El Senado impulsa ley para prevenir el “lavado”.

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Los legisladores impulsan una ley para prevenir las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; ésta incluirá a negocios, actos civiles y mercantiles.

La fracción del PRD en el Senado de la República presentó una iniciativa que busca crear un marco legal para combatir este delito, en la que se contempla supervisar a auditores, contadores, actividades inmobiliarias, así como las empresas que ofrecen juegos y sorteos.

Minerva Hernández Ramos, senadora perredista, advirtió que las disposiciones que se relacionan con el blanqueo no cumplen por completo con los estándares internacionales.

Detalló que en los últimos 10 años sólo se lograron 25 condenas, mientras que entre 2004 y 2007 se aseguraron 149 acusaciones.

En consecuencia, dijo la senadora del Partido de la Revolución Democrática, se busca establecer un régimen jurídico que incluya a las personas y organismos descentralizados que se dediquen a la realización de juegos con apuestas y sorteos o concursos.

Dentro de las disposiciones se considerará también a las entidades comerciales no bancarias que emitan tarjetas de servicio, de crédito o en general, instrumentos que se utilizan para la compra de bienes, servicios o retiro de dinero en efectivo.

Incluso, refirió la legisladora, se incorporará a las casas de empeño, a los empresarios cuyo giro sea la promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compra-venta o arrendamiento de inmuebles.

A quienes actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contadores externos o asesores fiscales.

La legisladora perredista destacó que se busca una propuesta integral que contemple a quienes realizan actividades que se vinculan con el uso habitual de papel moneda u otros instrumentos al portador.

En línea con las reglas que operan para las instituciones bancarias, estos giros y personas tendrán la obligación de recabar información de sus clientes, con la finalidad de conocer la naturaleza de su actividad económica.

Además, tendrán que colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y comunicarle cualquier indicio o certeza que pueda vincularse con el delito de lavado.

La senadora Minerva Hernández especificó que en el caso de los comerciantes de joyería o piedras preciosas, tendrán que declarar montos de ventas superiores a 100 mil pesos.

En la iniciativa se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a practicar visitas de inspección e imponer sanciones administrativas.

Las infracciones que se prevén en la propuesta van de 200 a 2 mil días de salario mínimo a los sujetos obligados que no proporcionen la información o documentación que requiera la Secretaría de Hacienda.

Se contempla también una multa de 3 mil a 15 mil días de salario mínimo a quienes se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, César Tello, vicepresidente de la Asociación de Casas de Cambio, consideró que las medidas que entrarán en vigor para combatir el lavado de dinero son positivas, ya que incluyen a los centros cambiarios, entidades financieras que son vulnerables al delito de blanqueo.

Antes, manifestó el directivo del organismo, había un desequilibrio en las disposiciones porque no se vigilaba a los centros cambiarios.

En la actualidad, se estima que operan en el país 7 mil centros cambarios y sólo nueve casas de cambio; éstas últimas sí reciben la vigilancia de las autoridades financieras correspondientes.