Abrirán archivos en Guatemala de la década de los 70s.

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Por primera vez en su historia, el Ejército de Guatemala deberá abrir sus archivos militares secretos para que la máxima instancia guatemalteca de defensa de los derechos humanos investigue cuatro casos de desapariciones forzadas en las décadas de 1970 y 1980, en el fragor de la guerra que estremeció a ese país durante 36 años.

En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó el lunes al Ejército que acepte que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH, estatal) revise los viejos expedientes castrenses.

La PDH podrá ahondar en la memoria histórica guatemalteca y explorar detalles ocultos de la política de represión interna sostenida en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos en época de la guerra fría, para luchar contra Moscú, La Habana y el bloque comunista, rivales de Washington en la pugna este-oeste.

“El fallo es ejemplo para América Latina, pues la Corte ordenó una investigación penal”, dijo Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, agrupación no gubernamental guatemalteca de defensa de los derechos humanos. “Es un avance contra la impunidad para hacer justicia”, agregó, al recordar, en una entrevista con EL UNIVERSAL, que en la guerra de Guatemala, de 1960 a 1996, hubo 45 mil detenidos-desaparecidos por supuesta culpa del Ejército.

La Corte facultó a la PDH a que “acceda a cualquier funcionario actual o del pasado, militar o civil, y se convierta en ‘súper fiscal’ que pueda citar a cualquier persona y constituirse en acusador de un militar o un civil, en activo o retiro, como presunto responsable de violar derechos humanos”, añadió. Según el veredicto, tres de las desapariciones ocurrieron en el gobierno del general Fernando Lucas García: los estudiantes Antonio Ciani, en 1978, y Rolando Alvarado Arévalo, en 1981, y el sacerdote filipino Conrado de la Cruz, en 1980. El cuarto es el promotor de salud Rodolfo López, capturado en 1983.

Comentario:

La mejor manera de cerrar heridas del pasado es, precisamente, abriendo los expedientes para que se sepa con exactitud la magnitud de lo que ya sabemos que ocurrió: crimenes y desapariciones al por mayor.