CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre.- Por falta de pruebas, un juez federal ordenó la liberación de las 11 personas detenidas —entre ellas, un chileno— por los disturbios del pasado 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Estuvieron recluidos en penales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit, acusados por la PGR de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
En un comunicado, el Poder Judicial de la Federación dijo que el auto de libertad inmediata fue ordenado por “insuficiencia de pruebas” e “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”.
En conferencia de prensa en el Distrito Federal, familiares de los liberados anunciaron que analizan demandar a autoridades por daño, tortura, violencia física y sicológica.
Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzin Andrade González, Ramón Domínguez Patlán, Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo y Francisco García Martínez salieron de un penal federal en Veracruz. El chileno Laurence Maxwell fue llevado a oficinas de Migración.
Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Analí González fueron liberadas de una cárcel de Tepic, Nayarit.
LIBERAN A LOS DETENIDOS POR MARCHA #20NOVMX
Luego de que un juez federal decretó la liberación por falta de pruebas de 11 manifestantes, incluido un estudiante chileno, recluidos en penales de alta seguridad por los disturbios ocurridos en la marcha del 20 de noviembre para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, familiares de los detenidos dieron a conocer que analizarán una posible demanda en contra de las autoridades.
La Procuraduría General de la República (PGR) había acusado a los 11 activistas de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, todos delitos del fuero federal, por lo que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit.
Ayer, el juez Décimo Séptimo de Distrito, en Veracruz, Juan Carlos Ramírez Gómora, dictó auto de libertad inmediata, pues quedó probada no sólo “la insuficiencia de las pruebas” para los delitos imputados sino las “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”, por lo que no da “valor probatorio alguno” a sus testimonios, según un comunicado del Poder Judicial de la Federación.
La entidad va más allá, al asegurar que las declaraciones de la policía generan “inverosimilitud” y no “se ajustan a las reglas de lógica básica”, con lo que crean incertidumbre y restan credibilidad a los hechos denunciados por las fuerzas de seguridad.
Entre las inconsistencias, señala el comunicado, están el número de supuestos atacantes, que primero eran 30, luego 16 o 18 y finalmente 11, y la imposibilidad de que quisieran privar de la vida a la policía, porque no hay constancia de que tuvieran palos o piedras. Por eso el delito de homicidio quedó recalificado en el de lesiones.
El documento agrega que ningún detenido reconoció haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos ni se conocían, con lo que acusarles de asociación delictuosa no tenía cabida; además, el juzgado al que se turnó el caso en Veracruz se declaraba incompetente, porque los hechos ocurrieron en el Distrito Federal.
Tras la determinación judicial, los 11 detenidos fueron liberados en el transcurso de ayer, lo cual fue celebrado por sus familiares.
“Nuestros hijos no cometieron ningún delito, su único delito era buscar justicia, por eso salen a la calle”, dijo el padre de una de las tres detenidas, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Hilary Analí González.
En conferencia de prensa en la explanada del Palacio de Bellas Artes, familiares de los detenidos el 20 de noviembre lamentaron que se criminalice el derecho a la manifestación.
“Hoy nuestros familiares están libres porque no existieron pruebas para detenerlos y procesarlos. Estamos contentos porque nuestros familiares estarán pronto de vuelta a casa”, expresaron.
“Estoy en el día más feliz de mi vida. Pensábamos que podía ser un proceso larguísimo”, dijo Dennis Maxwell, hermano de Laurence, el único extranjero detenido. “Se ha hecho justicia”, añadió desde Santiago de Chile su padre, Alberto Maxwell.
Por la tarde de ayer, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzin Andrade González, Ramón Domínguez Patlán, Roberto Jasso Del Ángel, Luis Carlos Pichardo y Francisco García Martínez fueron recibidos por sus familiares a su salida de un penal federal en Veracruz, mientras el chileno Laurence Maxwell fue llevado a las oficinas de Migración, en el estado.
Por la noche, Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Analí González salieron del Centro de Readaptación Social Número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, y se reunieron con sus familiares.
De acuerdo con la defensa de los 11 inculpados, en las próximas horas definirán la estrategia para denunciar por daño, tortura, violencia física y sicológica, además de maltrato y otros cargos, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Policía Federal y PGR.
Además, mostraron su interés por acusar a las autoridades de tortura y, según informaron los abogados, pedirán renuncias en la SSPDF y en la PGR.
Al respecto, frente al Palacio de Bellas Artes, familiares de los detenidos dijeron que analizaran en los próximos días demandar a la SSPDF, Policía Federal y PGR por diversos delitos.
Además, algunos padres presentes resaltaron que las autoridades aplicaron tortura.
A su vez, dijeron que en breve solicitarán la reparación integral del daño a la PGR por enviarlos a penales de máxima seguridad y a las corporaciones policiacas por detenciones arbitrarias.
En conjunto, los familiares lamentaron que el Estado esté comenzando a criminalizar el derecho a la manifestación a través de las detenciones arbitrarias.
El padre de Hilary Analí resaltó el proceder de las corporaciones policiacas, al señalar que no tienen protocolos de actuación para los detenidos, la falta de proceso jurídico, además de la falta de justicia en el país.
Entre los participantes de la conferencia se encontraban el padre de Isaac Domínguez Ayala, la madre de Tania Ivonne Damián Rojas y el novio de Liliana Garduño Ortega, estudiante de Prepa Abierta.
En su turno, un integrante del Comité por la Liberación de Laurence Maxwell, el chileno estudiante del Posgrado en Letras-UNAM, manifestó su preocupación al señalar que no hay claridad si a Lawrence Maxwell se le aplicará el artículo 33 de la Constitución, que prevé la expulsión de extranjeros por inmiscuirse en asuntos políticos del país.
“Esto que nos sirva como ejemplo para exigir que el artículo 33 se reestructure, para que los extranjeros no estén vulnerables en estas condiciones”, señalaron los representantes al considerar que también otros estudiantes extranjeros que se han sensibilizado por la problemática del país.
La próxima semana, padres de los liberados se reunirán con abogados y colectivos de Derechos Humanos para definir la estrategia y demandar a las corporaciones policiacas y a la PGR, además de exigir la reparación integral del daño y una disculpa pública.
—Con información de AFP y AP
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