Noticia:
Luego de tres días de sesiones, el Segundo Congreso Ordinario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinó dar su respaldo político y revisar el proceso jurídico del caso de desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007.
El caso será llevado a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, anunció ayer el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi.
Tras dirimir sus diferencias entre organizaciones que la integran y que protagonizaron conatos de bronca en las reuniones celebradas en el hotel del magisterio, la APPO reiteró su desconocimiento a los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón y puntualizó que la única relación que mantienen será de tipo jurídico para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, combinando la lucha legal con la movilización en las calles.
Asimismo, recordó que el movimiento social ha dejado 26 muertos, más de 500 detenidos —de los cuales 380 fueron torturados—, siete desaparecidos, entre ellos los dos eperristas, y las 177 medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conflictos sociales, lo cual “es preocupante y lamentable”.
El dirigente del movimiento magisterial —el cual convocó a la refundación de la APPO— dio a conocer los resolutivos en conferencia de la prensa, en la que destacó que “la APPO es independiente en lo político, organizativo e ideológico del Estado y de los partidos políticos electorales; que no puede haber dirigentes de ninguno de los partidos políticos como dirigentes o miembros porque esta asamblea no es trampolín político”.
Advirtió que “si algún militante quiere participar en el proceso electoral tendrá que renunciar al cargo que ostente en la APPO de manera pública con cinco meses de antes de su registro”.
Comentario:
¿O sea que jurídicamente si reconocen a los gobiernos de Ulises Ruíz y al de Felipe Calderón?
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martes, 24 de febrero de 2009
miércoles, 26 de noviembre de 2008
Violencia empaña marcha en Oaxaca.
Noticia:
Con una serie de actos vandálicos contra tiendas departamentales y oficinas de gobierno, así como con una bronca generalizada entre grupos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), concluyó la megamarcha convocada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en conmemoración del violento desalojo policiaco cometido hace dos años en contra del movimiento magisterial.
Durante la jornada, jóvenes encapuchados lanzaron piedras y destrozaron los cristales de varios comercios y oficinas de Tránsito y del sector agropecuario, así como en la sede estatal del PRI.
La acción, que fue calificada como “vandálica y poco inteligente” por parte de los líderes del magisterio oaxaqueño, confrontó a los encapuchados con el cordón de seguridad que establecieron los mentores. Los llamados anárquicos lanzaron piedras y botes de pintura sobre los cristales de una tienda departamental y ante los llamados al orden de los maestros, respondieron con más agresiones.
Más tarde, casi al finalizar el mitin en la alameda local, dos grupos antagónicos de la APPO se enfrentaron a golpes y con palos, luego que los integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) fueron acusados por el consejero de la APPO, David Venegas, de traicionar al movimiento popular al participar en la contienda pasada al lado del PRD y Convergencia.
Heridas abiertas
Las heridas sociales siguen abiertas en Oaxaca a dos años de la “brutal represión”, consideró Flavio Sosa Villavicencio, consejero de la APPO, quien dijo que sólo podrán cerrarse con la aplicación de la justicia y el castigo en contra de los que asesinaron, torturaron y violaron los derechos humanos.
Más de 50 mil manifestantes, según los organizadores, en su mayoría maestros de la sección 22 del SNTE y appistas recordaron ayer la detención de más de 130 personas por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP), en el centro histórico de esta capital.
La megamarcha, que según reportes oficiales congregó a menos de 20 mil personas, fue el escenario donde el nuevo dirigente de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, fijó la postura del magisterio: “Hace dos años el movimiento magisterial y popular fue brutalmente reprimido; sin embargo, las causas que dieron origen al conflicto persisten”.
Protestaron contra la Alianza por la Calidad de la Educación, demandaron la salida del gobernador Ulises Ruiz y pidieron a la Secretaría de Gobernación instale “una mesa de diálogo”.
Comentario:
Tanto los maestros como los miembros de la APPO siguen esperando que el Gobierno les de su "mamila" y quieren una "mesa de diálogo" cuando lo único que saben hacer es organizar marchas que se les sale de control. Se trata de grupos que fueron "amamantados" por el poder, pero como el poder actual no quiere seguir bajo el mismo esquema, entonces buscan la desestabilización. Simplemente, hicieron creernos que el ex presidente Vicente Fox fue un represor. ¿Un represor? Por favor.
Con una serie de actos vandálicos contra tiendas departamentales y oficinas de gobierno, así como con una bronca generalizada entre grupos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), concluyó la megamarcha convocada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en conmemoración del violento desalojo policiaco cometido hace dos años en contra del movimiento magisterial.
Durante la jornada, jóvenes encapuchados lanzaron piedras y destrozaron los cristales de varios comercios y oficinas de Tránsito y del sector agropecuario, así como en la sede estatal del PRI.
La acción, que fue calificada como “vandálica y poco inteligente” por parte de los líderes del magisterio oaxaqueño, confrontó a los encapuchados con el cordón de seguridad que establecieron los mentores. Los llamados anárquicos lanzaron piedras y botes de pintura sobre los cristales de una tienda departamental y ante los llamados al orden de los maestros, respondieron con más agresiones.
Más tarde, casi al finalizar el mitin en la alameda local, dos grupos antagónicos de la APPO se enfrentaron a golpes y con palos, luego que los integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) fueron acusados por el consejero de la APPO, David Venegas, de traicionar al movimiento popular al participar en la contienda pasada al lado del PRD y Convergencia.
Heridas abiertas
Las heridas sociales siguen abiertas en Oaxaca a dos años de la “brutal represión”, consideró Flavio Sosa Villavicencio, consejero de la APPO, quien dijo que sólo podrán cerrarse con la aplicación de la justicia y el castigo en contra de los que asesinaron, torturaron y violaron los derechos humanos.
Más de 50 mil manifestantes, según los organizadores, en su mayoría maestros de la sección 22 del SNTE y appistas recordaron ayer la detención de más de 130 personas por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP), en el centro histórico de esta capital.
La megamarcha, que según reportes oficiales congregó a menos de 20 mil personas, fue el escenario donde el nuevo dirigente de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, fijó la postura del magisterio: “Hace dos años el movimiento magisterial y popular fue brutalmente reprimido; sin embargo, las causas que dieron origen al conflicto persisten”.
Protestaron contra la Alianza por la Calidad de la Educación, demandaron la salida del gobernador Ulises Ruiz y pidieron a la Secretaría de Gobernación instale “una mesa de diálogo”.
Comentario:
Tanto los maestros como los miembros de la APPO siguen esperando que el Gobierno les de su "mamila" y quieren una "mesa de diálogo" cuando lo único que saben hacer es organizar marchas que se les sale de control. Se trata de grupos que fueron "amamantados" por el poder, pero como el poder actual no quiere seguir bajo el mismo esquema, entonces buscan la desestabilización. Simplemente, hicieron creernos que el ex presidente Vicente Fox fue un represor. ¿Un represor? Por favor.
jueves, 23 de octubre de 2008
Dictan formal prisión a appista.
Noticia:
El juez cuarto de lo Penal, Luis Salvador Cordero Colmenares, dictó ayer auto de formal prisión sin derecho a libertad bajo fianza a Juan Manuel Martínez Moreno, por homicidio calificado del camarógrafo estadounidense, Bradley Roland Will, el 27 de octubre de 2007.
La resolución la basó el juzgador con el testimonio del dictamen criminalístico que realizaron los peritos Eleazar Manuel Norberto Trejo y Enrique Peña, de la Procuraduría General de la República (PGR) y el señalamiento de Alfredo Feria, sobrino del ex alcalde de Santa Lucía del Camino, lugar del asesinato, Manuel Martínez Feria, a quien la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) lo acusa de pagar a los pistoleros que causaron los disturbios.
La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó la resolución contra Martínez Moreno: “Con el auto de formal prisión, los gobiernos de Oaxaca y México nos muestran su verdadero rostro represivo, que pretende frenar la reorganización del movimiento popular”, señaló el secretario de organización de esa sección, Gabriel López Chiñas.
El abogado de la APPO, Gilberto López Jiménez, manifestó su inconformidad ante el fallo y el sistema de justicia, al mismo tiempo que anticipó que no recurrirán a la apelación, “porque no confiamos en la justicia de Oaxaca” y sí al amparo directo de la justicia federal, con el fin de que un juez de Distrito revise el caso y otorgue la liberación del participante en los disturbios en los que falleció el camarógrafo de Indymedia.
El acusado en el expediente 155/2008 de accionar una arma de fuego a poco menos de dos metros en contra del periodista norteamericano, se declaró inocente atrás de la rejilla de prácticas, pero de nada valió para que el juez dictara su fallo a las 13.30 horas.
Luego de que el jueves pasado fue detenido Martínez Moreno, recluido en el penal de Ixcotel, se agudizó la polémica entre la PGR, que sostiene que el estadounidense recibió dos balazos a una distancia de dos metros, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuya hipótesis es que a la víctima le dispararon de una distancia de entre 35 y 50 metros.
Brad Will cayó herido de muerte de dos balazos, el 27 de octubre de 2007, en la barricada de Calicanto, en Santa Lucía del Camino, cuando filmaba el ataque armado de personas identificadas como policías de ese municipio cercano a la capital oaxaqueña, en contra de militantes de la APPO. El periodista se hallaba situado del lado donde estaban los appistas.
Por otro lado, una comisión de la dirigencia magisterial acompañó a Emeterio Marino Cruz, para manifestarse ante la delegación de la PGR, a donde llegó la subprocuradora María Guadalupe Cortés, quien estará en Oaxaca del 21 al 24 de octubre para escuchar testimonios.
La asamblea magisterial tomó anoche la decisión de apoyar al militante de la APPO, brutalmente golpeado durante un enfrentamiento con policías municipales y estatales, durante la celebración de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín, el 18 de junio de 2006.
Marino Cruz demanda que sea valorado nuevamente por los peritos para demostrar la gravedad de las secuelas que le dejaron las lesiones causadas por los policías estatales.
Ayer, a las 17 horas, partió una marcha motorizada desde el edificio de la sección 22 del SNTE a la capital del país.
Comentario:
La APPO, ¿movimiento popular?
El juez cuarto de lo Penal, Luis Salvador Cordero Colmenares, dictó ayer auto de formal prisión sin derecho a libertad bajo fianza a Juan Manuel Martínez Moreno, por homicidio calificado del camarógrafo estadounidense, Bradley Roland Will, el 27 de octubre de 2007.
La resolución la basó el juzgador con el testimonio del dictamen criminalístico que realizaron los peritos Eleazar Manuel Norberto Trejo y Enrique Peña, de la Procuraduría General de la República (PGR) y el señalamiento de Alfredo Feria, sobrino del ex alcalde de Santa Lucía del Camino, lugar del asesinato, Manuel Martínez Feria, a quien la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) lo acusa de pagar a los pistoleros que causaron los disturbios.
La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó la resolución contra Martínez Moreno: “Con el auto de formal prisión, los gobiernos de Oaxaca y México nos muestran su verdadero rostro represivo, que pretende frenar la reorganización del movimiento popular”, señaló el secretario de organización de esa sección, Gabriel López Chiñas.
El abogado de la APPO, Gilberto López Jiménez, manifestó su inconformidad ante el fallo y el sistema de justicia, al mismo tiempo que anticipó que no recurrirán a la apelación, “porque no confiamos en la justicia de Oaxaca” y sí al amparo directo de la justicia federal, con el fin de que un juez de Distrito revise el caso y otorgue la liberación del participante en los disturbios en los que falleció el camarógrafo de Indymedia.
El acusado en el expediente 155/2008 de accionar una arma de fuego a poco menos de dos metros en contra del periodista norteamericano, se declaró inocente atrás de la rejilla de prácticas, pero de nada valió para que el juez dictara su fallo a las 13.30 horas.
Luego de que el jueves pasado fue detenido Martínez Moreno, recluido en el penal de Ixcotel, se agudizó la polémica entre la PGR, que sostiene que el estadounidense recibió dos balazos a una distancia de dos metros, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuya hipótesis es que a la víctima le dispararon de una distancia de entre 35 y 50 metros.
Brad Will cayó herido de muerte de dos balazos, el 27 de octubre de 2007, en la barricada de Calicanto, en Santa Lucía del Camino, cuando filmaba el ataque armado de personas identificadas como policías de ese municipio cercano a la capital oaxaqueña, en contra de militantes de la APPO. El periodista se hallaba situado del lado donde estaban los appistas.
Por otro lado, una comisión de la dirigencia magisterial acompañó a Emeterio Marino Cruz, para manifestarse ante la delegación de la PGR, a donde llegó la subprocuradora María Guadalupe Cortés, quien estará en Oaxaca del 21 al 24 de octubre para escuchar testimonios.
La asamblea magisterial tomó anoche la decisión de apoyar al militante de la APPO, brutalmente golpeado durante un enfrentamiento con policías municipales y estatales, durante la celebración de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín, el 18 de junio de 2006.
Marino Cruz demanda que sea valorado nuevamente por los peritos para demostrar la gravedad de las secuelas que le dejaron las lesiones causadas por los policías estatales.
Ayer, a las 17 horas, partió una marcha motorizada desde el edificio de la sección 22 del SNTE a la capital del país.
Comentario:
La APPO, ¿movimiento popular?
sábado, 18 de octubre de 2008
Los asesinos no están en la APPO.
Noticia:
En la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) “no están los asesinos del periodista estadounidense Bradley Ronald Will”, aseguró César Mateos, vocero de esa organización, quien anunció futuras movilizaciones con el magisterio oaxaqueño para frenar el “hostigamiento gubernamental”.
Los dirigentes de la APPO y de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazaron ayer la culpabilidad de Juan Manuel Martínez Moreno, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el asesinato del camarógrafo de la agencia Indymedia.
“Mi esposo es inocente”, señaló Liliana Tejeda, una mujer de 32 años, quien procreó tres hijos con Martínez Moreno, encarcelado en la penitenciaría de Ixcotel bajo la acusación de que fue él quien disparó en dos ocasiones en contra de Brad Will.
“No nos han permitido verlo y tenemos miedo por la seguridad de nuestra familia”, añadió la esposa de Martínez Moreno, quien al momento en que llegaron los agentes de la Federal de Investigación (AFI), laboraba como secretario de la regiduría de Deportes del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.
“Nueva ofensiva gubernamental”
La detención de Juan Manuel Martínez Moreno y de Octavio Pérez, acusados de dar muerte a Will, el 27 de octubre de 2006, en la barricada de Calicanto de Santa Lucía del Camino, cerca de esta capital, coincidió con el vencimiento del plazo dado por el gobierno estadounidense a las autoridades mexicanas.
“En la APPO no están los asesinos de Will. Los homicidas están del otro lado. Nuestros compañeros detenidos son víctimas de la injusticia, ya que hay tres dictámenes periciales sobre el asesinato y en ninguno se reúnen los requisitos para que se libren las órdenes de aprehensión”, señaló César Mateos.
Las tres investigaciones corresponden a las que en su momento realizaron peritos de Estados Unidos, la PGR con el apoyo del gobierno de Oaxaca y la que realizó la CNDH. La principal divergencia es la distancia de los dos disparos. La PGR aseguró que fue a quemarropa y la CNDH que fue a 30 metros.
En conferencia, los dirigentes de la APPO, César Mateos y Florentino López, señalaron que demostrarán con videos y otras pruebas la inocencia de sus compañeros.
También alertaron sobre la intención de los gobiernos federal y estatal, de involucrar a los appistas en el crimen y exhiben “una nueva ofensiva en contra del movimiento popular”.
“Ante la reorganización del movimiento magisterial y popular de Oaxaca, el gobierno nos está mandando a decir con esas detenciones, que continuará la criminalización de las luchas sociales y que hay una nueva ofensiva gubernamental en Oaxaca”, señaló el vocero de la APPO.
Florentino López dio a conocer además que las personas detenidas fueron identificadas como Guadalupe Chiñas, Miguel Gómez y Magdalena Gómez Chiñas, bajo las acusaciones de daños en contra de las instalaciones de una escuela ubicada en El Retiro, Oaxaca.
Por su parte, el subsecretario del gobierno de Oaxaca, Joaquín Rodríguez Palacios, dijo que se mantendrán respetuosos de las investigaciones de la PGR, que estarán atentos para que no haya interpretaciones torcidas de la ley y exhortós” a los líderes de la APPO a dirimir mediante el diálogo las diferencias.
Comentario:
Se debe investigar el asesinato del periodista estadounidense, pero confiar en una organizacioón como la APPO es otra cosas distinta.
En la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) “no están los asesinos del periodista estadounidense Bradley Ronald Will”, aseguró César Mateos, vocero de esa organización, quien anunció futuras movilizaciones con el magisterio oaxaqueño para frenar el “hostigamiento gubernamental”.
Los dirigentes de la APPO y de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazaron ayer la culpabilidad de Juan Manuel Martínez Moreno, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el asesinato del camarógrafo de la agencia Indymedia.
“Mi esposo es inocente”, señaló Liliana Tejeda, una mujer de 32 años, quien procreó tres hijos con Martínez Moreno, encarcelado en la penitenciaría de Ixcotel bajo la acusación de que fue él quien disparó en dos ocasiones en contra de Brad Will.
“No nos han permitido verlo y tenemos miedo por la seguridad de nuestra familia”, añadió la esposa de Martínez Moreno, quien al momento en que llegaron los agentes de la Federal de Investigación (AFI), laboraba como secretario de la regiduría de Deportes del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.
“Nueva ofensiva gubernamental”
La detención de Juan Manuel Martínez Moreno y de Octavio Pérez, acusados de dar muerte a Will, el 27 de octubre de 2006, en la barricada de Calicanto de Santa Lucía del Camino, cerca de esta capital, coincidió con el vencimiento del plazo dado por el gobierno estadounidense a las autoridades mexicanas.
“En la APPO no están los asesinos de Will. Los homicidas están del otro lado. Nuestros compañeros detenidos son víctimas de la injusticia, ya que hay tres dictámenes periciales sobre el asesinato y en ninguno se reúnen los requisitos para que se libren las órdenes de aprehensión”, señaló César Mateos.
Las tres investigaciones corresponden a las que en su momento realizaron peritos de Estados Unidos, la PGR con el apoyo del gobierno de Oaxaca y la que realizó la CNDH. La principal divergencia es la distancia de los dos disparos. La PGR aseguró que fue a quemarropa y la CNDH que fue a 30 metros.
En conferencia, los dirigentes de la APPO, César Mateos y Florentino López, señalaron que demostrarán con videos y otras pruebas la inocencia de sus compañeros.
También alertaron sobre la intención de los gobiernos federal y estatal, de involucrar a los appistas en el crimen y exhiben “una nueva ofensiva en contra del movimiento popular”.
“Ante la reorganización del movimiento magisterial y popular de Oaxaca, el gobierno nos está mandando a decir con esas detenciones, que continuará la criminalización de las luchas sociales y que hay una nueva ofensiva gubernamental en Oaxaca”, señaló el vocero de la APPO.
Florentino López dio a conocer además que las personas detenidas fueron identificadas como Guadalupe Chiñas, Miguel Gómez y Magdalena Gómez Chiñas, bajo las acusaciones de daños en contra de las instalaciones de una escuela ubicada en El Retiro, Oaxaca.
Por su parte, el subsecretario del gobierno de Oaxaca, Joaquín Rodríguez Palacios, dijo que se mantendrán respetuosos de las investigaciones de la PGR, que estarán atentos para que no haya interpretaciones torcidas de la ley y exhortós” a los líderes de la APPO a dirimir mediante el diálogo las diferencias.
Comentario:
Se debe investigar el asesinato del periodista estadounidense, pero confiar en una organizacioón como la APPO es otra cosas distinta.
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