Noticia:
El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, reconoció que en los cambios que se necesitan en el país, el Congreso de la Unión ha avanzado con reformas graduales, pero faltan cambios “de más audacia”.
Adelantó que para 2010 vendrá una actividad legislativa “más intensa” con la reforma política enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió no demeritar lo logrado, aunque aceptó que sí es insuficiente, por ejemplo, en el avance en reforma fiscal.
“Lo que estamos percibiendo es que hay una agenda todavía muy grande por resolver y qué bueno. El presidente de la República acaba de hacer propuestas de iniciativas, que son muy importantes, que son fundamentales, que se van a sumar a las que ya están, y lo que quiere decir es que va a haber una actividad legislativa muy intensa”.
—¿Ha faltado apoyo de la oposición para ir por estas reformas?
—Hemos ido avanzando con reformas graduales. Ahora lo que se está presentando ya son reformas de más audacia, como una de segunda generación de Pemex; de reforma electoral, que sería una segunda generación, son avances que nos permiten ir aspirando a más.
—¿Esta legislatura le ha quedado a deber a los mexicanos en el Senado?
—Lo que siento es que necesitamos lograr avanzar al doble.
Sobre las críticas de Manuel Espino, ex presidente del PAN, al gobierno federal, en torno a la presencia del Ejército en como parte de la lucha contra el narcotráfico, dijo no coincidir con él.
“Creo que de manera consistente Espino está tratando de ser una voz discordante del Ejecutivo”.
Afirmó que se debe seguir por la estrategia contra el crimen organizado.
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martes, 22 de diciembre de 2009
miércoles, 16 de diciembre de 2009
PRI, ambiguo; PRD, en contra; PAN y empresarios apoyan.
Noticia:
Los partidos en la Cámara de Diputados y en el Senado expresaron posiciones encontradas respecto a la reforma política propuesta ayer por el presidente Felipe Calderón.
El líder de la fracción priísta en San Lázaro, Francisco Rojas, no definió su apoyo o rechazo a la propuesta, sólo mencionó: “Tiene mayor importancia combatir el problema del desempleo y el conjunto de las dificultades de la crisis financiera”.
En el Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones consideró tardía la reforma, pero dijo que marca una pauta para identificar lo que hay que cambiar.
Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del PRD, reprobó la iniciativa, ya que no implica una transformación seria. “No basta otorgar la iniciativa ciudadana cuando quedan pendientes el plebiscito, referéndum, revocación de mandato y la rendición de cuentas”, declaró.
Desde su perspectiva, la reforma es de carácter regresivo y pobre, y va en contra del pluralismo político.
El senador Pablo Gómez (PRD) elogió sólo las candidaturas independientes, “porque limitarán el monopolio de partidos sobre las candidaturas”.
La coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, dijo que la iniciativa presidencial es una plataforma que servirá para modernizar el sistema político.
En la Cámara Alta el coordinador panista, Gustavo Madero, afirmó que los cambios propuestos son incompletos, por lo que el Congreso de la Unión deberá mejorarlos.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial apoyó la reforma porque “premia los buenos resultados y facilita la construcción de acuerdos para entrar al proceso de modernización y desarrollo”.
Los partidos en la Cámara de Diputados y en el Senado expresaron posiciones encontradas respecto a la reforma política propuesta ayer por el presidente Felipe Calderón.
El líder de la fracción priísta en San Lázaro, Francisco Rojas, no definió su apoyo o rechazo a la propuesta, sólo mencionó: “Tiene mayor importancia combatir el problema del desempleo y el conjunto de las dificultades de la crisis financiera”.
En el Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones consideró tardía la reforma, pero dijo que marca una pauta para identificar lo que hay que cambiar.
Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del PRD, reprobó la iniciativa, ya que no implica una transformación seria. “No basta otorgar la iniciativa ciudadana cuando quedan pendientes el plebiscito, referéndum, revocación de mandato y la rendición de cuentas”, declaró.
Desde su perspectiva, la reforma es de carácter regresivo y pobre, y va en contra del pluralismo político.
El senador Pablo Gómez (PRD) elogió sólo las candidaturas independientes, “porque limitarán el monopolio de partidos sobre las candidaturas”.
La coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, dijo que la iniciativa presidencial es una plataforma que servirá para modernizar el sistema político.
En la Cámara Alta el coordinador panista, Gustavo Madero, afirmó que los cambios propuestos son incompletos, por lo que el Congreso de la Unión deberá mejorarlos.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial apoyó la reforma porque “premia los buenos resultados y facilita la construcción de acuerdos para entrar al proceso de modernización y desarrollo”.
jueves, 19 de noviembre de 2009
Diputados: no somos auditores de los recursos.
Noticia:
Diputados de PRI y PAN dijeron que eliminaron candados a las participaciones federales que reciben estados y municipios porque la transparencia y fiscalización de esos recursos no es tarea de los legisladores.
El secretario de la Comisión de Presupuesto, el priísta Jesús Alberto Cano, mencionó que la medida que pretendía la Secretaría de Hacienda ahogaba a las finanzas locales.
“Eran excesos que quitamos. La tarea de fiscalización la hace la Auditoría Superior de la Federación, nosotros no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”, dijo.
El panista Alberto Becerra Pocoroba expresó: “Es correcto. No hay sanciones [contra estados y municipios] porque eso no es labor de los diputados”.
Diputados de PRI y PAN dijeron que eliminaron candados a las participaciones federales que reciben estados y municipios porque la transparencia y fiscalización de esos recursos no es tarea de los legisladores.
El secretario de la Comisión de Presupuesto, el priísta Jesús Alberto Cano, mencionó que la medida que pretendía la Secretaría de Hacienda ahogaba a las finanzas locales.
“Eran excesos que quitamos. La tarea de fiscalización la hace la Auditoría Superior de la Federación, nosotros no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”, dijo.
El panista Alberto Becerra Pocoroba expresó: “Es correcto. No hay sanciones [contra estados y municipios] porque eso no es labor de los diputados”.
viernes, 13 de noviembre de 2009
Exigen que “se les prenda el foco” a los diputados.
Noticia:
A manera de protesta, durante 24 horas hombres y mujeres pedalearon una bicicleta para exigir que los partidos políticos reduzcan en 57% su presupuesto anual.
La bicicleta se encontraba conectada a un generador eléctrico que encedía un foco sobre la cabeza de un maniquí, que representa a un diputado federal, para pedir “que se les prenda el foco a los diputados para que piensen por nosotros y no por sus intereses”, explicó Antonio Martínez Velázquez, uno de los organizadores.
En la víspera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, organizaciones como Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y Ciudadanos Libres, que promovieron el voto nulo en 2009, pusieron en marcha la campaña “¡Ya bájenle!”, la cual busca reducir el financiamiento público a los institutos políticos.
Antonio Martínez Velázquez aseguró que con la disminución de 57% a las prerrogativas de los partidos se tendría un ahorro de mil 700 millones de pesos.
El activista aseguró que en tiempos de crisis económica los ciudadanos no podemos permitir que los gobernantes y los partidos políticos gasten demás, sobre todo en un año que no es electoral.
“Ahora van a recibir 3 mil millones de pesos, sin embargo, le van a bajar a la educación cuando menos 30%, también a ciencia y tecnología y vamos a seguir manteniendo a la burocracia partidista”, criticó.
Andrés Lajous, de Ciudadanos Libres, dijo que el objetivo es llevar una luz de sensibilidad para que los partidos se aprieten el cinturón en esta época de crisis.
No les importa la crisis, denuncian
“Ellos están blindados (en su presupuesto) en la Constitución, sin importar las condiciones económicas del país, por eso les estamos diciendo: ¡Ya bájenle a su prerrogativas!”, aseguró Lajous, quien también participó en el movimiento twittero “internet necesario”, que pugnaba por la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones.
“¡Ya bájenle!” presentó sus propuestas en una reunión que sostuvieron con integrantes de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Martínez “hay reacciones diversas entre los partidos; el PRI y PRD no están de acuerdo. El PAN presentó una iniciativa de ley, pero no cambia de fondo el déficit presupuestal”.
“Nuestra propuesta difiere y es mucho más atractiva, pues se ata el voto al financiamiento público. Obligaríamos a los partidos políticos a hacer campañas con argumentos y proyectos”, dijo el activista.
A manera de protesta, durante 24 horas hombres y mujeres pedalearon una bicicleta para exigir que los partidos políticos reduzcan en 57% su presupuesto anual.
La bicicleta se encontraba conectada a un generador eléctrico que encedía un foco sobre la cabeza de un maniquí, que representa a un diputado federal, para pedir “que se les prenda el foco a los diputados para que piensen por nosotros y no por sus intereses”, explicó Antonio Martínez Velázquez, uno de los organizadores.
En la víspera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, organizaciones como Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y Ciudadanos Libres, que promovieron el voto nulo en 2009, pusieron en marcha la campaña “¡Ya bájenle!”, la cual busca reducir el financiamiento público a los institutos políticos.
Antonio Martínez Velázquez aseguró que con la disminución de 57% a las prerrogativas de los partidos se tendría un ahorro de mil 700 millones de pesos.
El activista aseguró que en tiempos de crisis económica los ciudadanos no podemos permitir que los gobernantes y los partidos políticos gasten demás, sobre todo en un año que no es electoral.
“Ahora van a recibir 3 mil millones de pesos, sin embargo, le van a bajar a la educación cuando menos 30%, también a ciencia y tecnología y vamos a seguir manteniendo a la burocracia partidista”, criticó.
Andrés Lajous, de Ciudadanos Libres, dijo que el objetivo es llevar una luz de sensibilidad para que los partidos se aprieten el cinturón en esta época de crisis.
No les importa la crisis, denuncian
“Ellos están blindados (en su presupuesto) en la Constitución, sin importar las condiciones económicas del país, por eso les estamos diciendo: ¡Ya bájenle a su prerrogativas!”, aseguró Lajous, quien también participó en el movimiento twittero “internet necesario”, que pugnaba por la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones.
“¡Ya bájenle!” presentó sus propuestas en una reunión que sostuvieron con integrantes de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Martínez “hay reacciones diversas entre los partidos; el PRI y PRD no están de acuerdo. El PAN presentó una iniciativa de ley, pero no cambia de fondo el déficit presupuestal”.
“Nuestra propuesta difiere y es mucho más atractiva, pues se ata el voto al financiamiento público. Obligaríamos a los partidos políticos a hacer campañas con argumentos y proyectos”, dijo el activista.
sábado, 3 de octubre de 2009
Diputado pide explicar destino de 33 mil mdp.
Noticia:
El diputado panista Gustavo Parra Noriega, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de México, señaló que solicitará al gobierno estatal informar sobre el destino de 33 mil millones de pesos recibidos de recursos federales adicionales entre 2006 y 2008, por concepto de excedentes petroleros y recaudación fiscal, toda vez que se desconoce su destino.
Parra Noriega detalló que en el 2006, 2007 y 2008 el gobierno del estado de México recibió recursos federales adicionales por un monto total de 33 mil millones de pesos, los cuales no estaban contemplados dentro del presupuesto estatal, aunque las autoridades mexiquenses no informaron en qué se empleó tal dinero, suficiente para pagar la construcción de grandes obras, como el Viaducto Elevado.
Excedentes petroleros
Explicó que tales recursos adicionales provinieron de los excedentes petroleros y de lo recaudado por el gobierno federal con la reforma fiscal que se aplicó en el 2006, los cuales fueron adicionales al presupuesto de las autoridades mexiquenses, que asciende en promedio a 125 mil millones de pesos al año.
“Todavía no sabemos en qué se emplearon”, puntualizó el legislador panista. Parra Noriega indicó que el gobierno mexiquense argumenta que carece de recursos económicos para realizar grandes obras como el Viaducto Elevado Bicentenario o Segundo Piso del Periférico, concesionado a la iniciativa privada, aunque la realidad es que por lo menos en años anteriores sí contó con recursos adicionales, los cuales no estaban dentro del presupuesto estatal anual.
Pide política de austeridad
Asimismo, aseveró que las autoridades del estado de México deben implementar una política de austeridad, que espera se vea reflejada en la propuesta de presupuesto que presente próximamente el gobernador Enrique Peña Nieto a la Legislatura mexiquense.
Indicó que tales medidas de austeridad deben contemplar reducción de salarios de empleados de alto y mediano rango, cancelar plazas de primer nivel y eliminar gastos para viajes y viáticos; “se calcula que habría mil 200 millones de pesos de ahorro”, puntualizó.
Parra Noriega reiteró que sí es posible que el gobierno del Estado de México determine que el uso del Viaducto Elevado sea gratuito, lo que pudiera conseguirse a través de un subsidio gradual, hasta lograr la gratuidad. Puntualizó: “Hay de dónde recortar. Estamos viendo el esfuerzo del gobierno federal y queremos que haya concordancia de los gobiernos estatales. Hacemos un llamado a los gobernadores del PRI y PRD a que hagan ese esfuerzo y entre todos apretarnos el cinturón”.
Por último, dijo que espera que el paquete fiscal que presentará el gobernador Peña Nieto al Congreso local contemple las citadas medidas de austeridad, así como reducción en los gastos del área de Comunicación Social del gobierno estatal, ahorros que se podrían canalizar para obra pública.
El diputado panista Gustavo Parra Noriega, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de México, señaló que solicitará al gobierno estatal informar sobre el destino de 33 mil millones de pesos recibidos de recursos federales adicionales entre 2006 y 2008, por concepto de excedentes petroleros y recaudación fiscal, toda vez que se desconoce su destino.
Parra Noriega detalló que en el 2006, 2007 y 2008 el gobierno del estado de México recibió recursos federales adicionales por un monto total de 33 mil millones de pesos, los cuales no estaban contemplados dentro del presupuesto estatal, aunque las autoridades mexiquenses no informaron en qué se empleó tal dinero, suficiente para pagar la construcción de grandes obras, como el Viaducto Elevado.
Excedentes petroleros
Explicó que tales recursos adicionales provinieron de los excedentes petroleros y de lo recaudado por el gobierno federal con la reforma fiscal que se aplicó en el 2006, los cuales fueron adicionales al presupuesto de las autoridades mexiquenses, que asciende en promedio a 125 mil millones de pesos al año.
“Todavía no sabemos en qué se emplearon”, puntualizó el legislador panista. Parra Noriega indicó que el gobierno mexiquense argumenta que carece de recursos económicos para realizar grandes obras como el Viaducto Elevado Bicentenario o Segundo Piso del Periférico, concesionado a la iniciativa privada, aunque la realidad es que por lo menos en años anteriores sí contó con recursos adicionales, los cuales no estaban dentro del presupuesto estatal anual.
Pide política de austeridad
Asimismo, aseveró que las autoridades del estado de México deben implementar una política de austeridad, que espera se vea reflejada en la propuesta de presupuesto que presente próximamente el gobernador Enrique Peña Nieto a la Legislatura mexiquense.
Indicó que tales medidas de austeridad deben contemplar reducción de salarios de empleados de alto y mediano rango, cancelar plazas de primer nivel y eliminar gastos para viajes y viáticos; “se calcula que habría mil 200 millones de pesos de ahorro”, puntualizó.
Parra Noriega reiteró que sí es posible que el gobierno del Estado de México determine que el uso del Viaducto Elevado sea gratuito, lo que pudiera conseguirse a través de un subsidio gradual, hasta lograr la gratuidad. Puntualizó: “Hay de dónde recortar. Estamos viendo el esfuerzo del gobierno federal y queremos que haya concordancia de los gobiernos estatales. Hacemos un llamado a los gobernadores del PRI y PRD a que hagan ese esfuerzo y entre todos apretarnos el cinturón”.
Por último, dijo que espera que el paquete fiscal que presentará el gobernador Peña Nieto al Congreso local contemple las citadas medidas de austeridad, así como reducción en los gastos del área de Comunicación Social del gobierno estatal, ahorros que se podrían canalizar para obra pública.
viernes, 2 de octubre de 2009
Entre reclamos, instalan Comisión de Hacienda.
Noticia:
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se instaló de manera formal, a 20 días de que venza el plazo legal para avalar la Ley de Ingresos 2010 que, entre otras cosas, pretende gravar con 2% el consumo y con 4% las telecomunicaciones.
El presidente de la misma, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, instaló la comisión, una de las más importantes de las 44 que hay en San Lázaro, en medio de cuestionamientos en torno a su gestión como abogado fiscal.
En sesión, el petista Mario Di Costanzo cuestionó que Becerra Pocoroba sea dueño o socio del despacho Becerra Pocoroba, S.A. —como está en su currículum—, y su desempeño como abogado fiscal al defender a grandes contribuyentes que han representado pérdidas onerosas para el erario.
Acusan conflicto de intereses
El petista pidió una explicación en torno a lo que llamó un conflicto de intereses.
“Cómo nos puede usted garantizar imparcialidad en este cargo, sobre todo porque velamos por los intereses del pueblo y no de los grandes contribuyentes.
“Usted no ha perdido ni un amparo, hay temas en la agenda que vamos a empezar a analizar y algunos facilitan el amparo de los grandes contribuyentes, no queremos crear monstruos como ya se han creado, como lo vivimos con el auditor, no queremos más Diegos (Fernández de Cevallos), ni más Fauzis (Hamdan), debemos estar en la certeza de que no hay conflicto de intereses”, dijo.
Garantizan honestidad
Becerra respondió que es abogado fiscal desde hace 30 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho de la cual fue profesor y catedrático, y que se dedica al ejercicio libre de su profesión.
“No soy socio de Diego, ni de Fauzi, he sido socio de Salvador Rocha y de muchos connotados abogados del país, he manejado asuntos en el ámbito administrativo y constitucional. No me dedico a asesorías y no promuevo amparos masivos, ejerzo libremente, puedo afirmar aquí con la absoluta convicción de velar por el trabajo legislativo. No manejo hoy en día ningún asunto fiscal, renunciaré a ellos en esta Legislatura para evitar sospechas o suspicacias, como usted lo llama”, señaló.
Sin embargo, no aclaró nada en torno al bufete que por los apellidos se infiere que es de él.
A esas objeciones se sumó el PRD, en voz de José Narro, y coincidieron en buscar una instancia neutral que dé una opinión en torno a si hay o no conflicto de intereses, y verificar que no lleva una doble actividad, como diputado y como abogado fiscal.
Los priístas se dedicaron sólo a escuchar, pero sí aceptaron agendar el tema para la siguiente sesión ordinaria y decidir si investigan o no la gestión empresarial del hoy presidente de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se instaló de manera formal, a 20 días de que venza el plazo legal para avalar la Ley de Ingresos 2010 que, entre otras cosas, pretende gravar con 2% el consumo y con 4% las telecomunicaciones.
El presidente de la misma, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, instaló la comisión, una de las más importantes de las 44 que hay en San Lázaro, en medio de cuestionamientos en torno a su gestión como abogado fiscal.
En sesión, el petista Mario Di Costanzo cuestionó que Becerra Pocoroba sea dueño o socio del despacho Becerra Pocoroba, S.A. —como está en su currículum—, y su desempeño como abogado fiscal al defender a grandes contribuyentes que han representado pérdidas onerosas para el erario.
Acusan conflicto de intereses
El petista pidió una explicación en torno a lo que llamó un conflicto de intereses.
“Cómo nos puede usted garantizar imparcialidad en este cargo, sobre todo porque velamos por los intereses del pueblo y no de los grandes contribuyentes.
“Usted no ha perdido ni un amparo, hay temas en la agenda que vamos a empezar a analizar y algunos facilitan el amparo de los grandes contribuyentes, no queremos crear monstruos como ya se han creado, como lo vivimos con el auditor, no queremos más Diegos (Fernández de Cevallos), ni más Fauzis (Hamdan), debemos estar en la certeza de que no hay conflicto de intereses”, dijo.
Garantizan honestidad
Becerra respondió que es abogado fiscal desde hace 30 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho de la cual fue profesor y catedrático, y que se dedica al ejercicio libre de su profesión.
“No soy socio de Diego, ni de Fauzi, he sido socio de Salvador Rocha y de muchos connotados abogados del país, he manejado asuntos en el ámbito administrativo y constitucional. No me dedico a asesorías y no promuevo amparos masivos, ejerzo libremente, puedo afirmar aquí con la absoluta convicción de velar por el trabajo legislativo. No manejo hoy en día ningún asunto fiscal, renunciaré a ellos en esta Legislatura para evitar sospechas o suspicacias, como usted lo llama”, señaló.
Sin embargo, no aclaró nada en torno al bufete que por los apellidos se infiere que es de él.
A esas objeciones se sumó el PRD, en voz de José Narro, y coincidieron en buscar una instancia neutral que dé una opinión en torno a si hay o no conflicto de intereses, y verificar que no lleva una doble actividad, como diputado y como abogado fiscal.
Los priístas se dedicaron sólo a escuchar, pero sí aceptaron agendar el tema para la siguiente sesión ordinaria y decidir si investigan o no la gestión empresarial del hoy presidente de la Comisión de Hacienda.
Entre reclamos, instalan Comisión de Hacienda.
Noticia:
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se instaló de manera formal, a 20 días de que venza el plazo legal para avalar la Ley de Ingresos 2010 que, entre otras cosas, pretende gravar con 2% el consumo y con 4% las telecomunicaciones.
El presidente de la misma, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, instaló la comisión, una de las más importantes de las 44 que hay en San Lázaro, en medio de cuestionamientos en torno a su gestión como abogado fiscal.
En sesión, el petista Mario Di Costanzo cuestionó que Becerra Pocoroba sea dueño o socio del despacho Becerra Pocoroba, S.A. —como está en su currículum—, y su desempeño como abogado fiscal al defender a grandes contribuyentes que han representado pérdidas onerosas para el erario.
Acusan conflicto de intereses
El petista pidió una explicación en torno a lo que llamó un conflicto de intereses.
“Cómo nos puede usted garantizar imparcialidad en este cargo, sobre todo porque velamos por los intereses del pueblo y no de los grandes contribuyentes.
“Usted no ha perdido ni un amparo, hay temas en la agenda que vamos a empezar a analizar y algunos facilitan el amparo de los grandes contribuyentes, no queremos crear monstruos como ya se han creado, como lo vivimos con el auditor, no queremos más Diegos (Fernández de Cevallos), ni más Fauzis (Hamdan), debemos estar en la certeza de que no hay conflicto de intereses”, dijo.
Garantizan honestidad
Becerra respondió que es abogado fiscal desde hace 30 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho de la cual fue profesor y catedrático, y que se dedica al ejercicio libre de su profesión.
“No soy socio de Diego, ni de Fauzi, he sido socio de Salvador Rocha y de muchos connotados abogados del país, he manejado asuntos en el ámbito administrativo y constitucional. No me dedico a asesorías y no promuevo amparos masivos, ejerzo libremente, puedo afirmar aquí con la absoluta convicción de velar por el trabajo legislativo. No manejo hoy en día ningún asunto fiscal, renunciaré a ellos en esta Legislatura para evitar sospechas o suspicacias, como usted lo llama”, señaló.
Sin embargo, no aclaró nada en torno al bufete que por los apellidos se infiere que es de él.
A esas objeciones se sumó el PRD, en voz de José Narro, y coincidieron en buscar una instancia neutral que dé una opinión en torno a si hay o no conflicto de intereses, y verificar que no lleva una doble actividad, como diputado y como abogado fiscal.
Los priístas se dedicaron sólo a escuchar, pero sí aceptaron agendar el tema para la siguiente sesión ordinaria y decidir si investigan o no la gestión empresarial del hoy presidente de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se instaló de manera formal, a 20 días de que venza el plazo legal para avalar la Ley de Ingresos 2010 que, entre otras cosas, pretende gravar con 2% el consumo y con 4% las telecomunicaciones.
El presidente de la misma, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, instaló la comisión, una de las más importantes de las 44 que hay en San Lázaro, en medio de cuestionamientos en torno a su gestión como abogado fiscal.
En sesión, el petista Mario Di Costanzo cuestionó que Becerra Pocoroba sea dueño o socio del despacho Becerra Pocoroba, S.A. —como está en su currículum—, y su desempeño como abogado fiscal al defender a grandes contribuyentes que han representado pérdidas onerosas para el erario.
Acusan conflicto de intereses
El petista pidió una explicación en torno a lo que llamó un conflicto de intereses.
“Cómo nos puede usted garantizar imparcialidad en este cargo, sobre todo porque velamos por los intereses del pueblo y no de los grandes contribuyentes.
“Usted no ha perdido ni un amparo, hay temas en la agenda que vamos a empezar a analizar y algunos facilitan el amparo de los grandes contribuyentes, no queremos crear monstruos como ya se han creado, como lo vivimos con el auditor, no queremos más Diegos (Fernández de Cevallos), ni más Fauzis (Hamdan), debemos estar en la certeza de que no hay conflicto de intereses”, dijo.
Garantizan honestidad
Becerra respondió que es abogado fiscal desde hace 30 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho de la cual fue profesor y catedrático, y que se dedica al ejercicio libre de su profesión.
“No soy socio de Diego, ni de Fauzi, he sido socio de Salvador Rocha y de muchos connotados abogados del país, he manejado asuntos en el ámbito administrativo y constitucional. No me dedico a asesorías y no promuevo amparos masivos, ejerzo libremente, puedo afirmar aquí con la absoluta convicción de velar por el trabajo legislativo. No manejo hoy en día ningún asunto fiscal, renunciaré a ellos en esta Legislatura para evitar sospechas o suspicacias, como usted lo llama”, señaló.
Sin embargo, no aclaró nada en torno al bufete que por los apellidos se infiere que es de él.
A esas objeciones se sumó el PRD, en voz de José Narro, y coincidieron en buscar una instancia neutral que dé una opinión en torno a si hay o no conflicto de intereses, y verificar que no lleva una doble actividad, como diputado y como abogado fiscal.
Los priístas se dedicaron sólo a escuchar, pero sí aceptaron agendar el tema para la siguiente sesión ordinaria y decidir si investigan o no la gestión empresarial del hoy presidente de la Comisión de Hacienda.
domingo, 13 de septiembre de 2009
PAN pide debate responsable a PRD.
Noticia:
La coordinadora de AN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, llamó al PRD a dialogar y discutir por la vía institucional, en términos responsables y democráticos, el paquete económico 2010 del gobierno federal.
Lo anterior, por el amago de algunas corrientes perredistas de radicalizar sus movilizaciones e incluso tomar la tribuna del Congreso de la Unión, ante una eventual aprobación de un gravamen de 2% adicional a bienes y servicios.
Pese a críticas por elevar impuestos, Vázquez Mota dijo que no hay plan “B”; primero debe analizarse la iniciativa federal y en la ruta “iremos encontrando los mejores escenarios”, dijo.
El PRD, por medio del diputado Vidal Llerenas, respondió que están dispuestos a negociar, pero reiteró que no aceptarán el 2% sobre bienes y servicios.
El encargado del área económica de la bancada perredista en San Lázaro descartó tomas de tribunas; por el contrario, dijo que contribuirán al debate y a discutir el Presupuesto de Egresos del próximo año.
Pero cuestionó las bases de entendimiento y diálogo porque de entrada, el gobierno “no cumple” acuerdos, pues de 3 mil millones pesos aprobados al proyecto para la línea 12 del Metro, Hacienda de manera unilateral recortó 430 millones de pesos del Presupuesto 2009.
“Entonces, ¿sobre qué base puede haber entendimiento y diálogo?”, cuestionó.
Sobre las críticas de la oposición y empresarios contra aumentar el impuesto al consumo, el senador panista Gustavo Madero dijo que el cobro de 2% beneficiará a los ciudadanos más pobres del país.
“El Ejecutivo ya puso la muestra. Tenemos que seguir en el Legislativo, pero también los empresarios deben entrar en la misma lógica de eliminar los privilegios. A ellos también les corresponde esta pequeña contribución de 2% que será para atender la pobreza”, dijo.
El secretario particular del presidente Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, aseguró que los impuestos nunca han sido agradables, “pero son necesarios para que los países crezcan”.
Dijo que la Presidencia de la República está dispuesta a modificar el paquete económico que envió al Congreso.
Detalló que “siempre que un Ejecutivo envía al Congreso sus propuestas anticipa que está abierto al diálogo para encontrar la mejor solución entre todos”.
La coordinadora de AN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, llamó al PRD a dialogar y discutir por la vía institucional, en términos responsables y democráticos, el paquete económico 2010 del gobierno federal.
Lo anterior, por el amago de algunas corrientes perredistas de radicalizar sus movilizaciones e incluso tomar la tribuna del Congreso de la Unión, ante una eventual aprobación de un gravamen de 2% adicional a bienes y servicios.
Pese a críticas por elevar impuestos, Vázquez Mota dijo que no hay plan “B”; primero debe analizarse la iniciativa federal y en la ruta “iremos encontrando los mejores escenarios”, dijo.
El PRD, por medio del diputado Vidal Llerenas, respondió que están dispuestos a negociar, pero reiteró que no aceptarán el 2% sobre bienes y servicios.
El encargado del área económica de la bancada perredista en San Lázaro descartó tomas de tribunas; por el contrario, dijo que contribuirán al debate y a discutir el Presupuesto de Egresos del próximo año.
Pero cuestionó las bases de entendimiento y diálogo porque de entrada, el gobierno “no cumple” acuerdos, pues de 3 mil millones pesos aprobados al proyecto para la línea 12 del Metro, Hacienda de manera unilateral recortó 430 millones de pesos del Presupuesto 2009.
“Entonces, ¿sobre qué base puede haber entendimiento y diálogo?”, cuestionó.
Sobre las críticas de la oposición y empresarios contra aumentar el impuesto al consumo, el senador panista Gustavo Madero dijo que el cobro de 2% beneficiará a los ciudadanos más pobres del país.
“El Ejecutivo ya puso la muestra. Tenemos que seguir en el Legislativo, pero también los empresarios deben entrar en la misma lógica de eliminar los privilegios. A ellos también les corresponde esta pequeña contribución de 2% que será para atender la pobreza”, dijo.
El secretario particular del presidente Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, aseguró que los impuestos nunca han sido agradables, “pero son necesarios para que los países crezcan”.
Dijo que la Presidencia de la República está dispuesta a modificar el paquete económico que envió al Congreso.
Detalló que “siempre que un Ejecutivo envía al Congreso sus propuestas anticipa que está abierto al diálogo para encontrar la mejor solución entre todos”.
domingo, 6 de septiembre de 2009
Desaparecieron en 16 años 7,436 bienes de San Lázaro.
Noticia:
De 1993 a 2009, en la Cámara de Diputados se han perdido 7 mil 436 objetos y mobiliario adquiridos con recursos públicos y que de la noche a la mañana desparecieron de San Lázaro.
Los 7 mil 436 bienes que se reportan como faltantes estaban asignados a los grupos parlamentarios y, por ello, no se ejerció ninguna acción penal o administrativa, pues a los diputados federales se les respeta su fuero sobre cualquier anomalía.
Incluso, las autoridades internas admitieron que no pueden investigar qué pasó con los miles de bienes muebles perdidos.
“En consecuencia, para las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y de Resguardo y Seguridad, así como para la Contraloría Interna de este órgano legislativo, resulta complejo y con un costo elevado realizar la investigación de los hechos y, en su caso, emitir el dictamen jurídico correspondiente o la resolución o acuerdo de archivo que igualmente proceda”, señaló.
Una larga lista
Entre los objetos perdidos hay teclados de computadora, bocinas, CPU, sillas, sillones tipo ejecutivo, libreros, sacapuntas eléctricos, mesas y escritorios, lámparas, cafeteras eléctricas, refrigeradores, purificadores de aire, televisores e impresoras.
“Con el propósito de coadyuvar a que se puedan dar de baja del Sistema de Inventarios los bienes pendientes de ubicar y aclarar, se llevó a cabo un análisis de la información y documentación de cada uno de los dichos bienes, así como de la normatividad que regula la administración de los bienes muebles”, señala el acta del Comité de Administración de la anterior legislatura, del día 29 de julio pasado.
Además de lo reportado como bienes perdidos, la Cámara de Diputados ha registrado 3 mil 923 faltantes menores como sacapuntas eléctricos, cargadores de celular, batería de no break o de celular, libros, cestos de basura, gatos hidráulicos o mecánicos, micrófonos, autoestéreos, refacciones, accesorios de cómputo y mouses, paquetería de software, patentes y regalías.
Costo sin estimar
Del total de las pérdidas —de las cuales no existe un estimado en dinero—, bancadas partidistas han repuesto 61; de ellos 15 son reguladores y 12 ventiladores.
La Dirección de Almacén, Proveeduría e Inventarios, de la subdirección de Inventarios, presentó el documento —del cual tiene una copia EL UNIVERSAL— titulado Bienes localizados y reincorporados al sistema de inventarios y en él detalló uno a uno los bienes desaparecidos.
Algunos se etiquetaron como bajas definitivas y otros, los menos, como parte de una enajenación o donación, pero estos últimos tampoco cumplieron las normas establecidas para dar de baja los objetos.
Seguridad vulnerable
Cada uno de los bienes de la Cámara —a excepción de la papelería— tiene una etiqueta con un número de serie que es revisado eventualmente por las autoridades de almacén y resguardo.
Por ejemplo, en la sala de prensa donde están colocados más de 50 lugares para representantes de los medios de comunicación, hay computadoras, sillas, archiveros, muebles y teléfonos que tienen un número de registro, y son verificados regularmente.
Sin embargo, a los diputados no se les revisa cuando salen en sus autos y si llevan algún aparato es difícil cuestionarlos.
Hay objetos como teclados, bocinas o teléfonos que bien podrían ser sacados de las instalaciones sin que nadie se dé cuenta, pero hay también escritorios, mesas, sillones ejecutivos, sillas secretariales o tubulares, impresoras, archiveros de madera, purificadores de aire, ventiladores de pedestal, libreros de madera, sofás, cafeteras eléctricas, faxes y máquinas de escribir que por su tamaño pudieron no ser vistos cuando fueron extraídos de las oficinas e instalaciones.
De 1993 a 2009, en la Cámara de Diputados se han perdido 7 mil 436 objetos y mobiliario adquiridos con recursos públicos y que de la noche a la mañana desparecieron de San Lázaro.
Los 7 mil 436 bienes que se reportan como faltantes estaban asignados a los grupos parlamentarios y, por ello, no se ejerció ninguna acción penal o administrativa, pues a los diputados federales se les respeta su fuero sobre cualquier anomalía.
Incluso, las autoridades internas admitieron que no pueden investigar qué pasó con los miles de bienes muebles perdidos.
“En consecuencia, para las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y de Resguardo y Seguridad, así como para la Contraloría Interna de este órgano legislativo, resulta complejo y con un costo elevado realizar la investigación de los hechos y, en su caso, emitir el dictamen jurídico correspondiente o la resolución o acuerdo de archivo que igualmente proceda”, señaló.
Una larga lista
Entre los objetos perdidos hay teclados de computadora, bocinas, CPU, sillas, sillones tipo ejecutivo, libreros, sacapuntas eléctricos, mesas y escritorios, lámparas, cafeteras eléctricas, refrigeradores, purificadores de aire, televisores e impresoras.
“Con el propósito de coadyuvar a que se puedan dar de baja del Sistema de Inventarios los bienes pendientes de ubicar y aclarar, se llevó a cabo un análisis de la información y documentación de cada uno de los dichos bienes, así como de la normatividad que regula la administración de los bienes muebles”, señala el acta del Comité de Administración de la anterior legislatura, del día 29 de julio pasado.
Además de lo reportado como bienes perdidos, la Cámara de Diputados ha registrado 3 mil 923 faltantes menores como sacapuntas eléctricos, cargadores de celular, batería de no break o de celular, libros, cestos de basura, gatos hidráulicos o mecánicos, micrófonos, autoestéreos, refacciones, accesorios de cómputo y mouses, paquetería de software, patentes y regalías.
Costo sin estimar
Del total de las pérdidas —de las cuales no existe un estimado en dinero—, bancadas partidistas han repuesto 61; de ellos 15 son reguladores y 12 ventiladores.
La Dirección de Almacén, Proveeduría e Inventarios, de la subdirección de Inventarios, presentó el documento —del cual tiene una copia EL UNIVERSAL— titulado Bienes localizados y reincorporados al sistema de inventarios y en él detalló uno a uno los bienes desaparecidos.
Algunos se etiquetaron como bajas definitivas y otros, los menos, como parte de una enajenación o donación, pero estos últimos tampoco cumplieron las normas establecidas para dar de baja los objetos.
Seguridad vulnerable
Cada uno de los bienes de la Cámara —a excepción de la papelería— tiene una etiqueta con un número de serie que es revisado eventualmente por las autoridades de almacén y resguardo.
Por ejemplo, en la sala de prensa donde están colocados más de 50 lugares para representantes de los medios de comunicación, hay computadoras, sillas, archiveros, muebles y teléfonos que tienen un número de registro, y son verificados regularmente.
Sin embargo, a los diputados no se les revisa cuando salen en sus autos y si llevan algún aparato es difícil cuestionarlos.
Hay objetos como teclados, bocinas o teléfonos que bien podrían ser sacados de las instalaciones sin que nadie se dé cuenta, pero hay también escritorios, mesas, sillones ejecutivos, sillas secretariales o tubulares, impresoras, archiveros de madera, purificadores de aire, ventiladores de pedestal, libreros de madera, sofás, cafeteras eléctricas, faxes y máquinas de escribir que por su tamaño pudieron no ser vistos cuando fueron extraídos de las oficinas e instalaciones.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Poca accesibilidad para personas con discapacidad en San Lázaro.
Noticia:
En apariencia, las instalaciones de la Cámara de Diputados son accesibles. Pero en los hechos, recorrer sus pasillos, salones, oficinas y patios implica todo un reto para las personas que presentan alguna discapacidad.
Así lo fue para Yolanda de la Torre (PRI) y Claudia Anaya (PRD), dos diputadas federales que durante tres años legislarán en el Congreso de la Unión y quienes, en su primera visita a San Lázaro para registrarse, encontraron algunos obstáculos arquitectónicos.
Una vez que iniciaron los trabajos de la nueva legislatura, se realizaron obras de adecuación en el salón de sesiones para que las legisladoras puedan ocupar una curul y acceder a tribuna.
Sin embargo, afuera, en pasillos, patios y entradas a los edificios hay rampas que no cumplen con la norma de accesibilidad por su alto grado de inclinación y otras que están colocadas de manera provisional con tablones que dificultan el libre tránsito con silla de ruedas.
En otros casos, como la sala de prensa ubicada en el área de la Coordinación de Comunicación Social, no hay condiciones para que las diputadas y cualquier persona que requiera silla de ruedas pueda ingresar porque sólo hay escaleras.
Ambas legisladoras consideran que, en general, hay condiciones de accesibilidad que son “perfectibles” y que deben corregirse en beneficio no sólo de las personas con discapacidad, sino también de la tercera edad, mujeres embarazadas y con carriolas.
Pero además, la diputada Yolanda de la Torre, originaria de Durango, ha enfrentado otra dificultad para residir en el Distrito Federal, pues ha visitado decenas de departamentos y no ha podido ubicarse en ninguno por falta de condiciones arquitectónicas necesarias.
“Todos son departamentos nuevos muy pequeños y en los baños no puedo pasar con la silla de ruedas. Y los departamentos viejos son de dos pisos y con escaleras”, comentó.
En apariencia, las instalaciones de la Cámara de Diputados son accesibles. Pero en los hechos, recorrer sus pasillos, salones, oficinas y patios implica todo un reto para las personas que presentan alguna discapacidad.
Así lo fue para Yolanda de la Torre (PRI) y Claudia Anaya (PRD), dos diputadas federales que durante tres años legislarán en el Congreso de la Unión y quienes, en su primera visita a San Lázaro para registrarse, encontraron algunos obstáculos arquitectónicos.
Una vez que iniciaron los trabajos de la nueva legislatura, se realizaron obras de adecuación en el salón de sesiones para que las legisladoras puedan ocupar una curul y acceder a tribuna.
Sin embargo, afuera, en pasillos, patios y entradas a los edificios hay rampas que no cumplen con la norma de accesibilidad por su alto grado de inclinación y otras que están colocadas de manera provisional con tablones que dificultan el libre tránsito con silla de ruedas.
En otros casos, como la sala de prensa ubicada en el área de la Coordinación de Comunicación Social, no hay condiciones para que las diputadas y cualquier persona que requiera silla de ruedas pueda ingresar porque sólo hay escaleras.
Ambas legisladoras consideran que, en general, hay condiciones de accesibilidad que son “perfectibles” y que deben corregirse en beneficio no sólo de las personas con discapacidad, sino también de la tercera edad, mujeres embarazadas y con carriolas.
Pero además, la diputada Yolanda de la Torre, originaria de Durango, ha enfrentado otra dificultad para residir en el Distrito Federal, pues ha visitado decenas de departamentos y no ha podido ubicarse en ninguno por falta de condiciones arquitectónicas necesarias.
“Todos son departamentos nuevos muy pequeños y en los baños no puedo pasar con la silla de ruedas. Y los departamentos viejos son de dos pisos y con escaleras”, comentó.
viernes, 21 de agosto de 2009
Los privilegios de un portafolio transparente.
Noticia:
Llegó la transparencia a la Cámara de Diputados. Por algo se empieza. Y transparentes, de plástico, son los portafolios que reciben al acreditarse quienes en unos días más rendirán protesta e integrarán la nueva legislatura.
Portafolios que permitían ver su contenido: diversos textos, la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el reglamento, un manual, un pin y en una carpeta, las indicaciones de cómo poder disfrutar de los privilegios por ser representantes del pueblo.
Así, uno a uno, una a una, quienes acudieron a registrarse, supieron que contarán con cuatro boletos de avión al mes, viajes redondos a sus lugares de origen; que quienes vivan a menos de 300 kilómetros de la ciudad de México tendrán pago de gasolina y tarjeta IAVE para las casetas. Y seguros de gastos médicos y de vida, y 152 mil pesos al mes, parte de ellos sus sueldos, pero también para sus funciones. Les será depositado en sus cuentas, si ya las tienen o podrán abrir nuevas.
Comenzaron a llegar. El primero, antes de las 10 de la mañana, Rigoberto Salgado del PRD. Luego otros del mismo partido, de PT y Convergencia. Se le esperaba y no llegaba, Gerardo Fernádez Noroña. El leal seguidor de Andrés Manuel López Obrador intentó en el pasado ingresar al recinto. No lo dejaron. Ayer que podía hacerlo sin problemas, por la puerta grande, no aparecía.
Entraban al Salón de Protocolo y comenzaba la transformación: recibían el trato de “señor diputado” o “señora diputada”, les tomaban la foto y, en la planta alta, ocupaban una curul y aprendían a votar con los botones verde, rojo y amarillo.
Otra importante instrucción: la de colocar el dedo para que el sistema reconozca la huella y oficialice la asistencia para que puedan debatir, subir a tribuna y no se les descuente la dieta.
Mientras todo eso ocurría, de entre los que salen varios perredistas se reunían: acordaban exigir a quien fue su coordinador, Javier González, que les rindan cuentas. A muchos no les han pagado el aguinaldo, cerca de 60 mil pesos por persona.
“El problema es que aquí todo es opaco, nebuloso; sólo unos cuantos saben cómo se maneja el dinero”, decía la tabasqueña Mónica Fernández Balboa.
Del Salón de Protocolo salía la transparencia. Porque los portafolios permitían ver las instrucciones para recibir los privilegios acostumbrados.
Llegó la transparencia a la Cámara de Diputados. Por algo se empieza. Y transparentes, de plástico, son los portafolios que reciben al acreditarse quienes en unos días más rendirán protesta e integrarán la nueva legislatura.
Portafolios que permitían ver su contenido: diversos textos, la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el reglamento, un manual, un pin y en una carpeta, las indicaciones de cómo poder disfrutar de los privilegios por ser representantes del pueblo.
Así, uno a uno, una a una, quienes acudieron a registrarse, supieron que contarán con cuatro boletos de avión al mes, viajes redondos a sus lugares de origen; que quienes vivan a menos de 300 kilómetros de la ciudad de México tendrán pago de gasolina y tarjeta IAVE para las casetas. Y seguros de gastos médicos y de vida, y 152 mil pesos al mes, parte de ellos sus sueldos, pero también para sus funciones. Les será depositado en sus cuentas, si ya las tienen o podrán abrir nuevas.
Comenzaron a llegar. El primero, antes de las 10 de la mañana, Rigoberto Salgado del PRD. Luego otros del mismo partido, de PT y Convergencia. Se le esperaba y no llegaba, Gerardo Fernádez Noroña. El leal seguidor de Andrés Manuel López Obrador intentó en el pasado ingresar al recinto. No lo dejaron. Ayer que podía hacerlo sin problemas, por la puerta grande, no aparecía.
Entraban al Salón de Protocolo y comenzaba la transformación: recibían el trato de “señor diputado” o “señora diputada”, les tomaban la foto y, en la planta alta, ocupaban una curul y aprendían a votar con los botones verde, rojo y amarillo.
Otra importante instrucción: la de colocar el dedo para que el sistema reconozca la huella y oficialice la asistencia para que puedan debatir, subir a tribuna y no se les descuente la dieta.
Mientras todo eso ocurría, de entre los que salen varios perredistas se reunían: acordaban exigir a quien fue su coordinador, Javier González, que les rindan cuentas. A muchos no les han pagado el aguinaldo, cerca de 60 mil pesos por persona.
“El problema es que aquí todo es opaco, nebuloso; sólo unos cuantos saben cómo se maneja el dinero”, decía la tabasqueña Mónica Fernández Balboa.
Del Salón de Protocolo salía la transparencia. Porque los portafolios permitían ver las instrucciones para recibir los privilegios acostumbrados.
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