a grandes empresarios.
El escándalo sobre el subsidio denominado Agro Ingreso Seguro (AIS) , inicialmente denunciado por medios locales el mes pasado, desembocó en que opositores políticos debatan en el Congreso un voto de censura al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y se intensifiquen las críticas a la gestión de Uribe.
El mandatario ha enfrentado en varios años distintos escándalos, que incluso han involucrado a miembros de su familia, pero invariablemente su popularidad se mantenía en niveles robustos hasta ahora.
La popularidad del presidente colombiano cayó a su nivel más bajo en siete años de gobierno y se ubicó en 64% en el bimestre al cierre de octubre, según un sondeo divulgado el viernes.
La popularidad de Álvaro Uribe era de 70% en el bimestre anterior, dijo Jorge Londoño, gerente de la firma encuestadora Invamer Gallup, que realizó el sondeo.
''No es un bimestre bueno para el gobierno'', dijo Londoño a la radio Caracol al divulgar datos de la encuesta realizada en la última semana de octubre y hasta el 2 de noviembre entre 1.000 personas en las cuatro principales ciudades del país. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 3%.
Tal 64% ''es el nivel más bajo de popularidad que ha tenido el presidente en sus siete años de gobierno'', iniciado en agosto de 2002 y culmina en el mismo mes de 2010, dijo Londoño.
Indicó que la baja se atribuye principalmente a temas como el económico, con crecimiento del desempleo, pero también a nuevos escándalos de corrupción, el más reciente relacionado con la entrega por parte del gobierno de subsidios agrícolas a grandes empresarios.
El escándalo sobre el subsidio denominado Agro Ingreso Seguro (AIS) , inicialmente denunciado por medios locales el mes pasado, desembocó en que opositores políticos debatan en el Congreso un voto de censura al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y se intensifiquen las críticas a la gestión de Uribe.
El mandatario ha enfrentado en varios años distintos escándalos, que incluso han involucrado a miembros de su familia, pero invariablemente su popularidad se mantenía en niveles robustos hasta ahora.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Uribe descarta un muro con Caracas.
Noticia:
El presidente colombiano Álvaro Uribe afirmó ayer que “jamás construirá un ‘muro de Berlín’ en la frontera” con Venezuela y pidió una investigación objetiva en el caso de nueve colombianos asesinados en territorio venezolano.
Más temprano, el canciller Jaime Bermúdez había calificado de “suma gravedad” la hipótesis según la cual los nueve colombianos asesinados hace 11 días en el estado de Táchira, Venezuela, eran paramilitares.
En un acto en el palacio presidencial, Uribe afirmó que “Colombia jamás construirá un ‘muro de Berlín’ en la frontera. Nuestras patrias no pueden ser divididas, no pueden ser separadas. En lugar de construir un ‘muro de Berlín’, Colombia ofrece cooperación judicial”. De esa manera, el mandatario respondió a las declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez, quien insinuó que podría cerrar la frontera entre ambas naciones.
Uribe expresó que los residentes en la zona fronteriza “son una familia” que Colombia no va a separar.
“Lo que pedimos nosotros es que haya una investigación judicial que diga con toda la objetividad cuál es la causa, el origen, cuáles son las circunstancias y los autores de estos crímenes a colombianos”, señaló Uribe.
Bermúdez advirtió que “algunas voces en ese país (Venezuela) pretenden sugerir que, por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación” para las muertes en suelo venezolano.
Bermúdez, aunque sin mencionarla, hizo referencia a la masacre del 24 de octubre de 11 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela: nueve colombianos, un venezolano y un peruano. También envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados de dos guardias venezolanos que fueron asesinados hace dos días en la frontera con Colombia. Venezuela cerró el lunes el paso en el principal punto de cruce desde su territorio a Colombia, luego de que desconocidos mataran a dos agentes de la Guardia Nacional apostados en un punto de control fronterizo en territorio venezolano. Sin embargo, el martes en la noche se abrió el paso en la agitada frontera.
La molestia de Caracas con Bogotá, que desembocó en la “congelación” de relaciones políticas en julio pasado, se debe a un acuerdo de Colombia con Estados Unidos para el uso de bases militares en esta nación andina, un convenio que Venezuela considera una “amenaza” a su seguridad interna.
Piden apoyo de Calderón
La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba anunció ayer que se iniciaron contactos con los presidentes de México, Felipe Calderón, y de República Dominicana, Leonel Fernández, para que faciliten la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC.
Según Córdoba, el propio ex presidente colombiano Ernesto Samper ya hizo los primeros contactos con los respectivos gobiernos, ya que “es una puerta que también puede impulsar la decisión política del presidente Uribe para avanzar en el proceso”. Córdoba ha prestado sus oficios como facilitadora para la liberación de al menos 12 secuestrados por los rebeldes.
El presidente colombiano Álvaro Uribe afirmó ayer que “jamás construirá un ‘muro de Berlín’ en la frontera” con Venezuela y pidió una investigación objetiva en el caso de nueve colombianos asesinados en territorio venezolano.
Más temprano, el canciller Jaime Bermúdez había calificado de “suma gravedad” la hipótesis según la cual los nueve colombianos asesinados hace 11 días en el estado de Táchira, Venezuela, eran paramilitares.
En un acto en el palacio presidencial, Uribe afirmó que “Colombia jamás construirá un ‘muro de Berlín’ en la frontera. Nuestras patrias no pueden ser divididas, no pueden ser separadas. En lugar de construir un ‘muro de Berlín’, Colombia ofrece cooperación judicial”. De esa manera, el mandatario respondió a las declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez, quien insinuó que podría cerrar la frontera entre ambas naciones.
Uribe expresó que los residentes en la zona fronteriza “son una familia” que Colombia no va a separar.
“Lo que pedimos nosotros es que haya una investigación judicial que diga con toda la objetividad cuál es la causa, el origen, cuáles son las circunstancias y los autores de estos crímenes a colombianos”, señaló Uribe.
Bermúdez advirtió que “algunas voces en ese país (Venezuela) pretenden sugerir que, por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación” para las muertes en suelo venezolano.
Bermúdez, aunque sin mencionarla, hizo referencia a la masacre del 24 de octubre de 11 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela: nueve colombianos, un venezolano y un peruano. También envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados de dos guardias venezolanos que fueron asesinados hace dos días en la frontera con Colombia. Venezuela cerró el lunes el paso en el principal punto de cruce desde su territorio a Colombia, luego de que desconocidos mataran a dos agentes de la Guardia Nacional apostados en un punto de control fronterizo en territorio venezolano. Sin embargo, el martes en la noche se abrió el paso en la agitada frontera.
La molestia de Caracas con Bogotá, que desembocó en la “congelación” de relaciones políticas en julio pasado, se debe a un acuerdo de Colombia con Estados Unidos para el uso de bases militares en esta nación andina, un convenio que Venezuela considera una “amenaza” a su seguridad interna.
Piden apoyo de Calderón
La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba anunció ayer que se iniciaron contactos con los presidentes de México, Felipe Calderón, y de República Dominicana, Leonel Fernández, para que faciliten la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC.
Según Córdoba, el propio ex presidente colombiano Ernesto Samper ya hizo los primeros contactos con los respectivos gobiernos, ya que “es una puerta que también puede impulsar la decisión política del presidente Uribe para avanzar en el proceso”. Córdoba ha prestado sus oficios como facilitadora para la liberación de al menos 12 secuestrados por los rebeldes.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Colombia expulsa a militar venezolano.
Noticia:
El suboficial venezolano Wilmer José Gamardo, retenido el sábado en territorio colombiano, fue expulsado del país por la policía secreta “por razones de seguridad nacional”, informó ayer el organismo.
En un comunicado de prensa en su página de internet, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aseguró que “en las entrevistas de verificación realizadas por las autoridades migratorias... el ciudadano venezolano Wilmer José Gamardo Barreto entregó información sensible para la seguridad de Colombia, la cual está siendo evaluada”. El boletín no proporcionó más detalles sobre este aspecto.
Además, fuentes del gobierno de Colombia revelaron ayer la detención de un militar venezolano, “presunto agente de inteligencia”, que seguía los pasos del ex dictador por 36 horas, Pedro Carmona, exiliado en Bogotá. La captura del coronel Jesús Lugo Mendoza, de la que ayer dio cuenta el diario El Tiempo, ocurrió en marzo pero recién trascendió ayer.
Esta parece ser la respuesta colombiana a la detención en días pasados en Venezuela del ex jefe de Informática del DAS, Rafael García, y otras dos personas, acusadas de realizar espionaje en ese país.
Según fuentes del gobierno, Lugo Mendoza “fue encontrado el 30 de marzo burlando el régimen migratorio colombiano ya que decía trabajar para un exportadora de vasos y terminó admitiendo que seguía al servicio de la embajada venezolana aquí, donde había prestado servicios como agregado de Defensa entre 2004 y 2007”.
La reciente crisis entre Bogotá y Caracas se desató hace 10 días cuando nueve colombianos aparecieron acribillados en una población del departamento venezolano de Tachira.
Ayer, el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, dijo que los colombianos fallecidos “eran paramilitares que se entrenaban en la zona para infiltrarse en Caracas”, en el marco de un plan para desestabilizar a Venezuela.
El suboficial venezolano Wilmer José Gamardo, retenido el sábado en territorio colombiano, fue expulsado del país por la policía secreta “por razones de seguridad nacional”, informó ayer el organismo.
En un comunicado de prensa en su página de internet, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aseguró que “en las entrevistas de verificación realizadas por las autoridades migratorias... el ciudadano venezolano Wilmer José Gamardo Barreto entregó información sensible para la seguridad de Colombia, la cual está siendo evaluada”. El boletín no proporcionó más detalles sobre este aspecto.
Además, fuentes del gobierno de Colombia revelaron ayer la detención de un militar venezolano, “presunto agente de inteligencia”, que seguía los pasos del ex dictador por 36 horas, Pedro Carmona, exiliado en Bogotá. La captura del coronel Jesús Lugo Mendoza, de la que ayer dio cuenta el diario El Tiempo, ocurrió en marzo pero recién trascendió ayer.
Esta parece ser la respuesta colombiana a la detención en días pasados en Venezuela del ex jefe de Informática del DAS, Rafael García, y otras dos personas, acusadas de realizar espionaje en ese país.
Según fuentes del gobierno, Lugo Mendoza “fue encontrado el 30 de marzo burlando el régimen migratorio colombiano ya que decía trabajar para un exportadora de vasos y terminó admitiendo que seguía al servicio de la embajada venezolana aquí, donde había prestado servicios como agregado de Defensa entre 2004 y 2007”.
La reciente crisis entre Bogotá y Caracas se desató hace 10 días cuando nueve colombianos aparecieron acribillados en una población del departamento venezolano de Tachira.
Ayer, el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, dijo que los colombianos fallecidos “eran paramilitares que se entrenaban en la zona para infiltrarse en Caracas”, en el marco de un plan para desestabilizar a Venezuela.
Preocupa a Colombia nexo FARC-cárteles.
Noticia:
El gobierno de Colombia, en voz de su vicepresidente, Francisco Santos, externó su preocupación sobre la relación que mantienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con los cárteles del narcotráfico de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que el reciente acuerdo de cooperación con Estados Unidos, para que militares de ese país operen en siete bases colombianas, permitirá afianzar la seguridad y el combate al narcotráfico y al terrorismo.
“Sí, obviamente sí tenemos muchas inquietudes, y por eso parte de nuestro trabajo ha sido coordinar con el gobierno mexicano toda la ayuda que podemos para combatir a los delincuentes”, dijo el vicepresidente sobre la relación de las FARC con los cárteles del narcotráfico mexicano.
Previo a la visita oficial que iniciará en México, este 3 de noviembre, y cuyo objetivo principal será la presentación de la candidatura de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos de 2015, el vicepresidente colombiano dijo que las FARC deben ser consideradas una organización terrorista por otros países, entre ellos México.
“Nosotros (en el gobierno) consideramos que (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es una organización terrorista”.
Redes políticas
Desde 2007, el gobierno de Colombia ha pedido en reiteradas ocasiones a México considerar a las FARC una organización terrorista, con relaciones no sólo con los cárteles mexicanos, sino con organizaciones políticas y de estudiantes a través de su aparato internacional, especialmente tras conocerse que en el ataque a un campamento de las FARC en Ecuador —en marzo de 2008— había estudiantes mexicanos, entre ellos Lucía Morett, quien enfrenta una solicitud de extradición para encarar un proceso ecuatoriano.
El vicepresidente Santos ha reiterado que la principal fuente de financiamiento de las FARC es el narco, por lo que Colombia ha mostrado su preocupación por la relación que mantienen los guerilleros con cárteles mexicanos y otras organizaciones de tráfico de drogas, que lleva a considerar al grupo como una amenaza continental.
Cooperación Colombia-EU
Para combatir al narcotráfico y al terrorismo, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación el viernes pasado, para que militares estadounidenses puedan operar en siete bases colombianas, tras el cierre de la base de Manta, en Ecuador, lo que ha generado rechazo de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que incluso han viajado a Rusia a adquirir armamento.
Este acuerdo, asegura, “es parte de la cooperación que existe entre Colombia y Estados Unidos para continuar nuestra política de afianzar la seguridad y de derrotar el terrorismo y el narcotráfico” en el continente.
El acuerdo —que se hará público esta semana— durará 10 años, con opción a renovación. Contempla a cerca de 800 militares estadounidenses y 600 civiles en las bases militares colombianas de Palanquero, Larandía, Tolemaida, Malambo, Apiay, así como en las bases navales de Cartagena y Málaga. El Plan Colombia incluye actualmente 210 soldados de Estados Unidos y 400 contratistas civiles.
Bogotá 2015
Con una agenda que incluye la participación en un foro de la Universidad Anáhuac, Santos encabezará el viernes 6, en Guadalajara, Jalisco, una delegación de deportistas —entre ellos Édgar Rentería, pelotero de Los Gigantes de San Francisco—, políticos locales, federales, empresarios y artistas —como Juanes—, que presentará la candidatura de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos de 2015, por cuya edición también compiten Toronto, Canadá, y Lima, Perú.
La presentación de candidaturas se hará a las nueve de la mañana en el marco de la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana, en el salón México del Hotel Hilton.
“Bogotá es el reflejo de la gran transformación de Colombia. Bogotá hoy es una ciudad segura. Bogotá es una ciudad de gran empuje y vamos a trabajar muy duro para lograr traernos esa selección que se da en Guadalajara el próximo viernes”.
Tras la época más fuerte del narcotráfico, Bogotá y el país se han convertido en algo atractivo: “Creo que las razones más importantes han sido la seguridad que le hemos logrado dar a Colombia, eso ha sido fundamental; además de esa seguridad que le hemos logrado devolver, que es prioritaria, toda la reactivación económica que nos ha permitido volver a traer grandes cantidades de inversión extranjera y nacional, en dar el crecimiento.
“Es el momento de Colombia, es un momento en el que estamos dando una señal de recuperación de lo que una América Latina firme puede ser, y por eso en Bogotá debemos tener muchas opciones porque en muchos lugares nos ven como un ejemplo; y Bogotá, sobre todo, es una ciudad que ha dado un viraje traumático en los últimos 16 años. En ese sentido, Bogotá está absolutamente lista”.
Además de seguridad, el vicepresidente mencionó que Bogotá tiene infraestructura y los escenarios deportivos, así como una inversión proyectada de 800 millones de dólares para nuevos complejos, con el compromiso del gobierno de otorgar el financiamiento requerido en caso de ser seleccionada como la ciudad sede de los Juegos Panamericanos de 2015.
El gobierno de Colombia, en voz de su vicepresidente, Francisco Santos, externó su preocupación sobre la relación que mantienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con los cárteles del narcotráfico de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que el reciente acuerdo de cooperación con Estados Unidos, para que militares de ese país operen en siete bases colombianas, permitirá afianzar la seguridad y el combate al narcotráfico y al terrorismo.
“Sí, obviamente sí tenemos muchas inquietudes, y por eso parte de nuestro trabajo ha sido coordinar con el gobierno mexicano toda la ayuda que podemos para combatir a los delincuentes”, dijo el vicepresidente sobre la relación de las FARC con los cárteles del narcotráfico mexicano.
Previo a la visita oficial que iniciará en México, este 3 de noviembre, y cuyo objetivo principal será la presentación de la candidatura de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos de 2015, el vicepresidente colombiano dijo que las FARC deben ser consideradas una organización terrorista por otros países, entre ellos México.
“Nosotros (en el gobierno) consideramos que (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es una organización terrorista”.
Redes políticas
Desde 2007, el gobierno de Colombia ha pedido en reiteradas ocasiones a México considerar a las FARC una organización terrorista, con relaciones no sólo con los cárteles mexicanos, sino con organizaciones políticas y de estudiantes a través de su aparato internacional, especialmente tras conocerse que en el ataque a un campamento de las FARC en Ecuador —en marzo de 2008— había estudiantes mexicanos, entre ellos Lucía Morett, quien enfrenta una solicitud de extradición para encarar un proceso ecuatoriano.
El vicepresidente Santos ha reiterado que la principal fuente de financiamiento de las FARC es el narco, por lo que Colombia ha mostrado su preocupación por la relación que mantienen los guerilleros con cárteles mexicanos y otras organizaciones de tráfico de drogas, que lleva a considerar al grupo como una amenaza continental.
Cooperación Colombia-EU
Para combatir al narcotráfico y al terrorismo, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación el viernes pasado, para que militares estadounidenses puedan operar en siete bases colombianas, tras el cierre de la base de Manta, en Ecuador, lo que ha generado rechazo de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que incluso han viajado a Rusia a adquirir armamento.
Este acuerdo, asegura, “es parte de la cooperación que existe entre Colombia y Estados Unidos para continuar nuestra política de afianzar la seguridad y de derrotar el terrorismo y el narcotráfico” en el continente.
El acuerdo —que se hará público esta semana— durará 10 años, con opción a renovación. Contempla a cerca de 800 militares estadounidenses y 600 civiles en las bases militares colombianas de Palanquero, Larandía, Tolemaida, Malambo, Apiay, así como en las bases navales de Cartagena y Málaga. El Plan Colombia incluye actualmente 210 soldados de Estados Unidos y 400 contratistas civiles.
Bogotá 2015
Con una agenda que incluye la participación en un foro de la Universidad Anáhuac, Santos encabezará el viernes 6, en Guadalajara, Jalisco, una delegación de deportistas —entre ellos Édgar Rentería, pelotero de Los Gigantes de San Francisco—, políticos locales, federales, empresarios y artistas —como Juanes—, que presentará la candidatura de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos de 2015, por cuya edición también compiten Toronto, Canadá, y Lima, Perú.
La presentación de candidaturas se hará a las nueve de la mañana en el marco de la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana, en el salón México del Hotel Hilton.
“Bogotá es el reflejo de la gran transformación de Colombia. Bogotá hoy es una ciudad segura. Bogotá es una ciudad de gran empuje y vamos a trabajar muy duro para lograr traernos esa selección que se da en Guadalajara el próximo viernes”.
Tras la época más fuerte del narcotráfico, Bogotá y el país se han convertido en algo atractivo: “Creo que las razones más importantes han sido la seguridad que le hemos logrado dar a Colombia, eso ha sido fundamental; además de esa seguridad que le hemos logrado devolver, que es prioritaria, toda la reactivación económica que nos ha permitido volver a traer grandes cantidades de inversión extranjera y nacional, en dar el crecimiento.
“Es el momento de Colombia, es un momento en el que estamos dando una señal de recuperación de lo que una América Latina firme puede ser, y por eso en Bogotá debemos tener muchas opciones porque en muchos lugares nos ven como un ejemplo; y Bogotá, sobre todo, es una ciudad que ha dado un viraje traumático en los últimos 16 años. En ese sentido, Bogotá está absolutamente lista”.
Además de seguridad, el vicepresidente mencionó que Bogotá tiene infraestructura y los escenarios deportivos, así como una inversión proyectada de 800 millones de dólares para nuevos complejos, con el compromiso del gobierno de otorgar el financiamiento requerido en caso de ser seleccionada como la ciudad sede de los Juegos Panamericanos de 2015.
lunes, 12 de octubre de 2009
Colombia no se mira en el espejo.
Reportaje:
El país de España.
Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios. Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.
De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo; y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.
Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que "facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales", dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.
Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.
Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo; algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato; y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.
El país de España.
Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios. Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.
De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo; y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.
Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que "facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales", dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.
Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.
Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo; algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato; y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.
Indígenas colombianos marchan por la Tierra.
Noticia:
Unos 10 mil indígenas iniciaron ayer en el suroeste de Colombia una marcha desde la María-Piendamó hasta la ciudad de Cali, por la Liberación de la Madre Tierra y en contra del calentamiento global. También protestan por el incumplimiento de algunos acuerdos de reparto de tierras a los que habían llegado con el gobierno el año pasado.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló que los pueblos nativos, campesinos, afroamericanos y organizaciones sociales y populares iniciaron el camino para la apertura de las jornadas de la Minga Mundial por la Liberación de La Madre Tierra y contra el Calentamiento Global.
Los indígenas aprovecharán la marcha para protestar contra la política social del gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en especial por los déficit en materia de salud y educación, precisaron miembros del CRIC. Hoy tienen previsto caminar hasta la localidad de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, y mañana llegarán a Cali para el miércoles 14 instalar la reunión contra el calentamiento global. Unos dos mil indígenas del vecino departamento de Chocó se unirán en Cali a los marchantes.
“Hay que hacer un llamado muy fuerte a la humanidad porque la vida está en riesgo y al estar en riesgo la vida lo están los seres humanos, la tierra, el territorio, los animales, la naturaleza; la vida total está en riesgo y somos los seres humanos los responsables de protegerla”, Feliciano Valencia, del CRIC.
La reunión de indígenas también hará concentraciones populares en las ciudades de Cartagena de Indias, Cali y Bogotá entre el 15 y 16 de octubre.
Elides Pechené, máxima autoridad de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, dijo que hace pocos días las comunidades indígenas se reunieron con varios ministros del presidente Álvaro Uribe, “pero siguen con su férrea posición de decir que cumplirán, pero lentamente, lo cual es un desespero para nosotros”.
De todos modos, Pechené consideró que el gran problema de los indígenas colombianos es la tierra.
“Eso hace que la comunidad venga hoy con más ganas de marchar, con más ganas de protestar”, manifestó. “Y ni qué decir de la educación. En ese tema, vital para nosotros, tampoco hay soluciones”, dijo el líder nativo.
Una importante líder indígena del Cauca y actual candidata al Senado de la República, Aida Quilcué, explicó que las marchas también son para protestar “por la instalación en Colombia de bases militares estadounidenses y la (eventual) reelección” de Uribe.
Muchas dificultades
Por otro lado, la senadora colombiana Piedad Córdoba disminuyó ayer la posibilidad del proceso de paz en Colombia, donde además hay “muchas dificultades” para un intercambio humanitario de secuestrados por las FARC y guerrilleros presos. Córdoba, dijo en Santo Domingo que en este momento “no hay alguna posibilidad” de que se lleve a cabo en su país un proceso de paz.
“El proceso de paz no es posible en este momento en el país, porque es una decisión política del gobierno” de Uribe, subrayó la legisladora.
En otro contexto, la Policía Judicial de Colombia ocupó ayer mismo varios bienes que fueron confiscados al jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Gener García, alias John 40, y que están valuados en más de cuatro millones de dólares, informó ayer la institución.
Dentro de los bienes decomisados se encuentran cuatro fincas ubicadas en el municipio de Puerto Lleras y una en Vistahermosa, en el departamento del Meta, así como un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial por un millón de dólares. En las fincas, valuadas en unos 3.6 millones de dólares, se incautaron de 1.2 toneladas de explosivos de los rebeldes en el sur de Colombia.
En otro golpe para las FARC, ayer el diario bogotano El Tiempo informó que Marcelino Trujillo, Martín Villa, uno de los guerrilleros que ayudó al fallecido Pedro Antonio Marín, Tirofijo, a conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace más de 45 años, murió en las selvas colombianas a consecuencia de un infarto.
El guerrillero murió a los 70 años al parecer en una zona selvática en la frontera de Colombia con Venezuela, según indicó un informe del diario.
Unos 10 mil indígenas iniciaron ayer en el suroeste de Colombia una marcha desde la María-Piendamó hasta la ciudad de Cali, por la Liberación de la Madre Tierra y en contra del calentamiento global. También protestan por el incumplimiento de algunos acuerdos de reparto de tierras a los que habían llegado con el gobierno el año pasado.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló que los pueblos nativos, campesinos, afroamericanos y organizaciones sociales y populares iniciaron el camino para la apertura de las jornadas de la Minga Mundial por la Liberación de La Madre Tierra y contra el Calentamiento Global.
Los indígenas aprovecharán la marcha para protestar contra la política social del gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en especial por los déficit en materia de salud y educación, precisaron miembros del CRIC. Hoy tienen previsto caminar hasta la localidad de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, y mañana llegarán a Cali para el miércoles 14 instalar la reunión contra el calentamiento global. Unos dos mil indígenas del vecino departamento de Chocó se unirán en Cali a los marchantes.
“Hay que hacer un llamado muy fuerte a la humanidad porque la vida está en riesgo y al estar en riesgo la vida lo están los seres humanos, la tierra, el territorio, los animales, la naturaleza; la vida total está en riesgo y somos los seres humanos los responsables de protegerla”, Feliciano Valencia, del CRIC.
La reunión de indígenas también hará concentraciones populares en las ciudades de Cartagena de Indias, Cali y Bogotá entre el 15 y 16 de octubre.
Elides Pechené, máxima autoridad de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, dijo que hace pocos días las comunidades indígenas se reunieron con varios ministros del presidente Álvaro Uribe, “pero siguen con su férrea posición de decir que cumplirán, pero lentamente, lo cual es un desespero para nosotros”.
De todos modos, Pechené consideró que el gran problema de los indígenas colombianos es la tierra.
“Eso hace que la comunidad venga hoy con más ganas de marchar, con más ganas de protestar”, manifestó. “Y ni qué decir de la educación. En ese tema, vital para nosotros, tampoco hay soluciones”, dijo el líder nativo.
Una importante líder indígena del Cauca y actual candidata al Senado de la República, Aida Quilcué, explicó que las marchas también son para protestar “por la instalación en Colombia de bases militares estadounidenses y la (eventual) reelección” de Uribe.
Muchas dificultades
Por otro lado, la senadora colombiana Piedad Córdoba disminuyó ayer la posibilidad del proceso de paz en Colombia, donde además hay “muchas dificultades” para un intercambio humanitario de secuestrados por las FARC y guerrilleros presos. Córdoba, dijo en Santo Domingo que en este momento “no hay alguna posibilidad” de que se lleve a cabo en su país un proceso de paz.
“El proceso de paz no es posible en este momento en el país, porque es una decisión política del gobierno” de Uribe, subrayó la legisladora.
En otro contexto, la Policía Judicial de Colombia ocupó ayer mismo varios bienes que fueron confiscados al jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Gener García, alias John 40, y que están valuados en más de cuatro millones de dólares, informó ayer la institución.
Dentro de los bienes decomisados se encuentran cuatro fincas ubicadas en el municipio de Puerto Lleras y una en Vistahermosa, en el departamento del Meta, así como un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial por un millón de dólares. En las fincas, valuadas en unos 3.6 millones de dólares, se incautaron de 1.2 toneladas de explosivos de los rebeldes en el sur de Colombia.
En otro golpe para las FARC, ayer el diario bogotano El Tiempo informó que Marcelino Trujillo, Martín Villa, uno de los guerrilleros que ayudó al fallecido Pedro Antonio Marín, Tirofijo, a conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace más de 45 años, murió en las selvas colombianas a consecuencia de un infarto.
El guerrillero murió a los 70 años al parecer en una zona selvática en la frontera de Colombia con Venezuela, según indicó un informe del diario.
miércoles, 7 de octubre de 2009
Colombia asegura que en Ecuador hay al menos dos campamentos de las FARC.
Noticia:
El Gobierno colombiano ha anunciado hoy que entregará a Ecuador información de la existencia de por lo menos dos campamentos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país, según ha confirmado el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva.
El ministro ha afirmado que buscará mantener una reunión con su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, para entregarle la información "muy precisa, totalmente confiable y confirmada" de que existen "por lo menos dos campamentos".
"Vamos a buscar un encuentro con el ministro de Defensa del Ecuador para entregarle personalmente esta información y no sólo eso, sino además ofrecerle la posibilidad, si así lo desean y así lo deciden, de colaborar en el planeamiento de las operaciones que lleven a la erradicación de esos campamentos", ha precisado.
Silva ha añadido que el Gobierno colombiano está seguro de que con esa información fiable y con la colaboración de Ecuador se podrá obtener un éxito importante contra las FARC. "Es el abuso que hace el crimen trasnacional del territorio de los dos países (...) no son amenazas sólo para Colombia, sino que estoy seguro [de] que ellos lo reconocen también como una amenaza a su territorio".
El ministro colombiano ha puntualizado que desconoce desde cuándo están esos dos campamentos rebeldes en Ecuador y ha calificado de alentadora la decisión del Gobierno de ese país de no tolerar la presencia de grupos armados irregulares en su territorio.
Ruptura de relaciones
Quito rompió relaciones con Bogotá el 3 de marzo de 2008, dos días después del bombardeo militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en el que murieron el entonces número dos y portavoz internacional de la guerrilla, Raúl Reyes, y otras 25 personas.
Hace dos semanas, tras varios encuentros bilaterales en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, los cancilleres de Colombia, Jaime Bermúdez, y Ecuador, Fander Falconí, anunciaron que iniciarán a partir de este mismo mes un diálogo "directo" para intentar recomponer las relaciones.
El primer paso será el nombramiento de encargados de negocios en Quito y Bogotá, que se hará durante este mes de octubre. También está prevista una reunión el próximo viernes de Bermúdez y Falconí en la frontera entre ambos países, a la que asistirá el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Silva ha precisado que en la reunión del viernes de los cancilleres "en Ipiales [Colombia] y en Tulcán [Ecuador], como parte del proceso de normalización de relaciones", se deben definir "los cronogramas de trabajo de las diferentes mesas que se han creado". En este contexto de acercamiento de las últimas semanas, el presidente Álvaro Uribe remarcó ayer que Colombia quiere tener "las mejores relaciones" con sus vecinos.
El Gobierno colombiano ha anunciado hoy que entregará a Ecuador información de la existencia de por lo menos dos campamentos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país, según ha confirmado el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva.
El ministro ha afirmado que buscará mantener una reunión con su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, para entregarle la información "muy precisa, totalmente confiable y confirmada" de que existen "por lo menos dos campamentos".
"Vamos a buscar un encuentro con el ministro de Defensa del Ecuador para entregarle personalmente esta información y no sólo eso, sino además ofrecerle la posibilidad, si así lo desean y así lo deciden, de colaborar en el planeamiento de las operaciones que lleven a la erradicación de esos campamentos", ha precisado.
Silva ha añadido que el Gobierno colombiano está seguro de que con esa información fiable y con la colaboración de Ecuador se podrá obtener un éxito importante contra las FARC. "Es el abuso que hace el crimen trasnacional del territorio de los dos países (...) no son amenazas sólo para Colombia, sino que estoy seguro [de] que ellos lo reconocen también como una amenaza a su territorio".
El ministro colombiano ha puntualizado que desconoce desde cuándo están esos dos campamentos rebeldes en Ecuador y ha calificado de alentadora la decisión del Gobierno de ese país de no tolerar la presencia de grupos armados irregulares en su territorio.
Ruptura de relaciones
Quito rompió relaciones con Bogotá el 3 de marzo de 2008, dos días después del bombardeo militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en el que murieron el entonces número dos y portavoz internacional de la guerrilla, Raúl Reyes, y otras 25 personas.
Hace dos semanas, tras varios encuentros bilaterales en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, los cancilleres de Colombia, Jaime Bermúdez, y Ecuador, Fander Falconí, anunciaron que iniciarán a partir de este mismo mes un diálogo "directo" para intentar recomponer las relaciones.
El primer paso será el nombramiento de encargados de negocios en Quito y Bogotá, que se hará durante este mes de octubre. También está prevista una reunión el próximo viernes de Bermúdez y Falconí en la frontera entre ambos países, a la que asistirá el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Silva ha precisado que en la reunión del viernes de los cancilleres "en Ipiales [Colombia] y en Tulcán [Ecuador], como parte del proceso de normalización de relaciones", se deben definir "los cronogramas de trabajo de las diferentes mesas que se han creado". En este contexto de acercamiento de las últimas semanas, el presidente Álvaro Uribe remarcó ayer que Colombia quiere tener "las mejores relaciones" con sus vecinos.
El Estado colombiano, condenado por pasividad ante una matanza paramilitar.
Noticia:
Unos 2.500 millones de pesos (cerca de un millón de euros). Es la cantidad que deberá pagar el Estado colombiano a 195 personas de Chengue, un pequeño pueblo del Caribe donde los paramilitares, la madrugada del 17 de enero de 2001, sembraron el terror y dejaron 27 muertos.
La sentencia, conocida el lunes por la noche, la ha dictado un juez de Sincelejo, capital del departamento donde ocurrieron los hechos, en un proceso de reparación a víctimas. Sustentó su fallo en la omisión de la fuerza pública, particularmente la policía y la Infantería de Marina.
No es la primera vez que se da esta condena, cimentada en que la fuerza pública no actuó, hizo la vista gorda y dejó que los matones actuaran a sus anchas. El año pasado, otro juez de Sincelejo había logrado reparación para otro grupo de víctimas de este crimen.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ya, en fallos a demandas penales, al Estado por tres masacres de estas bandas que sembraron el terror durante dos décadas: Mapiripán (50 muertos), La Rochela (matanza de los miembros de una comisión judicial) y Pueblo Bello, donde los paramilitares hicieron desaparecer a 37 personas y asesinaron a seis.
Estos grupos, que nacieron ligados al narcotráfico, usaron como excusa la barbarie de la guerrilla, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para matar, desplazar a campesinos y apoderarse de sus tierras. En 2004 empezó el proceso de desmovilización que llevó a 30.000 hombres a dejar las armas.
En el caso de Chengue, los paramilitares tenían amenazada a la población; seis meses antes habían anunciado que tomarían el pueblo. Las autoridades se quedaron de brazos cruzados.
Ese 17 de enero, a las cuatro de la mañana, unos 100 hombres llegaron en tres camiones, tumbaron a patadas las puertas de las casas y obligaron a los atemorizados habitantes a reunirse en la plaza; eligieron a sus víctimas y los asesinaron, uno a uno, con un golpe de mazo ?de los usados para triturar piedra? en la cabeza. María Cequera perdió ese día a su esposo, su hermano, dos cuñados, dos tíos y cuatro primos. Mientras los matones hacían lo suyo, otro grupo quemó 32 de los 75 ranchos de la aldea.
Según el juez que condenó al Estado, quedó comprobada la colaboración de los integrantes de las Fuerzas Armadas para el ingreso y salida de los paramilitares de Chengue.
En su momento fueron muchas las denuncias que se escucharon en este sentido. Era difícil entender cómo los paramilitares se desplazaban por todo el país, en autobuses y en aviones, armados hasta los dientes, sin que nadie los viera. Para cometer la masacre de Mapiripán viajaron 500 kilómetros: desde el Caribe, al norte, hasta la región límite entre la Orinoquía y la Amazonia, al sur.
Hace dos años, la fiscalía impuso una sanción disciplinaria a tres oficiales de la Armada, entre ellos el contraalmirante Rodrigo Quiñónez. En la sentencia se dice que, aunque tenía en sus manos los elementos para detener a los paras que llegaron a Chengue, no hizo nada.
Además de miembros de la Fuerza Pública, hay políticos implicados en esta masacre. Dos de los fiscales del caso han sido asesinados. El comandante de la brutal acción, Juancho Dique, ya confesó, está detenido y, según la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico de la desmovilización paramilitar, permanecerá un máximo de ocho años en la cárcel.
Unos 2.500 millones de pesos (cerca de un millón de euros). Es la cantidad que deberá pagar el Estado colombiano a 195 personas de Chengue, un pequeño pueblo del Caribe donde los paramilitares, la madrugada del 17 de enero de 2001, sembraron el terror y dejaron 27 muertos.
La sentencia, conocida el lunes por la noche, la ha dictado un juez de Sincelejo, capital del departamento donde ocurrieron los hechos, en un proceso de reparación a víctimas. Sustentó su fallo en la omisión de la fuerza pública, particularmente la policía y la Infantería de Marina.
No es la primera vez que se da esta condena, cimentada en que la fuerza pública no actuó, hizo la vista gorda y dejó que los matones actuaran a sus anchas. El año pasado, otro juez de Sincelejo había logrado reparación para otro grupo de víctimas de este crimen.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ya, en fallos a demandas penales, al Estado por tres masacres de estas bandas que sembraron el terror durante dos décadas: Mapiripán (50 muertos), La Rochela (matanza de los miembros de una comisión judicial) y Pueblo Bello, donde los paramilitares hicieron desaparecer a 37 personas y asesinaron a seis.
Estos grupos, que nacieron ligados al narcotráfico, usaron como excusa la barbarie de la guerrilla, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para matar, desplazar a campesinos y apoderarse de sus tierras. En 2004 empezó el proceso de desmovilización que llevó a 30.000 hombres a dejar las armas.
En el caso de Chengue, los paramilitares tenían amenazada a la población; seis meses antes habían anunciado que tomarían el pueblo. Las autoridades se quedaron de brazos cruzados.
Ese 17 de enero, a las cuatro de la mañana, unos 100 hombres llegaron en tres camiones, tumbaron a patadas las puertas de las casas y obligaron a los atemorizados habitantes a reunirse en la plaza; eligieron a sus víctimas y los asesinaron, uno a uno, con un golpe de mazo ?de los usados para triturar piedra? en la cabeza. María Cequera perdió ese día a su esposo, su hermano, dos cuñados, dos tíos y cuatro primos. Mientras los matones hacían lo suyo, otro grupo quemó 32 de los 75 ranchos de la aldea.
Según el juez que condenó al Estado, quedó comprobada la colaboración de los integrantes de las Fuerzas Armadas para el ingreso y salida de los paramilitares de Chengue.
En su momento fueron muchas las denuncias que se escucharon en este sentido. Era difícil entender cómo los paramilitares se desplazaban por todo el país, en autobuses y en aviones, armados hasta los dientes, sin que nadie los viera. Para cometer la masacre de Mapiripán viajaron 500 kilómetros: desde el Caribe, al norte, hasta la región límite entre la Orinoquía y la Amazonia, al sur.
Hace dos años, la fiscalía impuso una sanción disciplinaria a tres oficiales de la Armada, entre ellos el contraalmirante Rodrigo Quiñónez. En la sentencia se dice que, aunque tenía en sus manos los elementos para detener a los paras que llegaron a Chengue, no hizo nada.
Además de miembros de la Fuerza Pública, hay políticos implicados en esta masacre. Dos de los fiscales del caso han sido asesinados. El comandante de la brutal acción, Juancho Dique, ya confesó, está detenido y, según la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico de la desmovilización paramilitar, permanecerá un máximo de ocho años en la cárcel.
martes, 29 de septiembre de 2009
La oposición colombiana une sus fuerzas contra la reelección de Uribe.
Noticia:
Los candidatos de los dos mayores partidos opositores de Colombia, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, tienen un objetivo en común. El liberal Rafael Pardo y el senador Gustavo Petro, del Polo -ambos elegidos el domingo en una consulta popular marcada por el abstencionismo-, dejaron claro que su intención es "construir" un acuerdo democrático para enfrentarse al uribismo ante las elecciones presidenciales de mayo de 2010.
La consulta, sin embargo, tuvo una fría acogida. Los liberales sólo alcanzaron a reunir un millón de votos, cuando aspiraban a atraer por lo menos a 1,5 millones de votantes para elegir a Pardo entre siete precandidatos. El Polo tuvo un poder de convocatoria aún menor. Su consulta, que elegía a su aspirante entre tres precandidatos, no alcanzó los 500.000 votos.
El abstencionismo hizo que el uribismo cantara victoria. "La oposición como tal no existe. Sólo es un ruido", afirmó el senador del Partido de la U, Armando Benedetti. Los resultados significan, según Benedetti, que Uribe ganará con soltura el referéndum que le permitirá presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia de Colombia.
La prestigiosa analista política Elisabeth Ungar tiene otra lectura de lo ocurrido el domingo: "Es el reflejo de una percepción ciudadana: mientras Uribe esté ahí [en la Presidencia], la gente no ve posibilidades diferentes", pero aclara que "eso no quiere decir que la gente quiera sólo a Uribe".
La sorpresa de la consulta del Polo Democrático fue la victoria de Gustavo Petro. Hasta la víspera, las encuestas lo señalaban como perdedor frente al catedrático y ex magistrado Carlos Gaviria, considerado la cabeza del ala dura y mayoritaria del Polo y que consideraba innecesario establecer una alianza opositora frente a la apisonadora uribista. Ungar comenta que el triunfo de Petro es "un acto de sensatez" que demuestra que "la oposición [en Colombia] no necesariamente está en los extremos".
Petro, considerado como el representante del ala moderada del izquierdista Polo, ha denunciado los vínculos de la clase política con los paramilitares y ha criticado duramente la débil posición de su partido frente a la brutalidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La analista también destaca su disposición al diálogo para establecer un frente en común ante las elecciones de mayo, una cuestión fundamental que lo alejó de Gaviria, que ayer anunció su dimisión como presidente del Polo a raíz de sus malos resultados y a pesar de haber sido elegido en febrero para un periodo de dos años. Gaviria expresó su preocupación por la baja asistencia a las urnas. "Parece que la gente no quisiera saber nada de la oposición. Esto es muy negativo para la democracia", explicó.
Precisamente ayer ya se discutían los posibles integrantes de la eventual coalición opositora que presentaría un solo candidato en los próximos comicios presidenciales. Además de Pardo y Petro, entre ellos están el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo; tres prestigiosos ex alcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón; y Germán Vargas Cambio Radical, que se alejó del uribismo por el tema de la reelección. "Nadie puede ganar solo", reconoció Pardo en su discurso de victoria.
Los candidatos de los dos mayores partidos opositores de Colombia, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, tienen un objetivo en común. El liberal Rafael Pardo y el senador Gustavo Petro, del Polo -ambos elegidos el domingo en una consulta popular marcada por el abstencionismo-, dejaron claro que su intención es "construir" un acuerdo democrático para enfrentarse al uribismo ante las elecciones presidenciales de mayo de 2010.
La consulta, sin embargo, tuvo una fría acogida. Los liberales sólo alcanzaron a reunir un millón de votos, cuando aspiraban a atraer por lo menos a 1,5 millones de votantes para elegir a Pardo entre siete precandidatos. El Polo tuvo un poder de convocatoria aún menor. Su consulta, que elegía a su aspirante entre tres precandidatos, no alcanzó los 500.000 votos.
El abstencionismo hizo que el uribismo cantara victoria. "La oposición como tal no existe. Sólo es un ruido", afirmó el senador del Partido de la U, Armando Benedetti. Los resultados significan, según Benedetti, que Uribe ganará con soltura el referéndum que le permitirá presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia de Colombia.
La prestigiosa analista política Elisabeth Ungar tiene otra lectura de lo ocurrido el domingo: "Es el reflejo de una percepción ciudadana: mientras Uribe esté ahí [en la Presidencia], la gente no ve posibilidades diferentes", pero aclara que "eso no quiere decir que la gente quiera sólo a Uribe".
La sorpresa de la consulta del Polo Democrático fue la victoria de Gustavo Petro. Hasta la víspera, las encuestas lo señalaban como perdedor frente al catedrático y ex magistrado Carlos Gaviria, considerado la cabeza del ala dura y mayoritaria del Polo y que consideraba innecesario establecer una alianza opositora frente a la apisonadora uribista. Ungar comenta que el triunfo de Petro es "un acto de sensatez" que demuestra que "la oposición [en Colombia] no necesariamente está en los extremos".
Petro, considerado como el representante del ala moderada del izquierdista Polo, ha denunciado los vínculos de la clase política con los paramilitares y ha criticado duramente la débil posición de su partido frente a la brutalidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La analista también destaca su disposición al diálogo para establecer un frente en común ante las elecciones de mayo, una cuestión fundamental que lo alejó de Gaviria, que ayer anunció su dimisión como presidente del Polo a raíz de sus malos resultados y a pesar de haber sido elegido en febrero para un periodo de dos años. Gaviria expresó su preocupación por la baja asistencia a las urnas. "Parece que la gente no quisiera saber nada de la oposición. Esto es muy negativo para la democracia", explicó.
Precisamente ayer ya se discutían los posibles integrantes de la eventual coalición opositora que presentaría un solo candidato en los próximos comicios presidenciales. Además de Pardo y Petro, entre ellos están el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo; tres prestigiosos ex alcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón; y Germán Vargas Cambio Radical, que se alejó del uribismo por el tema de la reelección. "Nadie puede ganar solo", reconoció Pardo en su discurso de victoria.
jueves, 24 de septiembre de 2009
El servicio secreto de Uribe, contra las cuerdas.
Noticia:
Tres meses; ése es el plazo que ha fijado el Gobierno de Colombia para que desaparezca el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, la agencia de inteligencia del Estado- y en su lugar nazca otro ente encargado de "producir inteligencia y contrainteligencia" para garantizar la seguridad nacional. Otras labores pasarán a ser competencia de distintos organismos, como la dirección de la policía y la fiscalía.
El Gobierno sale el paso así a más de cinco años de escándalos que involucran a esta entidad, dependiente de Presidencia, en graves hechos: alianzas con narcotraficantes y paramilitares -el DAS, entre otros, pasó información a los paramilitares sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados más tarde-, interceptaciones telefónicas (chuzadas) y seguimientos a políticos, periodistas, magistrados de los altos tribunales y defensores de derechos humanos.
La preocupación mostrada desde Washington y desde la ONU por las chuzadas -escándalo que salió a la luz a comienzos del año- fue el punto de inflexión. Hace pocos días, el Departamento de Estado las consideró "alarmantes e inaceptables" y pidió encontrar a los culpables.
Cuatro ex directores del DAS están vinculados a la investigación y 11 funcionarios han sido detenidos. Dos de ellos, los jefes de inteligencia y contrainteligencia, han quedado en libertad por fallos de procedimiento.
El vienes pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, pidió al presidente, Álvaro Uribe, los archivos recaudados por el organismo de inteligencia sobre Naciones Unidas. Existen serias sospechas de que en 2005 le siguieron los pasos al relator especial de la ONU para los pueblos indígenas en su visita a Colombia en 2005.
Según el presidente Uribe, las últimas chuzadas denunciadas no las hizo el DAS; forman parte, aseguró, de un complot criminal contra Colombia. Ya se sabe que las interceptaciones, de agosto pasado, al magistrado investigador estrella en el escándalo del maridaje política-paramilitarismo fueron hechas desde la fiscalía. Un fiscal y tres miembros de la policía se encuentran hoy en el punto de mira de la justicia.
Esta semana se supo que la Procuraduría -Ministerio Público- tenía equipos para hacer grabaciones. Las investigaciones por las escuchas se extendieron ya a empresas e importadoras que venden servicios y equipos para espiar.
El fin del DAS, con 56 años de historia, anunciado el viernes por la noche, causó revuelo y dividió a la opinión pública. "Para salvar el DAS, lo único que había que hacer era que desde Palacio sede del Gobierno de la República de Colombia] no se siguieran ordenando las chuzadas", dijo de inmediato el presidente del Partido Liberal y ex presidente César Gaviria. "Es maquillaje", comentó Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo y una de las víctimas de chuzadas y seguimientos.
El DAS no es el único organismo que ha desaparecido en los siete años de Gobierno de Uribe. Si el presidente logra mantenerse en el poder durante tres periodos continuados -la segunda reelección le posibilitaría 12 años consecutivos-, a los niños que nacieron con su Gobierno el país de antes les sonará completamente ajeno. Uribe fundió ministerios -por ejemplo, el de Interior y Justicia- y liquidó entidades emblemáticas, como el Seguro Social y la Caja Agraria.
Es posible también que se siga desdibujando uno de los partidos que fueron hegemónicos desde el nacimiento de la República: el Conservador, que podría terminar refundiéndose completamente en el uribismo. Una reciente reforma permitió a los políticos en un lapso corto de tiempo cambiar de partido. Las siete agrupaciones que conformaron el uribismo se refundieron en dos: el partido de la U y el Conservador.
Tres meses; ése es el plazo que ha fijado el Gobierno de Colombia para que desaparezca el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, la agencia de inteligencia del Estado- y en su lugar nazca otro ente encargado de "producir inteligencia y contrainteligencia" para garantizar la seguridad nacional. Otras labores pasarán a ser competencia de distintos organismos, como la dirección de la policía y la fiscalía.
El Gobierno sale el paso así a más de cinco años de escándalos que involucran a esta entidad, dependiente de Presidencia, en graves hechos: alianzas con narcotraficantes y paramilitares -el DAS, entre otros, pasó información a los paramilitares sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados más tarde-, interceptaciones telefónicas (chuzadas) y seguimientos a políticos, periodistas, magistrados de los altos tribunales y defensores de derechos humanos.
La preocupación mostrada desde Washington y desde la ONU por las chuzadas -escándalo que salió a la luz a comienzos del año- fue el punto de inflexión. Hace pocos días, el Departamento de Estado las consideró "alarmantes e inaceptables" y pidió encontrar a los culpables.
Cuatro ex directores del DAS están vinculados a la investigación y 11 funcionarios han sido detenidos. Dos de ellos, los jefes de inteligencia y contrainteligencia, han quedado en libertad por fallos de procedimiento.
El vienes pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, pidió al presidente, Álvaro Uribe, los archivos recaudados por el organismo de inteligencia sobre Naciones Unidas. Existen serias sospechas de que en 2005 le siguieron los pasos al relator especial de la ONU para los pueblos indígenas en su visita a Colombia en 2005.
Según el presidente Uribe, las últimas chuzadas denunciadas no las hizo el DAS; forman parte, aseguró, de un complot criminal contra Colombia. Ya se sabe que las interceptaciones, de agosto pasado, al magistrado investigador estrella en el escándalo del maridaje política-paramilitarismo fueron hechas desde la fiscalía. Un fiscal y tres miembros de la policía se encuentran hoy en el punto de mira de la justicia.
Esta semana se supo que la Procuraduría -Ministerio Público- tenía equipos para hacer grabaciones. Las investigaciones por las escuchas se extendieron ya a empresas e importadoras que venden servicios y equipos para espiar.
El fin del DAS, con 56 años de historia, anunciado el viernes por la noche, causó revuelo y dividió a la opinión pública. "Para salvar el DAS, lo único que había que hacer era que desde Palacio sede del Gobierno de la República de Colombia] no se siguieran ordenando las chuzadas", dijo de inmediato el presidente del Partido Liberal y ex presidente César Gaviria. "Es maquillaje", comentó Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo y una de las víctimas de chuzadas y seguimientos.
El DAS no es el único organismo que ha desaparecido en los siete años de Gobierno de Uribe. Si el presidente logra mantenerse en el poder durante tres periodos continuados -la segunda reelección le posibilitaría 12 años consecutivos-, a los niños que nacieron con su Gobierno el país de antes les sonará completamente ajeno. Uribe fundió ministerios -por ejemplo, el de Interior y Justicia- y liquidó entidades emblemáticas, como el Seguro Social y la Caja Agraria.
Es posible también que se siga desdibujando uno de los partidos que fueron hegemónicos desde el nacimiento de la República: el Conservador, que podría terminar refundiéndose completamente en el uribismo. Una reciente reforma permitió a los políticos en un lapso corto de tiempo cambiar de partido. Las siete agrupaciones que conformaron el uribismo se refundieron en dos: el partido de la U y el Conservador.
martes, 22 de septiembre de 2009
Colombia espera pronta liberación de rehenes.
Noticia:
“En un tiempo muy corto, las FARC liberarán a todos los rehenes”. La esperanzada declaración corrió ayer por cuenta del alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, quien adelantó que el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, espera para las próximas horas la liberación de los dos cautivos, que ya fueron autorizadas.
“Si hay una propuesta seria de las FARC, la logística es lo de menos. Confiamos en que todo se dé en un tiempo muy corto y sin dificultades”, puntualizó Pearl en declaraciones a la emisora Caracol.
Si bien reconoció que la entrega de los 24 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) era una tarea “algo difícil”, el funcionario expresó su esperanza en que eso se dará más temprano que tarde, al tiempo que hizo un llamado a la organización insurgente para que entregue ya a los primeros dos cautivos, de acuerdo con lo aceptado el sábado último por el presidente Uribe.
De acuerdo con los más recientes informes de las FARC, los primeros dos rehenes a ser liberados serían el cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo, ambos con más de 10 años de cautiverio, operación para la que ya la Cruz Roja Internacional advirtió que proporcionará todo el apoyo necesario, tal como lo ha “hecho en el pasado”.
“La logística está lista, y nosotros también, para el momento en que las FARC fijen las condiciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los cautivos”, anticiparon voceros de la Cruz Roja.
Mientras el gobierno espera de las FARC la devolución de los secuestrados, la ex rehén Clara Rojas acusó ayer a la organización guerrillera de haberse convertido en “un grupo autista y aislado que cree que puede vivir sin ley ni dios”.
Durante un foro de la OEA sobre la paz, el que fue una de las oradoras principales, Rojas cuestionó a la propia OEA por no evitar la escalada armamentista de los últimos años.
“Es en extremo preocupante el aumento de los anuncios de compra de armas de los países de la región. En América no se puede construir un camino hacia la paz armada hasta los dientes”, apuntó Rojas, para quien la OEA “debe cuestionar todo este grupo de acuerdos de cooperación que han saltado a las noticias en estos últimos días, como los de Venezuela y Rusia y Brasil y Francia”.
A su lado, el secretario General de la instancia, José Miguel Insulza, pidió mayor diálogo entre los países y una salida política al largo conflicto que azota desde hace más de cuatro décadas a a Colombia.
“En un tiempo muy corto, las FARC liberarán a todos los rehenes”. La esperanzada declaración corrió ayer por cuenta del alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, quien adelantó que el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, espera para las próximas horas la liberación de los dos cautivos, que ya fueron autorizadas.
“Si hay una propuesta seria de las FARC, la logística es lo de menos. Confiamos en que todo se dé en un tiempo muy corto y sin dificultades”, puntualizó Pearl en declaraciones a la emisora Caracol.
Si bien reconoció que la entrega de los 24 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) era una tarea “algo difícil”, el funcionario expresó su esperanza en que eso se dará más temprano que tarde, al tiempo que hizo un llamado a la organización insurgente para que entregue ya a los primeros dos cautivos, de acuerdo con lo aceptado el sábado último por el presidente Uribe.
De acuerdo con los más recientes informes de las FARC, los primeros dos rehenes a ser liberados serían el cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo, ambos con más de 10 años de cautiverio, operación para la que ya la Cruz Roja Internacional advirtió que proporcionará todo el apoyo necesario, tal como lo ha “hecho en el pasado”.
“La logística está lista, y nosotros también, para el momento en que las FARC fijen las condiciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los cautivos”, anticiparon voceros de la Cruz Roja.
Mientras el gobierno espera de las FARC la devolución de los secuestrados, la ex rehén Clara Rojas acusó ayer a la organización guerrillera de haberse convertido en “un grupo autista y aislado que cree que puede vivir sin ley ni dios”.
Durante un foro de la OEA sobre la paz, el que fue una de las oradoras principales, Rojas cuestionó a la propia OEA por no evitar la escalada armamentista de los últimos años.
“Es en extremo preocupante el aumento de los anuncios de compra de armas de los países de la región. En América no se puede construir un camino hacia la paz armada hasta los dientes”, apuntó Rojas, para quien la OEA “debe cuestionar todo este grupo de acuerdos de cooperación que han saltado a las noticias en estos últimos días, como los de Venezuela y Rusia y Brasil y Francia”.
A su lado, el secretario General de la instancia, José Miguel Insulza, pidió mayor diálogo entre los países y una salida política al largo conflicto que azota desde hace más de cuatro décadas a a Colombia.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Colombia: Uribe firma proyecto de referendo.
Noticia:
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, firmó ayer un proyecto de referendo que le abre el camino para buscar su segunda reelección consecutiva y de inmediato lo envió a la Corte Constitucional para que inicie el examen de legalidad, informó el gobierno.
La sanción del referendo, aprobado previamente por el Congreso, y su envío al tribunal fue interpretado por analistas como una clara señal de que el mandatario está interesado en ser candidato en los comicios de 2010, aunque no lo ha expresado en público.
Ahora, la Corte tiene 120 días para decidir si declara legal el trámite. De ser así, el referendo será convocado y deberá contar con la participación de 25% de los electores —más de 7 millones de personas— para ser avalado.
Mientras tanto, el Consejo colombiano de Estado comenzó ayer a analizar el polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar bases militares de este país andino. El Consejo deberá emitir un dictamen, requisito previo para que el convenio pueda ser firmado por los gobiernos de ambas naciones.
El Consejo de Estado ha recibido del gobierno documentación detallada del convenio y la va a estudiar para emitir su dictamen “lo más pronto posible”, señaló ayer el presidente de este órgano, Rafael Ostau de Lafont, quien no se aventuró a precisar una fecha porque, explicó, se trata de “un tema complejo y de trascendencia internacional”.
El polémico acuerdo entre Bogotá y Washington ha sido cuestionado por varios países y motivó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto en Bariloche, al sur de Argentina. Además, fue una de las causas por las que el presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió congelar recientemente sus relaciones con Colombia.
Trato inhumano a rehenes
En otro orden, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, denunció ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla izquierdista del país, somete a los rehenes a tratos inhumanos y degradantes.
“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo a aquellas que sufren reclusiones prolongadas en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad”, subrayó, tras la difusión de pruebas de supervivencia de varios de los cautivos.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, firmó ayer un proyecto de referendo que le abre el camino para buscar su segunda reelección consecutiva y de inmediato lo envió a la Corte Constitucional para que inicie el examen de legalidad, informó el gobierno.
La sanción del referendo, aprobado previamente por el Congreso, y su envío al tribunal fue interpretado por analistas como una clara señal de que el mandatario está interesado en ser candidato en los comicios de 2010, aunque no lo ha expresado en público.
Ahora, la Corte tiene 120 días para decidir si declara legal el trámite. De ser así, el referendo será convocado y deberá contar con la participación de 25% de los electores —más de 7 millones de personas— para ser avalado.
Mientras tanto, el Consejo colombiano de Estado comenzó ayer a analizar el polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar bases militares de este país andino. El Consejo deberá emitir un dictamen, requisito previo para que el convenio pueda ser firmado por los gobiernos de ambas naciones.
El Consejo de Estado ha recibido del gobierno documentación detallada del convenio y la va a estudiar para emitir su dictamen “lo más pronto posible”, señaló ayer el presidente de este órgano, Rafael Ostau de Lafont, quien no se aventuró a precisar una fecha porque, explicó, se trata de “un tema complejo y de trascendencia internacional”.
El polémico acuerdo entre Bogotá y Washington ha sido cuestionado por varios países y motivó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto en Bariloche, al sur de Argentina. Además, fue una de las causas por las que el presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió congelar recientemente sus relaciones con Colombia.
Trato inhumano a rehenes
En otro orden, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, denunció ayer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla izquierdista del país, somete a los rehenes a tratos inhumanos y degradantes.
“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo a aquellas que sufren reclusiones prolongadas en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad”, subrayó, tras la difusión de pruebas de supervivencia de varios de los cautivos.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Colombia: abren puerta a la reelección de Uribe.
Noticia:
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó por 85 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley de referendo que permite al presidente Álvaro Uribe optar a una segunda reelección inmediata si decide presentarse como candidato en 2010.
Esta iniciativa legislativa requería para su aprobación 84 votos.
Los congresistas dieron así su visto bueno a la celebración de un referéndum por el que se sometería a consulta de los colombianos el siguiente texto: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo”.
Esto ocurrirá sólo si Uribe decide finalmente presentarse a las elecciones de 2010 y después de que la iniciativa sea aprobada por la Corte Constitucional en un plazo máximo de 90 días, el último requisito para que el presidente colombiano se mantenga en el poder durante un tercer mandato.
Tras una sesión que se prolongó durante casi 15 horas, el Congreso dio luz verde a esta polémica iniciativa.
Cae la reina de las anfetaminas
Una colombiana a la que las autoridades llaman “reina de las anfetaminas” fue capturada con fines de extradición a Estados Unidos, a donde la mujer habría enviado más de un millón de pastillas de la droga sintética, se informó ayer.
Beatriz Elena Henao, de 43 años, fue detenida el domingo en un centro comercial de la ciudad de Pereira, 175 kilómetros al oeste de Bogotá, indicó el general Luis Ramírez, director de la dirección de la policía judicial (Dijin) , que realizó la captura.
La mujer fue presentada ante la prensa en la sede de la Dijin en Bogotá este martes luego de confirmarse su identidad.
Estaba prófuga desde hace ocho años y al momento de su captura tenía siete escoltas, que quedaron libres porque no tenían órdenes de capturas pendientes.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó por 85 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley de referendo que permite al presidente Álvaro Uribe optar a una segunda reelección inmediata si decide presentarse como candidato en 2010.
Esta iniciativa legislativa requería para su aprobación 84 votos.
Los congresistas dieron así su visto bueno a la celebración de un referéndum por el que se sometería a consulta de los colombianos el siguiente texto: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo”.
Esto ocurrirá sólo si Uribe decide finalmente presentarse a las elecciones de 2010 y después de que la iniciativa sea aprobada por la Corte Constitucional en un plazo máximo de 90 días, el último requisito para que el presidente colombiano se mantenga en el poder durante un tercer mandato.
Tras una sesión que se prolongó durante casi 15 horas, el Congreso dio luz verde a esta polémica iniciativa.
Cae la reina de las anfetaminas
Una colombiana a la que las autoridades llaman “reina de las anfetaminas” fue capturada con fines de extradición a Estados Unidos, a donde la mujer habría enviado más de un millón de pastillas de la droga sintética, se informó ayer.
Beatriz Elena Henao, de 43 años, fue detenida el domingo en un centro comercial de la ciudad de Pereira, 175 kilómetros al oeste de Bogotá, indicó el general Luis Ramírez, director de la dirección de la policía judicial (Dijin) , que realizó la captura.
La mujer fue presentada ante la prensa en la sede de la Dijin en Bogotá este martes luego de confirmarse su identidad.
Estaba prófuga desde hace ocho años y al momento de su captura tenía siete escoltas, que quedaron libres porque no tenían órdenes de capturas pendientes.
jueves, 27 de agosto de 2009
Colombia aplaza proyecto de referendo electoral.
Noticia:
En medio de denuncias de incumplimiento a la ley, la Cámara de Representantes aplazó nuevamente el miércoles la votación de un proyecto de legislativo para llamar a un referéndum que permitiría un eventual tercer mandato del presidente Alvaro Uribe.
La votación se realizará el próximo martes. Se trata de una resolución clave en el Congreso: si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto, la consulta seguirá adelante, pero una negativa lo hundirá.
La sesión del miércoles fue convocada para las 15:00 horas (2000 GMT) por el presidente de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, pero comenzó poco más de dos horas después con 116 de los 166 representantes y cerró siete horas después.
Los congresistas anularon 56 declaraciones de ``impedimento``, o excusa, para no votar el referéndum en sesión plenaria.
Las normas internas del Congreso indican que cada una de las excusas debe ser aprobada o rechazada en una votación del plenario. El martes este trámite demoró horas y sólo se logró votar 10 de la excusas presentadas, el miércoles se revisaron 56 y quedaron pendientes 41 para el 1 de septiembre. Fue el segundo intento por votar el referéndum.
El día anterior la sesión se extendió por más de ocho horas y fue cerrada al filo de la medianoche. Al menos 92 congresistas, la mayoría del oficialismo, presentaron ante la Cámara sus ``impedimentos`` para votar el proyecto de referéndum alegando que tienen desde inicios de año una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia sobre incumplimientos a la ley en un primer proyecto reeleccionista.
La investigación preliminar se abrió a pedido de un congresista opositor indicando que al menos 86 parlamentarios, al no seguir reglas internas de la Cámara, incurrieron en prevaricación, al votar una primera versión del proyecto de referéndum el 17 de diciembre pasado.
Aunque el oficialismo posee la mayoría frente a los dos principales grupos opositores -el Partido Liberal con 37 representantes y el izquierdista Polo Democrático Alternativo, con ocho- la unidad de la coalición de gobierno se ha visto fracturada por divergencias precisamente sobre si Uribe debe, o no, buscar el tercer mandato.
Además, varios dirigentes del oficialismo aspiran a la presidencia y han lanzado sus candidaturas, lo cual pone en duda la aprobación del proyecto de ley, que llamaría a una consulta para que los colombianos elijan si desean modificar la Carta Magna para permitir una segunda reelección.
La Constitución actual permite una única reelección consecutiva por un gobierno de cuatro años. Uribe, de 57 años, fue reelegido en los comicios del 2006 y las próximas elecciones serán en mayo del 2010.
Si el proyecto recibe el visto bueno de la cámara baja, la consulta deberá superar el examen de la Corte Constitucional que dirá si la eventual reforma reeleccionista respeta las normas de la Carta Magna, el examen de la corte puede tomar al menos tres meses.
Si la corte avala el proyecto, las autoridades electorales realizarán la consulta, que será aprobada únicamente si consigue el 25% del padrón electoral, o 7,2 millones de votos.
En medio de denuncias de incumplimiento a la ley, la Cámara de Representantes aplazó nuevamente el miércoles la votación de un proyecto de legislativo para llamar a un referéndum que permitiría un eventual tercer mandato del presidente Alvaro Uribe.
La votación se realizará el próximo martes. Se trata de una resolución clave en el Congreso: si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto, la consulta seguirá adelante, pero una negativa lo hundirá.
La sesión del miércoles fue convocada para las 15:00 horas (2000 GMT) por el presidente de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, pero comenzó poco más de dos horas después con 116 de los 166 representantes y cerró siete horas después.
Los congresistas anularon 56 declaraciones de ``impedimento``, o excusa, para no votar el referéndum en sesión plenaria.
Las normas internas del Congreso indican que cada una de las excusas debe ser aprobada o rechazada en una votación del plenario. El martes este trámite demoró horas y sólo se logró votar 10 de la excusas presentadas, el miércoles se revisaron 56 y quedaron pendientes 41 para el 1 de septiembre. Fue el segundo intento por votar el referéndum.
El día anterior la sesión se extendió por más de ocho horas y fue cerrada al filo de la medianoche. Al menos 92 congresistas, la mayoría del oficialismo, presentaron ante la Cámara sus ``impedimentos`` para votar el proyecto de referéndum alegando que tienen desde inicios de año una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia sobre incumplimientos a la ley en un primer proyecto reeleccionista.
La investigación preliminar se abrió a pedido de un congresista opositor indicando que al menos 86 parlamentarios, al no seguir reglas internas de la Cámara, incurrieron en prevaricación, al votar una primera versión del proyecto de referéndum el 17 de diciembre pasado.
Aunque el oficialismo posee la mayoría frente a los dos principales grupos opositores -el Partido Liberal con 37 representantes y el izquierdista Polo Democrático Alternativo, con ocho- la unidad de la coalición de gobierno se ha visto fracturada por divergencias precisamente sobre si Uribe debe, o no, buscar el tercer mandato.
Además, varios dirigentes del oficialismo aspiran a la presidencia y han lanzado sus candidaturas, lo cual pone en duda la aprobación del proyecto de ley, que llamaría a una consulta para que los colombianos elijan si desean modificar la Carta Magna para permitir una segunda reelección.
La Constitución actual permite una única reelección consecutiva por un gobierno de cuatro años. Uribe, de 57 años, fue reelegido en los comicios del 2006 y las próximas elecciones serán en mayo del 2010.
Si el proyecto recibe el visto bueno de la cámara baja, la consulta deberá superar el examen de la Corte Constitucional que dirá si la eventual reforma reeleccionista respeta las normas de la Carta Magna, el examen de la corte puede tomar al menos tres meses.
Si la corte avala el proyecto, las autoridades electorales realizarán la consulta, que será aprobada únicamente si consigue el 25% del padrón electoral, o 7,2 millones de votos.
miércoles, 5 de agosto de 2009
El uso de bases colombianas por parte de EE UU causa malestar en la región.
Noticia:
Con visitas a seis mandatarios suramericanos, visitas "mudas" porque se harán sin declaraciones a la prensa, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, piensa aplacar la polvareda que generó en la región el acuerdo que permitirá a Estados Unidos el uso de siete bases militares colombianas, para compensar el cierre de las base ecuatoriana de Manta.
La maratoniana gira de Uribe -acompañado del ministro de Exteriores, Jaime Bermúdez- empezó ayer a mediodía e incluye Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Uribe se adelanta así a la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el próximo lunes en Ecuador, donde sus homólogos lo esperaban para pedirle explicaciones sobre las implicaciones del acuerdo, aún no firmado. Quito mantiene rotas sus relaciones diplomáticas con Colombia desde marzo de 2008, por lo que Uribe ha optado por entregar la información directamente a algunos mandatarios de la región suramericana.
Chile y Brasil han expresado su preocupación y piden "transparencia"; Venezuela y Ecuador, que no están incluidos en la gira y han puesto el grito en el cielo, prevén ya un desembarco militar norteamericano.
El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Freddy Padilla, confirmó ayer que EE UU tendrá acceso a siete bases: tres de la Fuerza Aérea, dos de la Marina y dos del Ejército. Se trata de las bases de Cartagena, Larandia (departamento de Caquetá), Tolemaida y Palanquero (Cundinamarca), Málaga, en la región del Pacífico, Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico).
La base de Palanquero, en el centro del país, es la unidad de combate más poderosa de la aviación militar colombiana.
Estados Unidos invertirá 32 millones de euros para adecuar las instalaciones a sus necesidades operativas. Se sabe que llegarán aviones para espionaje electrónico capaces de detectar comunicaciones a miles de metros de altura -los E-3 AWACS y P-3 Orion hasta ahora estacionados en la base ecuatoriana de Manta-, y aeronaves de carga para movilización de equipos. Uno de ellos podría ser el C-17, que genera grandes suspicacias: un documento del Comando Sur, que habla del interés de Estados Unidos en la base de Palanquero, afirma que desde allí, en un avión de este tipo, "se puede cubrir casi la mitad del continente sin reabastecer combustible".
El Gobierno colombiano ha asegurado que no se va a incrementar la presencia de efectivos estadounidenses (limitados a 800 militares y 600 contratistas). A partir de la firma del acuerdo, Colombia contará con más ayuda tecnológica e información de espionaje "en tiempo real", clave en la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el tráfico de armas. La cúpula militar colombiana reconoce que sus éxitos contra la guerrilla los deben en gran parte a esta ayuda, unos 346 millones de euros anuales desde 2001 con el llamado Plan Colombia.
Arlene Tickner, catedrática y analista, cree justificada la preocupación del vecindario. "Con la poca documentación que existe [no se conoce el contenido del acuerdo ni Estados Unidos ha hecho público el por qué de su interés en estas bases] no es evidente que las operaciones se vayan a circunscribir al territorio colombiano", dice Tickner.
Darío Angarita, senador uribista, cree que no hay motivo para alarmas; quedó convencido con la explicación que dio el Gobierno a la Comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada: "Todas las operaciones serán en territorio colombiano; el acuerdo no está diseñado para agredir a nadie, menos a Venezuela o a Ecuador", afirma Argarita.
Estos dos países vecinos son, según las autoridades colombianas, retaguardia para las FARC. Un reciente informe del Congreso estadounidense señala además que Venezuela se ha convertido en santuario del narcotráfico.
miércoles, 20 de mayo de 2009
Uribe, más cerca del tercer mandato.
Noticia:
En una decisión histórica, el Senado colombiano ha aprobado esta madrugada la convocatoria de un referéndum que le permitirá al presidente Álvaro Uribe presentarse como candidato a la segunda reelección en los comicios de 2010, si finalmente así lo decide.
Senadores del Partido Liberal (PL) y del Polo Democrático Alternativo (DPA, izquierda), que han alegado falta de garantías, se han retirado, lo que no ha impedido que las mayorías afines a Uribe consiguieran 62 votos, 10 más de los necesarios para sacar adelante el proyecto. La iniciativa ha tenido cinco votos en contra del total de los 102 senadores de la corporación.
Una vez haya sido aprobado por la Corte Constitucional, que evaluará si la iniciativa se ajusta a la Carta Magna, el referéndum podría convocarse para octubre o noviembre próximo, han asegurado fuentes cercanas a los legisladores.
Dudas sobre Uribe
Pese a que el proyecto beneficia claramente al presidente Uribe, éste no ha dicho abiertamente si será candidato en las elecciones de 2010, aunque el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, sí aseguró que el Gobierno apoya la iniciativa.
A la actitud de Uribe se suma la renuncia, el martes pasado, del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien aspirará a ser elegido en las urnas, siempre y cuando Uribe decida no lanzarse en busca de un tercer mandado. Santos ha señalado este martes, antes de que se votara el referéndum, que antes de octubre próximo Uribe decidirá si busca o no una segunda reelección consecutiva, aunque él tiene la "intuición" de que no lo hará.
Voces en contra
Durante la votación, varios parlamentarios han mostrado su firme rechazo a convocar la consulta. El senador liberal Héctor Helí Rojas ha afirmado que el ministro Valencia compró la aprobación de la Ley. "Esa es una muestra más de que la votación de este referendo es sucia", ha indicado.
El congresista Luis Carlos Avellaneda, del PDA, ha dejado constancia de la salida de ese movimiento en el momento de las votaciones, porque ese proyecto, ha añadido, "da la apertura a la dictadura y a un Gobierno plutocrtico", y con él "se descuartiza" la Constitución colombiana. También la congresista opositora Cecilia López, del PL, ha denunciado que el ministro Valencia recorrió el recinto del Senado, "de bancada en bancada comprando la votación".
Según una encuesta reciente, un 59% de los colombianos piensa votar si se convoca el referéndum para permitir a Uribe una nueva reelección, y de ellos un 84% dirá "sí".
Comentario:
¿Para qué un tercer mandato?
En una decisión histórica, el Senado colombiano ha aprobado esta madrugada la convocatoria de un referéndum que le permitirá al presidente Álvaro Uribe presentarse como candidato a la segunda reelección en los comicios de 2010, si finalmente así lo decide.
Senadores del Partido Liberal (PL) y del Polo Democrático Alternativo (DPA, izquierda), que han alegado falta de garantías, se han retirado, lo que no ha impedido que las mayorías afines a Uribe consiguieran 62 votos, 10 más de los necesarios para sacar adelante el proyecto. La iniciativa ha tenido cinco votos en contra del total de los 102 senadores de la corporación.
Una vez haya sido aprobado por la Corte Constitucional, que evaluará si la iniciativa se ajusta a la Carta Magna, el referéndum podría convocarse para octubre o noviembre próximo, han asegurado fuentes cercanas a los legisladores.
Dudas sobre Uribe
Pese a que el proyecto beneficia claramente al presidente Uribe, éste no ha dicho abiertamente si será candidato en las elecciones de 2010, aunque el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, sí aseguró que el Gobierno apoya la iniciativa.
A la actitud de Uribe se suma la renuncia, el martes pasado, del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien aspirará a ser elegido en las urnas, siempre y cuando Uribe decida no lanzarse en busca de un tercer mandado. Santos ha señalado este martes, antes de que se votara el referéndum, que antes de octubre próximo Uribe decidirá si busca o no una segunda reelección consecutiva, aunque él tiene la "intuición" de que no lo hará.
Voces en contra
Durante la votación, varios parlamentarios han mostrado su firme rechazo a convocar la consulta. El senador liberal Héctor Helí Rojas ha afirmado que el ministro Valencia compró la aprobación de la Ley. "Esa es una muestra más de que la votación de este referendo es sucia", ha indicado.
El congresista Luis Carlos Avellaneda, del PDA, ha dejado constancia de la salida de ese movimiento en el momento de las votaciones, porque ese proyecto, ha añadido, "da la apertura a la dictadura y a un Gobierno plutocrtico", y con él "se descuartiza" la Constitución colombiana. También la congresista opositora Cecilia López, del PL, ha denunciado que el ministro Valencia recorrió el recinto del Senado, "de bancada en bancada comprando la votación".
Según una encuesta reciente, un 59% de los colombianos piensa votar si se convoca el referéndum para permitir a Uribe una nueva reelección, y de ellos un 84% dirá "sí".
Comentario:
¿Para qué un tercer mandato?
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