Noticia:
La Procuraduría mexiquense usará los 30 días de arraigo dictado en contra de Mauricio Gebara y Lisette Farah, así como de las niñeras Éricka y Martha Casimiro para determinar si las contradicciones e inconsistencia en los testimonios de las cuatro personas que presuntamente vieron a Paulette antes de su desaparición, ocurrida entre la noche del domingo 21 y la mañana del lunes 22 de marzo, son producto del dolo, el estrés o o la influencia de terceros.
Así lo detalló ayer en entrevista radiofónica el subprocurador regional en Cuautitlán Izcalli, Alfredo Castillo Cervantes, quien aseguró que antes de solicitar el arraigo platicaron sobre esta medida con los papás de Paulette.
“Nosotros consideramos que era el momento de aislar a cada uno de ellos para poder dilucidar esta serie de contradicciones y determinar, junto con muchas otras pruebas, si han sido de manera dolosa o en todo caso ha sido la presión, el estrés, las influencias o todo lo que ha sucedido lo que los ha llevado (a las contradicciones)”, dijo.
El funcionario mexiquense reiteró que de momento ninguna de las cuatro personas son sospechosas de la desaparición de la menor de cuatro años.
“Que lástima que no exista un eufemismo para la palabra arraigo”, indicó al tiempo que reconoció que se trata de una medida atípica y hasta agresiva. “Nosotros antes de arraigarlos platicamos con ellos y nos dijero, hasta ayer, hagan lo que tengan que hacer”.
Una vez que se cumplan los 30 días de arraigo, que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Toluca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tendrá que poner en libertad o solicitar una orden de aprehensión en contra de estas cuatro personas.
Familia no cuestiona arraigo
Anoche, Margaret Guevara, tía de Paulette, dio un voto de confianza a las investigaciones que realiza la Procuraduría mexiquense para localizar a su sobrina.
Consideró que la posibilidad de que Paulette haya sido víctima de un secuestro está prácticamente descartada, no obstante, se negó comentar si las investigaciones que realiza la policía judicial de la entidad pudieran derivar en fincar algún tipo de responsabilidad a su hermano o su cuñada.
“Tenemos toda la confianza en la Procuraduría estatal, sabemos que realizan su trabajo”, expresó Margaret Guevara, entrevistada anoche a las afueras de la casa de arraigo.
Visita familiar
La tarde del martes, en Toluca, el abuelo y tía de la menor Paulette acudieron al hotel que utiliza la procuraduría mexiquense como casa de arraigo, donde se entrevistaron con Mauricio Gebara y Lisette Farah, aunque salieron sin hacer declaraciones a los medios.
En esa casa de arraigo, ubicada en la calle de Hidalgo esquina con Isidro Fabela de la ciudad de Toluca, la Procuraduría mexiquense ha llevado a personas detenidas vinculadas con delincuencia organizada, entre otros delitos.
Cooperación en el DF
En torno a este caso, la Procuraduría General de Justicia del DF ha dado a conocer que coopera con las investigaciones que realiza su contraparte mexiquense para dar con Paulette, aunque de momento no hay indicios de que la menor se hubiera encontrado en el DF.
No obstante, la PGJDF ha realizado al menos siete cateos en distintas casas de la ciudad de México, algunas de ellas en la zona de Las Lomas, donde pudiera estar la menor o rastros que lleven a su ubicación; sin embargo no se han obtenido nuevas pistas del caso.
De acuerdo con el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, el arraigo se decretó para “hacer un análisis más profundo de los hechos”, no sólo porque fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la menor, sino también porque en sus primeras declaraciones hay inconsistencias.
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miércoles, 31 de marzo de 2010
martes, 30 de marzo de 2010
Los papás de Paulette, bajo arraigo por inconsistencias.
Noticia:
El caso de Paulette Gebara Farah, la niña de cuatro años que desapareció entre el domingo 21 y el lunes 22 de marzo, tomó la tarde de ayer un nuevo giro.
El procurador general de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz, informó que la dependencia a su cargo solicitó órdenes de arraigo en contra de los padres de la menor, así como de las dos niñeras encargadas de vigilarla.
“En este momento podemos decir que derivado de estas exhaustivas investigaciones, podemos determinar que por lo menos los cuatro adultos que estuvieron en la casa, vertieron en distintas ocasiones versiones distintas y contrarias, y por lo tanto existen inconsistencias que nos implica hacer un análisis más profundo de los hechos”, dijo.
En conferencia de prensa, Bazbaz detalló que esta medida, autorizada ayer mismo por el juez tercero con sede en el penal de Barrientos, en contra de Mauricio Gebara y Lisette Farah —padres de Paulette—, así como de Éricka y Martha Casimiro —trabajadoras domésticas—, obedece a las contradicciones reiteradas e inconsistencias detectadas entre quienes son los principales testigos de la última vez que Paulette fue vista.
“Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y establecer una firme línea de investigación”, subrayó.
No obstante, el procurador de Justicia mexiquense aclaró que el arraigo solicitado es únicamente para garantizar el contacto permanente con los cuatro adultos que estuvieron en contacto con la niña antes de que desapareciera.
“La solicitud de arraigo en este momento no implica de ninguna forma que exista certeza de que alguno de ellos hubiera participado en la sustracción; simplemente es para resolver las inconsistencias en sus declaraciones”, precisó al tiempo que aseguró que las cuatro personas han colaborado permanentemente con las investigaciones.
El lunes 22 de marzo, la Procuraduría mexiquense inició con las investigaciones en torno a la desaparición de Paulette, ocurrida en su domicilio en el conjunto habitacional Porto Vita 2, ubicado en la zona de Interlomas del municipio de Huixquilucan, en el estado de México.
Se trata de una menor de cuatro años quien tiene una discapacidad motriz y de lenguaje, y una cicatriz en la espalda.
Desde entonces, explicó Bazbaz en conferencia de prensa, en las diversas versiones de los hechos que han narrado tanto los padres de la menor como las niñeras, hay inconsistencias y falsedad, aunque no precisó detalles debido a que se trata de una investigación en curso.
El funcionario reiteró que la hipótesis de secuestro permanece descartada debido a que hasta el momento nadie ha solicitado el pago de un rescate por la menor, además de que tampoco se detectaron signos de que alguien hubiera entrado por la fuerza al departamento de la familia Gebara Farah.
La reconstrucción
Entrevistado por la cadena televisiva estadounidense Univisión, Mauricio Gebara relató que el domingo 21 de marzo por la noche, luego de viajar desde Valle de Bravo, entregó a Paulette y a su hermana Arlette a su mamá, quien fue la encargada de acostar a las menores.
El padre de la menor desaparecida aseguró que hasta la fecha nadie le ha solicitado un rescate por Paulette.
Lisette Farah, madre de la menor, refiere que cuando ella recibió a sus hijas las llevó a dormir, y fue hasta el día siguiente cuando las niñeras le avisaron que Paulette no estaba en su cuarto.
La noche del domingo, Lisette Farah pidió a las personas que tengan a su hija que la dejen en un lugar público para que pueda ser recuperada, y añadió que no se tomaría ninguna represalia.
Extrema vigilancia
El domicilio de donde desapareció Paulette es de un departamento de dos pisos, con una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados en el conjunto Porto Vita 2, ubicado en el número 11 de la calle Hacienda del Ciervo. La pequeña “no podía caminar por sí sola, necesitaba del apoyo de un adulto”, refirieron vecinas del lugar.
“Hasta hoy nos damos cuenta de que las cámaras de videovigilancia no graban, sólo sirven para monitorear el lugar”, apuntaron con preocupación, luego de que se diera a conocer que no hay videos que auxilien a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
Anoche, la zona permanecía con una custodia discreta con elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, de las patrullas 059 92 y 0402 —que se turnaron—, así como policías ministeriales. En la planta baja del edificio de 15 pisos se distingue un área de juegos infantiles, y el ingreso al inmueble sólo es con autorización de uno de los habitantes.
Todos los que ingresan, sean proveedores, empleados o trabajadores domésticos, se registran en una bitácora controlada por policías privados que vigilan los dos accesos al conjunto.
Las pesquisas
El procurador aseguró que como parte de las investigaciones para aclarar el paradero de la niña Paulette, se han realizado 66 inspecciones ministeriales, de las cuales más de 50 se han realizado en el conjunto Porto Vita 2, y otras 12 en domicilios de seis municipios del estado; además de 32 entrevistas con familiares, amigos, vecinos y padres de la menor.
Informó que además han sido presentadas ante el Ministerio Público en total 24 personas, y se han rastreado con “binomios caninos” 38 mil 900 metros cuadrados, buscando indicios de la pequeña, sin resultado alguno.
Detalló que ante el gran interés nacional e internacional por este caso en las redes sociales en internet, se están intensificado las investigaciones con la participación de 15 ministerios públicos, 23 peritos y al menos 100 agentes.
El funcionario mencionó que entre las pruebas periciales practicadas hasta el momento, se tienen exámenes en criminalística, seis exámenes de poligrafía, siete estudios en química forense, química genética, fotografía, toxicología y rastreo hemático, entre otras.
También se han realizado dos reconstrucciones de hechos, y se han girado oficios de colaboración a todas las procuradurías del país, municipios e incluso a policías internacionales
El caso de Paulette Gebara Farah, la niña de cuatro años que desapareció entre el domingo 21 y el lunes 22 de marzo, tomó la tarde de ayer un nuevo giro.
El procurador general de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz, informó que la dependencia a su cargo solicitó órdenes de arraigo en contra de los padres de la menor, así como de las dos niñeras encargadas de vigilarla.
“En este momento podemos decir que derivado de estas exhaustivas investigaciones, podemos determinar que por lo menos los cuatro adultos que estuvieron en la casa, vertieron en distintas ocasiones versiones distintas y contrarias, y por lo tanto existen inconsistencias que nos implica hacer un análisis más profundo de los hechos”, dijo.
En conferencia de prensa, Bazbaz detalló que esta medida, autorizada ayer mismo por el juez tercero con sede en el penal de Barrientos, en contra de Mauricio Gebara y Lisette Farah —padres de Paulette—, así como de Éricka y Martha Casimiro —trabajadoras domésticas—, obedece a las contradicciones reiteradas e inconsistencias detectadas entre quienes son los principales testigos de la última vez que Paulette fue vista.
“Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y establecer una firme línea de investigación”, subrayó.
No obstante, el procurador de Justicia mexiquense aclaró que el arraigo solicitado es únicamente para garantizar el contacto permanente con los cuatro adultos que estuvieron en contacto con la niña antes de que desapareciera.
“La solicitud de arraigo en este momento no implica de ninguna forma que exista certeza de que alguno de ellos hubiera participado en la sustracción; simplemente es para resolver las inconsistencias en sus declaraciones”, precisó al tiempo que aseguró que las cuatro personas han colaborado permanentemente con las investigaciones.
El lunes 22 de marzo, la Procuraduría mexiquense inició con las investigaciones en torno a la desaparición de Paulette, ocurrida en su domicilio en el conjunto habitacional Porto Vita 2, ubicado en la zona de Interlomas del municipio de Huixquilucan, en el estado de México.
Se trata de una menor de cuatro años quien tiene una discapacidad motriz y de lenguaje, y una cicatriz en la espalda.
Desde entonces, explicó Bazbaz en conferencia de prensa, en las diversas versiones de los hechos que han narrado tanto los padres de la menor como las niñeras, hay inconsistencias y falsedad, aunque no precisó detalles debido a que se trata de una investigación en curso.
El funcionario reiteró que la hipótesis de secuestro permanece descartada debido a que hasta el momento nadie ha solicitado el pago de un rescate por la menor, además de que tampoco se detectaron signos de que alguien hubiera entrado por la fuerza al departamento de la familia Gebara Farah.
La reconstrucción
Entrevistado por la cadena televisiva estadounidense Univisión, Mauricio Gebara relató que el domingo 21 de marzo por la noche, luego de viajar desde Valle de Bravo, entregó a Paulette y a su hermana Arlette a su mamá, quien fue la encargada de acostar a las menores.
El padre de la menor desaparecida aseguró que hasta la fecha nadie le ha solicitado un rescate por Paulette.
Lisette Farah, madre de la menor, refiere que cuando ella recibió a sus hijas las llevó a dormir, y fue hasta el día siguiente cuando las niñeras le avisaron que Paulette no estaba en su cuarto.
La noche del domingo, Lisette Farah pidió a las personas que tengan a su hija que la dejen en un lugar público para que pueda ser recuperada, y añadió que no se tomaría ninguna represalia.
Extrema vigilancia
El domicilio de donde desapareció Paulette es de un departamento de dos pisos, con una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados en el conjunto Porto Vita 2, ubicado en el número 11 de la calle Hacienda del Ciervo. La pequeña “no podía caminar por sí sola, necesitaba del apoyo de un adulto”, refirieron vecinas del lugar.
“Hasta hoy nos damos cuenta de que las cámaras de videovigilancia no graban, sólo sirven para monitorear el lugar”, apuntaron con preocupación, luego de que se diera a conocer que no hay videos que auxilien a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
Anoche, la zona permanecía con una custodia discreta con elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, de las patrullas 059 92 y 0402 —que se turnaron—, así como policías ministeriales. En la planta baja del edificio de 15 pisos se distingue un área de juegos infantiles, y el ingreso al inmueble sólo es con autorización de uno de los habitantes.
Todos los que ingresan, sean proveedores, empleados o trabajadores domésticos, se registran en una bitácora controlada por policías privados que vigilan los dos accesos al conjunto.
Las pesquisas
El procurador aseguró que como parte de las investigaciones para aclarar el paradero de la niña Paulette, se han realizado 66 inspecciones ministeriales, de las cuales más de 50 se han realizado en el conjunto Porto Vita 2, y otras 12 en domicilios de seis municipios del estado; además de 32 entrevistas con familiares, amigos, vecinos y padres de la menor.
Informó que además han sido presentadas ante el Ministerio Público en total 24 personas, y se han rastreado con “binomios caninos” 38 mil 900 metros cuadrados, buscando indicios de la pequeña, sin resultado alguno.
Detalló que ante el gran interés nacional e internacional por este caso en las redes sociales en internet, se están intensificado las investigaciones con la participación de 15 ministerios públicos, 23 peritos y al menos 100 agentes.
El funcionario mencionó que entre las pruebas periciales practicadas hasta el momento, se tienen exámenes en criminalística, seis exámenes de poligrafía, siete estudios en química forense, química genética, fotografía, toxicología y rastreo hemático, entre otras.
También se han realizado dos reconstrucciones de hechos, y se han girado oficios de colaboración a todas las procuradurías del país, municipios e incluso a policías internacionales
miércoles, 10 de junio de 2009
Arraigo, arma del gobierno contra opositores: Monreal.
Noticia:
En medio de las críticas de PRD y PRI por el uso de la figura del arraigo, por el caso de los alcaldes y funcionarios de Michoacán con presuntos vínculos con el narcotráfico, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Partido del Trabajo en Senado, regresó hoy tras una licencia de 21 días con la propuesta de eliminar esa figura jurídica de la Constitución.
"El abuso de las nuevas disposiciones constitucionales ha estado a la orden del día, la detención de 30 personas sin tener contra ellos una investigación previa, y en consecuencia delitos concretos que imputarles, es una violación flagrante a las garantías individuales, y es por ello que la figura del arraigo, tiene para este gobierno solo la función de persecución de opositores o de impacto mediático electoral", sostiene Monreal.
La iniciativa con proyecto de decreto presentada por Monreal plantea derogar el párrafo siete del artículo 16 de la Constitución.
Monreal acusa que "proceder ‘deteniendo y después investigando' es a todas luces un atentado contra los preceptos de un Estado democrático liberal, y sobre todo, es cometer una aberración y contradicción grave en un Estado de Derecho".
El legislador sostiene que el arraigo es visto como "arma política, de persecución y electorera en contra de los adversarios, y podemos señalar la detención del pasado 26 de mayo de 2009, cuando agentes federales detuvieron a 28 funcionarios públicos en Michoacán -diez alcaldes, 17 funcionarios públicos y un juez- porque supuestamente formaban parte de una red de protección del cártel de La Familia".
El senador que concluye hoy su licencia afirma que "en lugar de ser aprendidos y posteriormente consignados ante un Juez, la autoridad solicita el arraigo de los detenidos por 40 días para continuar la investigación, lo que a todas luces pareciera ser más un acto de campaña mediática que un golpe certero al crimen organizado".
El pasado 3 de junio Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, declaró que "el arraigo, desgraciadamente, lo votaron el PRI y el PAN. Es una barbaridad, y hoy estamos viviendo las consecuencias. El arraigo no tiene ningún sentido. Piensa en que en un arraigo vas a tener 40 días a presidentes municipales, y siguen siendo presidentes municipales, y qué pasa con el trabajo en las presidencias municipales, y qué pasa si al final te dicen ‘usted perdone'".
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, dijo el mismo 3 de junio que "la preocupación que tenemos es que se abuse de una figura que costó mucho trabajo dar al estado mexicano y que fue de buena fe, que es el arraigo".
El senador del PRI dijo que "si es una investigación de seis meses o de un año debería haber procedido una consignación pero arraigar por 40 días a todos los ciudadanos sin distinción alguna, en un arraigo que se prolonga hasta el 8 de julio para muchos resulta sospechoso. Valdría la pena que las próximas detenciones que se hagan vengan acompañadas de consignaciones directas ante el Ministerio Público o se estará lastimando esta figura (del arraigo".
Monreal asegura que "la figura del arraigo fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la autoridad ejecutiva ha decidido mantenerla a toda costa, sin importar que su aplicación signifique un grave atentado contra los derechos humanos de quienes reciben dicha pena".
Comentario:
Eso de calificar el arraigo como pretexto político para ser usado contra opositores, que sea una queja de un partido que tenga un alto nivel de preferencias electorales, pero quien está por los suelos, mejor que use otro argumento. Lo que si es válido es que no es posible que en un Estado de derecho sean primero culpable hasta que se compruebe lo contrario.
En medio de las críticas de PRD y PRI por el uso de la figura del arraigo, por el caso de los alcaldes y funcionarios de Michoacán con presuntos vínculos con el narcotráfico, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Partido del Trabajo en Senado, regresó hoy tras una licencia de 21 días con la propuesta de eliminar esa figura jurídica de la Constitución.
"El abuso de las nuevas disposiciones constitucionales ha estado a la orden del día, la detención de 30 personas sin tener contra ellos una investigación previa, y en consecuencia delitos concretos que imputarles, es una violación flagrante a las garantías individuales, y es por ello que la figura del arraigo, tiene para este gobierno solo la función de persecución de opositores o de impacto mediático electoral", sostiene Monreal.
La iniciativa con proyecto de decreto presentada por Monreal plantea derogar el párrafo siete del artículo 16 de la Constitución.
Monreal acusa que "proceder ‘deteniendo y después investigando' es a todas luces un atentado contra los preceptos de un Estado democrático liberal, y sobre todo, es cometer una aberración y contradicción grave en un Estado de Derecho".
El legislador sostiene que el arraigo es visto como "arma política, de persecución y electorera en contra de los adversarios, y podemos señalar la detención del pasado 26 de mayo de 2009, cuando agentes federales detuvieron a 28 funcionarios públicos en Michoacán -diez alcaldes, 17 funcionarios públicos y un juez- porque supuestamente formaban parte de una red de protección del cártel de La Familia".
El senador que concluye hoy su licencia afirma que "en lugar de ser aprendidos y posteriormente consignados ante un Juez, la autoridad solicita el arraigo de los detenidos por 40 días para continuar la investigación, lo que a todas luces pareciera ser más un acto de campaña mediática que un golpe certero al crimen organizado".
El pasado 3 de junio Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, declaró que "el arraigo, desgraciadamente, lo votaron el PRI y el PAN. Es una barbaridad, y hoy estamos viviendo las consecuencias. El arraigo no tiene ningún sentido. Piensa en que en un arraigo vas a tener 40 días a presidentes municipales, y siguen siendo presidentes municipales, y qué pasa con el trabajo en las presidencias municipales, y qué pasa si al final te dicen ‘usted perdone'".
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, dijo el mismo 3 de junio que "la preocupación que tenemos es que se abuse de una figura que costó mucho trabajo dar al estado mexicano y que fue de buena fe, que es el arraigo".
El senador del PRI dijo que "si es una investigación de seis meses o de un año debería haber procedido una consignación pero arraigar por 40 días a todos los ciudadanos sin distinción alguna, en un arraigo que se prolonga hasta el 8 de julio para muchos resulta sospechoso. Valdría la pena que las próximas detenciones que se hagan vengan acompañadas de consignaciones directas ante el Ministerio Público o se estará lastimando esta figura (del arraigo".
Monreal asegura que "la figura del arraigo fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la autoridad ejecutiva ha decidido mantenerla a toda costa, sin importar que su aplicación signifique un grave atentado contra los derechos humanos de quienes reciben dicha pena".
Comentario:
Eso de calificar el arraigo como pretexto político para ser usado contra opositores, que sea una queja de un partido que tenga un alto nivel de preferencias electorales, pero quien está por los suelos, mejor que use otro argumento. Lo que si es válido es que no es posible que en un Estado de derecho sean primero culpable hasta que se compruebe lo contrario.
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