Organizaciones ven avances en iniciativa de ley de transparencia

Ciudad de México

Organizaciones civiles que participaron en la mesa con senadores para redactar la iniciativa de Ley General de Transparencia, reconocen que el ejercicio que se realizó con los legisladores es un hecho “inédito” y que el proyecto de ley es un avance en la materia.

Sin embargo, ven con preocupación dos de los cambios que los senadores hicieron de último momento; que tienen que ver con sanciones a órganos garantes y la negativa a entregar información si se pone en riesgo la estabilidad económica.

“Tenemos que reconocer en primera instancia la apertura del Senado y en particular de este grupo de senadores de hacer un hecho inédito, la redacción conjunta antes de presentar la iniciativa”, dijo Haydeé Pérez, directora de Fundar, en el programa “En 15” con Carlos Puig.

La semana pasada en el Senado las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron una iniciativa de Ley Generalk de Transparencia redactada en conjunto con la sociedad civil que prevén aprobar en este periodo ordinario de sesiones y enviar a San Lázaro para que los diputados la discutan en febrero de 2015.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica que un punto que resulta preocupante es “que entre una causal para no entregar información que tiene que ver con la estabilidad económica con el dólar como lo tenemos, el precio del barril como lo tenemos podría ser una gran justificación para todo propósito para no entregar información”.

Bohórquez detalló que el otro tema que les preocupa tiene que ver “con sanciones por ejemplo a los órganos garantes que entreguen información de manera proactiva, le pones un control a quien está a favor de abrir la información si la abre”.

El artículo 208 de la iniciativa de ley dice: “Será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes (el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; o los equivalentes estatales) revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados (instancias de Estado obligadas a entregar información ante una solicitud).

“Fueron algunas cosas que se agregaron al final que en efecto si hubiéramos participado hasta el final son cosas que se hubiesen combatido, pero decir que se cambio como tanto el proyecto yo creo que es muy impreciso”, señaló Natalia Calero, investigadora del CIDE.

Calero agregó que también hay varias cosas que celebrar como el reconocimiento del el acceso a la información como un derecho humano, un catálogo más específico de obligaciones para los sujetos obligados y causales de reserva muy específicos para atar las tentaciones del sujeto obligado a clasificar información.

Haydeé Pérez destacó que todavía falta la armonización legislativa de todas las leyes estatales y que a partir de que se apruebe la Ley General de Transparencia todavía hay espacio de un año para que las entidades estatales armonicen, y entonces sí el IFAI como órgano constitucional podrá atraer casos relevantes a nivel estatal.