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lunes, 3 de noviembre de 2014

Entra la Corte en la era de la sucesión; 7 ministros pueden aspirar a la SCJN.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre.- El próximo 2 de enero de 2015, la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su nuevo presidente y máximo representante del Poder Judicial federal.
Durante una sesión pública solemne y de entre los ministros asistentes al pleno será elegido el sucesor de Juan N. Silva Meza, quien concluye su encargo como ministro presidente de la SCJN en diciembre de este año.
Aun cuando faltan dos meses para que Silva Meza deje el cargo que desempeñó durante los últimos cuatro años, la disputa por relevarlo es una realidad desde hace varios meses en el interior de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal.
Los nombres de sus posibles sucesores son más visibles conforme la cuenta regresiva avanza.
Por ejemplo, Luis María Aguilar Morales, Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar y Fernando Franco González Salas son los nombres de los ministros que con mayor frecuencia son mencionados dentro de una lista de siete aspirantes con posibilidades reales de competir.
Les siguen Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes al igual que sus compañeros decidirán en las próximas semanas si formalizan o no sus posibles aspiraciones para encabezar la Suprema Corte, según lo establece La Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por razones de tiempo en sus encargos, los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío quedan fuera de la competencia interna, al igual que Silva Meza, quien concluye su periodo de 15 años como ministro de la SCJN en noviembre de 2015.
Sánchez Cordero, a su vez, finaliza su etapa como ministra de la Corte en noviembre de 2015.
En el caso de Cossío Díaz, renunció desde la sucesión anterior a participar en la competencia, por considerar que desde su posición de ministro es la mejor forma de luchar por sus ideales; además de que le faltaría un mes para poder cubrir un periodo en la presidencia de cuatro años, dado que será el 30 de noviembre de 2018 cuando termine su ciclo como integrante del máximo tribunal de justicia del país.
El caso del ministro Sergio Valls como contendiente está en duda debido a su estado de salud, el cual le obligó hace unas semanas a solicitar una licencia de un mes para afrontar un grave padecimiento  –hasta ahora mantenido en estricta confidencialidad—, luego de varios meses de ausencia intermitente en las sesiones públicas del pleno de la Corte y de la Segunda Sala, de la que forma parte.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los primeros cinco días de diciembre próximo se conocerán los nombres, de manera oficial, de quienes aspiren a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien la elección del presidente de la Corte y de la Judicatura es un proceso interno, expertos en derecho y catedráticos de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideran que la relevancia de la designación resulta de tal magnitud que “es obligado” ventilar el tema ante toda la sociedad, porque “un déficit de la cultura democrática” en el país radica justamente en el desconocimiento de los ciudadanos respecto del Poder judicial federal, de quién interpreta la constitución y qué pretende lograr.
De esta manera, Grupo Imagen Multimedia consultó a catedráticos e investigadores de tres de los centros de estudio más prestigiados del país respecto al perfil que debe poseer el sucesor de Juan N. Silva Meza y los retos que deberá enfrentar en materia de combate a la corrupción, impartición de justicia, protección a los derechos humanos, límites al ingreso y permanencia de familiares y recomendados en el Poder Judicial federal, así como mantener su independencia frente a los otros Poderes.
Los 11
Éstas son las fechas en que los ministros de la SCJN empezaron su labor en el máximo tribunal, así como en la cual la concluyen.
Juan N. Silva Meza
  • Fue designado el 26 de enero de 1995 por el Senado como ministro de la SCJN, cargo que ocupa  a partir del 1 de febrero de 1995.
  • Concluye sus funciones como ministro del alto tribunal el 30 de noviembre de 2015.
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas
  • El senado la designó ministra de la Suprema Corte el 26 de enero de 1995, y asumió el cargo el 1 de febrero.
  • Su encargo termina el 30 de noviembre de 2015.
José Ramón Cossío Díaz
  • El 27 de noviembre de 2003 fue designado en el cargo, el cual inició el 9 de diciembre.
  • Finaliza sus funciones el 30 de noviembre de 2018.
Margarita Luna Ramos
  • Asumió el cargo de ministra el 2 de marzo de 2004, luego de la designación por parte del Sernado el 19 de febrero del mismo año.
  • Finaliza su encargo el 18 de febrero de 2019.
Sergio A. Valls Hernández
  • El Senado lo designó como ministro el 28 de octubre de 2004, y llegó al puesto el 9 de noviembre de ese año.
  • Concluye su labor el 27 de octubre de 2019.
José Fernando Franco González Salas.
  • El 12 de diciembre de 2006 fue designado; el cargo lo asumió el 14 de diciembre.
  • Concluye sus funciones el 11 de diciembre de 2021.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
  • El Senado lo avaló el 1 de diciembre de 2009 e inició el 7 de diciembre.
  • Su periodo finaliza el 30 de noviembre de 2024.
Luis María Aguilar Morales
  • Fue designado el 1 de diciembre de 2009 y asumió el 7 de diciembre.
  • Concluye sus funciones el 30 de noviembre de 2024.
Jorge Mario Pardo Rebolledo
  • Comenzó como ministro de la Corte el 15 de febrero de 2011, luego de recibir el aval del Senado el  9 de febrero.
  • Su labor como ministro termina el  8 de febrero de 2026.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
  • Fue designado Ministro de la Suprema Corte, por el Senado, el 27 de noviembre de 2012, puesto que asumió el 3 de diciembre.
  • Concluye sus funciones como ministro el 26 de noviembre de 2027.
Alberto Gelacio Pérez Dayán
  • El Senado le dio la aprobación para el cargo el 27 de noviembre de 2012, el cual asumió el 3 de diciembre del mismo año.
  • Termina su etapa como ministro del alto tribunal el 26 de noviembre de 2027.
¿La primera mujer en presidir la Corte?
Es un hecho que la ministra Margarita Luna Ramos quiere convertirse en la primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En agosto pasado recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho para ocupar el cargo, lo cual se tradujo prácticamente en un destape.
Unos días antes, la chiapaneca, con 40 años de carrera judicial, acudió a la residencia oficial de Los Pinos en representación del presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, a la ceremonia del Día del Abogado.
Más recientemente, se convirtió en la primera mujer en ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias Políticas.
Luna Ramos, quien en enero de 2015 cumplirá 59 años, está muy activa en la carrera por presidir a la Corte y, a la vez, la Judicatura Federal.
Las posibilidades de que lo logre son muy reales, dada la madurez del Poder Judicial federal y el desarrollo que ha tenido en México el empoderamiento de las mujeres, opinan los expertos.
“Yo no veo ningún impedimento, ningún problema para que una mujer se transformara en la próxima presidenta de la Corte. De hecho, los que analizan el tema creen que es una apuesta interesante en favor de la equidad de género en el Estado mexicano”, señala el doctor Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
En sentido similar, la doctora Leticia Bonifaz, directora del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que la mujer en el Poder Judicial compite entre iguales.
“Yo creo que por el problema de género no hay problema, pero sí creo que pueden entrar a una competencia de iguales; no tendría por qué haber desventaja para la mujer, creo yo, porque tiene en el caso de la ministra Luna toda una carrera en el ámbito jurisdiccional, pero también estuvo en el  Consejo de la Judicatura, como también lo estuvo el ministro (Luis María) Aguilar”, agrega.
“Lo preocupante no es el hecho de si es una mujer u hombre quien esté en la presidencia; lo que sí  me preocupa es el hecho de que no tengamos más ministras, eso sí tiene que ser una cuestión más paritaria en el cuerpo colegiado; dos de once, yo creo que estamos con un déficit”, apunta por su parte el doctor José Luis Caballero Ochoa, catedrático de la Universidad Iberoamericana.
En lo que los expertos también coinciden es que quien resulte electo sea la mejor persona para desempeñar el cargo.
Luna Ramos asumió el cargo como ministra en marzo de 2004, luego de haber ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial, desde mecanógrafa hasta magistrada.
Sus funciones concluyen el 18 de febrero de 2019, por lo que tomando en consideración que el cargo de ministro presidente es de cuatro años, ésta sería la última oportunidad que tiene para convertirse en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Margarita Beatriz Luna Ramos
  • Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM.
  •  Se tituló con la tesis denominada Reformas y Adiciones a la Ley de Amparo.
  • Se especializó en Derecho Constitucional y Administrativo.
  • Es doctora en Derecho por la  División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con la tesis Procedencia del juicio de amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del TLCAN.
Un ministro cargado al ala moderada
Luis María Aguilar Morales es otro ministro que no dice no a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con una importante trayectoria judicial, ubicado en el ala moderada del máximo tribunal del país, está consciente de las responsabilidades que implica ese cargo.
Luis María Aguilar Morales incluso se ha desempeñado como oficial mayor y coordinador de asesores de la presidencia de la Suprema Corte.
Se le ubica como un ministro muy cercano a Juan Silva Meza, quien está por concluir su periodo como presidente del máximo tribunal, aunque en recientes fechas se habló de un distanciamiento entre ambos.
A diferencia de Margarita Luna Ramos, el tiempo que le queda como ministro juega a su favor, pues su tarea concluye hasta noviembre de 2024, lo que se traduce en al menos un periodo más dentro de los procesos que marcan la sucesión en la presidencia de la SCJN.
El 4 de noviembre, es decir, mañana, Aguilar Morales cumplirá 65 años de edad.
De acuerdo con la experta Leticia Bonifaz, directora del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el interior de la Corte existen varios perfiles que ofrecen la posibilidad de continuar con el ritmo y papel de trascendencia que ha jugado el tribunal en los últimos años.
Advierte que lo dramático y peligroso sería “romper con la inercia” que ya trae la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de mucha relevancia como los derechos humanos y su papel de ser el contrapeso frente a los otros dos Poderes.
“A mí me gusta que el Poder Judicial juegue el rol de poder, y mucho más en este momento, donde más que nunca van a ser necesarios los contrapesos.
“En una época de muchos organismos autónomos, el contrapeso real lo va a dar siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por eso es muy importante saber  quién lo encabeza y qué ofrece.
“Yo preferiría continuidad mejorada a un regreso que pudiera tener grandes costos para México”, sostuvo la especialista al respecto.
De acuerdo con datos de la propia SCJN, Luis María Aguilar Morales ingresó el 15 de octubre de 1968  al Poder Judicial federal como taquimecanógrafo judicial “F” en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
En sesión del 12 de febrero de 1980, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de 21 votos, lo designó juez de Distrito interino.
Menos de un mes después, el 1 de marzo de 1980, tomó posesión del cargo de juez de Distrito, con la misión de fundar e iniciar el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, con competencia para conocer juicios de amparo administrativos, laborales, civiles y penales.
Como consejero de la Judicatura Federal ha propuesto a la consideración del pleno más de 70 iniciativas de acuerdos generales, a los que se refiere el artículo 100 de la Constitución.
Luis María Aguilar Morales
  • Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Realizó esos estudios de 1969 a 1973.
  • Se tituló el 25 de noviembre de 1974, con la tesis Los Alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para Efectos del Amparo. Un estudio analítico y crítico de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se otorga legitimación procesal activa, en el juicio de amparo, a los pequeños propietarios que carecían de certificado de inafectabilidad.
Arturo Zaldívar: un “aspirante externo”
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se incluye también en la lista de los ministros que buscan la presidencia de la SCJN.
A sus 55 años, se le ubica como un ministro que trabaja en la formación de precedentes jurídicos y posee un perfil más liberal, el cual dejó ver en su proyecto del caso de la guardería ABC, en el cual propuso  —sin alcanzar la aceptación de sus compañeros—  castigo a los exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, por considerar que tuvieron responsabilidad en el incendio que terminó con la vida de medio centenar de niños en junio de 2009 en Sonora.
Aun cuando no se formó en las filas del Poder Judicial federal, conoce su funcionamiento debido a que muchos años de su profesión los dedicó a ser abogado litigante y a la academia.
Al igual que Luis María Aguilar Morales, tendría una posibilidad más de participar en al menos otro periodo de sucesión en la presidencia de la SCJN, pues su cargo ministro concluye en noviembre de 2024.
Para los expertos, la posibilidad de que alguien que no cuenta con una carrera judicial llegue a la dirigir la Corte “no es una mala opción”.
Señalan que es de suma importancia no perder de vista que quien preside la Corte también es responsable del órgano de vigilancia y disciplina de jueces y magistrados federales, es decir, del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano donde hace falta control y un mejor combate a la corrupción, aseguran.
“El punto negativo de que sea alguien de casa pudiera dar un mensaje conservador que se asocie o se vincule a que son más importantes los nexos y las ligas internas que las necesidades del país en materia de administración de justicia”, indica Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En el caso de que fuera uno como el ministro Zaldívar, pudiera estar el problema de que quizá alguien que no conoce a la judicatura rompiera los pocos y delicados equilibrios que existen;  sin embargo, el punto positivo sería quizá la posibilidad de que alguien sin atavismos, alguien que probablemente no esté muy enterado de cómo funciona el Poder Judicial, podría generar aspectos innovadores, podría ser una apuesta inteligente por la vigencia de los derechos humanos”, agrega el catedrático.
Mientras tanto, para José Luis Caballero, especialista de la Universidad Iberoamericana, “ser o no de casa” en el Poder Judicial no debe ser un punto definitorio o sustancial para no ser considerado en la competencia interna.
“Yo creo que los ministros que están ahí, que no son de carrera judicial, conocen la Judicatura y conocen los problemas que tiene el Poder Judicial”, expone.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como parte de su trayectoria, fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, creada por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arturo Zaldívar lelo de larrea
  • Estudió en la Escuela Libre de Derecho de  1978 a 1983.
  • Se tituló con la tesis El Juicio de amparo en contra de reformas constitucionales, la cual fue laureada por el jurado examinador.
  • Cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1985 a1987.
  • Obtuvo la maestría en Derecho en 1987.
  • Obtuvo el doctorado, también en la UNAM, en 1988.
Combatir la corrupción está entre los desafíos
Frenar el crecimiento de la “familia judicial”será otro reto para el próximo presidente de la Corte, enfatizan
El cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el más alto dentro del Poder Judicial federal.
La responsabilidad obliga a quien lo ejerce a poseer determinadas características profesionales que lo hagan capaz de vencer los retos que conlleva la tarea de impartir y administrar la justicia.
Por ejemplo, mantener la independencia frente a los otros dos Poderes, combatir la corrupción e impulsar seriamente el servicio profesional de carrera para frenar el crecimiento de la llamada “familia judicial”, compuesta por esposas, exesposas, sobrinos, consuegros y recomendados de altos funcionarios judiciales se ubican, a juicio de expertos y catedráticos, como algunos de los retos que deberá vencer quien resulte electa o electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de enero del 2015.
Para el doctor en Derecho José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana, la gestión del ministro Juan Silva Meza cumplió con el objetivo de mantener la independencia.
 “Yo pienso que con todo y el regreso del PRI, el Poder Judicial puede estar blindado a cualquier tipo de presiones del gobierno federal, pero sí necesitamos que eso se mantenga a través del ejercicio de una presidencia muy fuerte”, destaca.
El combate a la corrupción es otro de los retos que se advierten para el sucesor de Silva Meza, sobre todo en su carácter de titular del Consejo de la Judicatura Federal, en donde recientemente estallaron escándalos de funcionarios y juzgadores federales vinculados con el crimen organizado, acontecimientos que actualmente enfrentan juicios criminales en diferentes tribunales del país e instancias ministeriales.
Acusaciones que en el sexenio pasado fueron causa incluso de enfrentamientos entre Juan Silva Meza y el entonces presidente de la República, Felipe Calderón.
“Aquí, lo prudente, lo conveniente, es que quien acceda a la presidencia de la Suprema Corte es que comprenda que los nexos, las ligas ilícitas que existan en ese órgano de justicia nacional deben, por el bien de la nación, deshacerse, deben cortarse, debe combatirse cualquier proceso que mine la credibilidad en las instituciones encargadas de administrar justicia en el país”, precisa el investigador de la UNAM Daniel Márquez.
“Al toro por los cuernos”
En tono muy similar, José Luis Caballero advierte que quien dirija al Poder Judicial federal debe “tomar al toro por los cuernos” y combatir la corrupción que “es un cáncer que está afectando a todas las áreas del poder público, lo sabemos, en la Judicatura hay una problemática seria en este aspecto”, sentenció.
En opinión de los entrevistados, será necesario que quien encabece al Poder Judicial federal termine con la “reprochable costumbre” de contratar a familiares directos o indirectos de los ministros o de los consejeros de la Judicatura en sus ponencias o en la de sus colegas, así como en puestos bien remunerados dentro del Poder Judicial federal.
Esta problemática se repite porque no existen reglas claras que impidan las contrataciones de familiares directos, coincidieron Leticia Bonifaz, Daniel Márquez y José Luis Caballero.
“Para mí, así como hubo en su momento en la llamada época de la renovación moral de Miguel de la Madrid un acuerdito que decía hasta en la gráfica ‘esto es lo que está prohibido y éstos son los parientes en primer grado, segundo grado y tercer grado donde no puedes tener contrataciones’, si no hay reglas y si queda a la interpretación, pues la situación prevalece”, sugirió Bonifaz, del CIDE.
Proponen fortalecer el servicio profesional de carrera
José Luis Caballero coincidió con Bonifaz respecto a que no hay reglas claras sobre el particular y planteó como solución del nepotismo en el Poder Judicial federal fortalecer el servicio profesional de carrera en el Consejo de la Judicatura Federal.
“Yo creo que una de las finalidades principales de haber creado los consejos de la judicatura es fomentar la carrera judicial y evitar este tema de las influencias o que lleguen a puestos gente que no está capacitada, entonces, operar con base en la carrera judicial”, detalla Caballero.
Para el investigador de la UNAM Daniel Márquez la contratación de familiares se asocia más a un “pacto secreto entre juzgadores” que a la profesionalización de la carrera judicial.
Por lo que demandó que los ministros, jueces y magistrados renuncien a los poderes no explícitos que implica su responsabilidad.
“Es necesario que renuncien a estos poderes que los ministros tienen no explícitos, no jurídicos de nombrar ellos, como cuota, como coto, a cierto número de jueces o magistrados, hace falta que renuncien de manera expresa a ese privilegio”, subraya.
Finalmente, los expertos en derecho estimaron que además de conservar la independencia, combatir la corrupción y eliminar el nepotismo, el futuro presidente o presidenta de la Corte y de la Judicatura Federal deberá ser sensible a los temas de justicia social, continuar fortaleciendo el marco de protección a los derechos humanos y volver más transparente su actuar ante la sociedad.
Pero lo más importante, afirman, será hacer conciencia de que la justicia debe alcanzar a todos los mexicanos.
Tareas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación.
  • Entre sus responsabilidades está defender el orden establecido por la Constitución.
  • También la de mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite.
  • Soluciona de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
  • En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en el país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.
  • La información completa acerca de la Suprema Corte de Justicia se puede consultar en el sitio de internet www.scjn.gob.mx.

Temor y duda en jornada electoral en Estados Unidos.

ATLANTA, 3 de noviembre.– A un día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el temor domina a los votantes, según una encuesta realizada entre el 26 y el 31 de octubre y dada a conocer ayer por la firma Princeton Survey Research Associates International (PSRAI)
La encuesta señala que dos tercios de la población con derecho al voto tiene miedo al contagio por el virus del ébola o a ser víctimas de un ataque terrorista del grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).
A ello se suma el miedo a una economía débil que no se recupera al ciento por ciento, así como a la falta de empleo bien remunerado.
Este miedo los ha puesto a pensar si es oportuno sufragar por el Partido Demócrata este 4 de noviembre o buscar cambiar el rumbo de la actual política.
“El índice de aprobación del presidente Barack Obama es actualmente de 44%, y ninguno de los dos partidos tiene el voto asegurado por la falta de confianza del electorado para resolver los problemas de la nación. Por márgenes significativos, los encuestados prefieren a los republicanos en el Congreso cuando se trata de lidiar con la economía y los militantes de ISIS en Irak y Siria”, explica a Excélsior Mary McIntosh, presidenta de PSRAI.
Sin embargo, “por dos dígitos, dicen preferir a los demócratas, pues los ven como una mejor solución en el manejo de la desigualdad de ingresos, la inmigración y otras cuestiones sociales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo”, agrega.
McIntosh señala que cuando se trata de atender la problemática de enfrentar el virus del ébola, uno de cada cinco encuestados dice que no confían en ninguno de los partidos y sus funcionarios, pues han demostrado no estar preparados.
Pero el resultado final que muestra el análisis de PSRAI da una ligera ventaja a los republicanos, ya que dice que el estado de ánimo pesimista del electorado los está favoreciendo, pues sus partidarios son más entusiastas acerca de la votación, lo que se suma a su “animada oposición” a la actual administración.
Un año turbulento
En la encuesta de PSRAI se menciona que sólo un tercio de los encuestados dice que están, en general, satisfechos en cómo van las cosas en Estados Unidos.
“El estado de ánimo de hoy es similar a las elecciones intermedias de 1994 y 2006, años turbulentos que llevaron a que el partido que tenía en su poder la Casa Blanca sufriera fuertes reveses que les costaron el control de la Cámara de Representantes”, dice Jenn Medeiros, jefa del Departamento de Comunicaciones de EMILY’s List, un comité de acción política en Estados Unidos que tiene como objetivo impulsar al voto de las y los candidatos demócratas al Congreso.
A esta postura se suma Pat Murrell, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes, sección Louisville, que asegura que con un demócrata en la Casa Blanca los republicanos ya ganaron una mayoría en la Cámara hace cuatro años. “La pregunta más importante para mañana es si los demócratas serán capaces de mantener el control del Senado”.
Obama, un tema a discutir
Las últimas encuestas aseguran que la mitad de los votantes afirman que Obama no pesa en su voto para el Congreso. Pero para el resto, el Presidente sí es un factor, ya que la mitad dice que posiblemente vote en contra de los demócratas por la actual situación que se vive en la nación.
El desafío para los demócratas es ganar en unas horas más partidarios para las elecciones de mitad de periodo, cuando hay menos gente que vota, y los que normalmente lo hace son gente adulta mayor, más conservadores y propensos a apoyar a los republicanos.
“Los datos son claros, sólo 7% de los posibles votantes son menores de 30 años. Por el contrario, la proporción del electorado mayor de 65 años se ha elevado a 27%, desde 16% en 2012. Eso significa que los conservadores conforman hoy 35%”, comenta McIntosh.
Más preocupaciones
Según la consultora Pew Research Center, en una encuesta de 2012, el terrorismo llegó a ser parte de una lista de siete temas que solicitaban los votantes se resolviera rápidamente, con dos por ciento del total.
Pero un nuevo análisis entregado la semana pasada muestra que la seguridad nacional y el terrorismo ocupan el segundo lugar, citado por 21% de los encuestados.
Mientras para los demócratas el empleo sigue siendo el tema más importante, para los republicanos el terrorismo ocupa ya el primer lugar.
En un recorrido por las calles de Atlanta se preguntó a los ciudadanos qué era lo que esperaban que realizaran los congresistas el próximo año durante su legislatura. La mayoría mencionó la creación de empleo y la lucha contra el terrorismo.
De las 50 personas entrevistadas, el total señala no tener confianza en que el gobierno cumpla cualquiera de esas prioridades, éste o el próximo año.

OBAMACARE, EN LA DISPUTA ELECTORAL

Tras años intentando revocar la reforma de salud del presidente Barack Obama, los republicanos trabajan en una nueva estrategia para eliminar algunas indicaciones de la ley usando medidas específicas, que podrían recibir apoyo de suficientes demócratas para llegar al despacho del mandatario.
Pero primero tendrían que conseguir seis escaños más en el Senado durante las elecciones legislativas de mañana, lo que le daría al Partido Republicano el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos por primera vez desde 2006.
Puesto que los sondeos de opinión muestran que tienen grandes posibilidades de conseguir la mayoría del Senado, los republicanos están explorando una serie de iniciativas para retirar varias medidas tributarias y penalidades a empresas indicadas en la reforma, llamada también Obamacare.
La Ley de Salud Asequible, el mayor logro legislativo de Obama durante su presidencia a nivel doméstico, busca reducir el número de estadunidenses sin seguro médico al ofrecer cobertura subsidiada a personas de bajos recursos y extender el programa Medicaid
para los más pobres.
Pero la ley ha sido objeto de constantes ataques republicanos desde que el Congreso la aprobó en 2010, cuando ambas cámaras estaban controladas por los demócratas.
Si el Congreso queda bajo el control de los republicanos se prevé que éstos presenten desde enero dos proyectos de ley por separado para diluir la reforma, además de la penalización a estadunidenses que no obtengan cobertura en salud y los subsidios federales para personas de menores ingresos inscritas para recibir beneficios del sector privado bajo el Obamacare.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, fue duramente criticado la semana pasada por los conservadores cuando dijo que el partido posiblemente obtendrá los 60 votos en el Senado, del total de 100, que son necesarios para revocar la reforma de salud con una legislación regular.
Pero dado que es casi seguro que la Casa Blanca vete tales medidas, los republicanos esperan avanzar rápidamente con una legislación capaz que atraer a suficientes demócratas como para superar los obstáculos legislativos del Senado y añadir presión sobre Obama para que admita cambios, de acuerdo a legisladores y asesores.
Entre los objetivos republicanos está la indicación ACA, que ordena a las empresas con al menos 50 trabajadores de tiempo completo ofrecer cobertura de salud a sus empleados para no quedar sujeto a penalizaciones.

EN LA MENTE DEL ELECTOR

Esto es lo que pasa por la cabeza de los ciudadanos con derecho al voto, según una encuesta de Princeton Survey Research Associates International:
  • Economía incierta: la prioridad principal en el Congreso para el próximo año es la creación de empleo, citado por 29% de los encuestados. A pesar de que el desempleo se ha reducido a 5.9% y la economía ha crecido saludablemente 3.5% en el tercer trimestre del año, la ansiedad forjada en la Gran Recesión sigue proyectando una nube negra.
  • La larga batalla contra ISIS: seis de cada diez encuestados predice que Estados Unidos tendrá que hacer frente a la amenaza del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), aún después de que acabe el segundo mandato de Barack Obama en dos años. Cuatro de cada diez encuestados dice que el conflicto tendrá una extensión de más de cinco años.
  • La amenaza del ébola: cuatro de cada diez dice que un brote importante del virus en Estados Unidos es algo muy probable para el próximo año, aunque los expertos de salud pública aseguran que esta perspectiva es remota. Más de uno de cada diez  dice que es muy o bastante probable que alguien en su familia contraiga el virus. Cuatro de cada diez dice que no confían en el gobierno federal para manejar la amenaza de una epidemia.

EL SENADO RECORTA NUEVA  AGENCIA DE INTELIGENCIA

Un plan del Pentágono para crear una nueva agencia de inteligencia en el extranjero ha sido reducido después de que legisladores expresaran preocupación sobre su objetivo y costo, informó ayer el diario estadunidense The Washington Post.
El nuevo Servicio Clandestino de Defensa, anunciado por el Pentágono hace más de dos años, pretende usar a agentes existentes, autoridades y recursos para trabajar de cerca con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el rastreo de amenazas emergentes en todo el mundo.
Pero un reporte publicado en The Washington Post informó que la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) entrenará y desplegará a 500 agentes encubiertos, cerca de la mitad de lo que se había planteado en un principio.
Aunque los agentes de la Agencia de Inteligencia de la Defensa ya se dedican actualmente a recopilar información de inteligencia en zonas de batalla convencionales, el Servicio Clandestino de Defensa tiene como objetivo propiciar una mayor cooperación entre el ejército y la CIA.
Sin embargo, el Congreso estadunidense expresó preocupación porque el Pentágono termine pagando la cuenta por misiones de la CIA, dice elPost.

Afores, con medio billón de pesos para inversiones.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre.- Durante los últimos dos años las inversiones de las Afores en actividades productivas se han incrementado 36 por ciento, al ubicarse en 742 mil 540 millones de pesos, sin embargo; esta cifra  podría aumentar hasta un billón 149 mil 849 millones de pesos si se aprovecharan al cien por ciento los límites de inversión establecidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De acuerdo con cifras del órgano regulador, existe un margen de 507 mil 309 millones de pesos para que las afores impulsen el desarrollo económico del país a través del financiamiento a empresas y proyectos productivos mediante inversiones en instrumentos estructurados, como los CKD’s y las Fibras, de renta variable e inversiones en valores extranjeros. 
Margen de inversión
Por tipo de instrumento, las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) aún pueden invertir hasta 124 mil 659 millones de pesos en valores extranjeros; 95 mil 041 millones en renta variable; y 287 mil 609 millones de pesos en instrumentos estructurados, ya que los límites de inversión no están utilizados en su totalidad.
Cabe recordar que los principales vehículos de financiamiento a las actividades productivas son los Fideicomisos de Infraestructura de Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD's), los cuales son considerados instrumentos estructurados, en los que las afores pueden invertir entre cinco  y  20 por ciento del total de los activos que administran.
Este límite, considerando el total de los activos que administran las afores, equivale a 402 mil 683 millones de pesos, de los cuales sólo se han consumido 115 mil 074 millones de pesos, lo que demuestra el potencial que tienen las afores para incrementar sus inversiones en actividades productivas, sólo considerando el margen existente para alcanzar los topes regulatorios por tipo de instrumento.
Sin embargo, el desaprovechamiento de este potencial no necesariamente es por desinterés de las afores, sino que podría estar asociado a la falta de oferta y a limitantes del régimen de inversión, ya que si bien el margen para invertir es amplio, existen administradoras que casi alcanzan el límite máximo, explicó en entrevista con Excélsior  Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Las condicionantes
“Ciertamente hay un potencial, hay un espacio muy claro que esperamos que en los próximos años las afores vayan aprovechando más; pero también es cierto que hay dos condicionantes para que exista un incremento de estas inversiones, la primera tiene que ver con el régimen de inversión y la segunda es que haya suficiente oferta de  proyectos y que haya nuevas empresas para que las afores  puedan ampliar este nivel actual, de más o menos un tercio del total de los recursos del Sistema de Pensiones”.
En este sentido, recordó que durante este año la actividad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no ha tenido mucho  movimiento, es decir no se han listado nuevas empresas en el mercado bursátil, ni se han realizado las suficientes colocaciones de CKD’s o emisiones de deuda.
Lo anterior frena las inversiones que pudieran realizar las afores en actividades productivas, ya que de acuerdo con las leyes mexicanas, para que éstas puedan realizarse “deben ser a través del mercado público, es decir vía colocación en los mercados de valores públicos”. 
Las inversiones
Actualmente, las afores tienen recursos invertidos en 32 CKD’s y ocho Fibras, además han participado en diferentes Ofertas Públicas Iniciales, por un monto de 21 mil 023 millones de pesos.
Además de la falta de oferta en el mercado bursátil, es otra limitante para incrementar las inversiones en actividades productivas es el propio régimen de inversión, pues a decir de Carlos Ramírez, debería incrementarse el límite en renta variable, que actualmente se ubica en 40 por ciento, respecto al total de los activos que administran las afores, “uno de los niveles de inversión de renta variable más restrictivos de los países de la OCDE”.
Vale señalar que la ampliación de los límites de inversión tanto en renta variable como en valores extranjeros, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión y ya está en discusión, de acuerdo con la propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, enviada por la Consar a los legisladores.
“El potencial es muy grande y  por la misma demografía va a seguir creciendo relativamente rápido,  el tema es a dónde se van a destinar los recursos de este sistema y esperamos que sea más en actividades productivas, pero el asunto es  que hay una combinación de factores que tienen que ocurrir para que este monto de recursos pueda incrementarse de manera más acelerada”.

Contra narco, 76% de ejércitos de AL; informe registra 488 mil operativos en dos años.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre.- Los ejércitos de 15 países de América Latina, incluido el de México, han realizado en dos años, de 2012 a 2014, 488 mil operativos contra el narcotráfico.
De acuerdo con un informe de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), 76% de esas fuerzas militares está destinada a la lucha contra el crimen organizado.
En el documento llamado Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, realizado por la Resdal, se reporta que los países analizados destinan este año 71 mil 277 millones 462 mil 374 dólares en sus labores de defensa.
Informa que México, después de Brasil y Colombia, es una de las naciones que más recursos destina para actividades de seguridad nacional, apoyo a la población civil en caso de emergencias y auxilio en materia de seguridad pública.
AL reporta 488 mil acciones antinarco
En la región se emplea 76 por ciento de la fuerza militar en acciones contra narcotraficantes.
Sólo entre 2012 y 2014, las actividades delictivas protagonizadas por los narcotraficantes generaron aproximadamente 488 mil operativos que involucran a militares y autoridades civiles en 15 naciones de América Latina, zona donde se observa que 76% de la fuerza militar posee programas regulares de combate contra el narcotráfico, cuya violencia afecta a la tercera parte de la población regional.
El Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, realizado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) y presentado la semana pasada, precisa también que en México, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Cuba, existen acciones constantes para combatir a los narcotraficantes, que a su vez tienen operaciones multinacionales, mientras que en Chile y Uruguay no hay planes especiales para combatirlos con militares.
Precisa que 75% de la población de los 17 países que integran el estudio vive en zonas que tienen riesgo de sufrir un desastres natural; 15 mil 804 son las personas afectadas por distintas clases de desastres naturales en la región, cada día, y uno de cada tres latinoamericanos denunció en 2012 haber sido víctima de la delincuencia.
El reporte también revela que las 17 naciones analizadas destinan en este año 71 mil 277 millones 462 mil 374 dólares a sus labores de defensa, que se reflejan en actividades de seguridad nacional, apoyo a la población civil en caso de emergencias, labores de paz a nivel internacional y auxilio en materia de seguridad pública.
Las naciones que más dinero canalizan a estas labores son Brasil, Colombia, México, Venezuela, Chile, Argentina, Perú y Ecuador; 2011 es el año en que más dinero se destinó en todas las naciones, que en ese año destinaron más que en este 2014, pues sumó 71 mil 506 millones 807 mil 90 dólares.
De igual forma, el documento de análisis multinacional precisa que las labores militares en materia de seguridad pública pueden clasificarse en cuatro grandes aristas.
La primera, denominada Seguridad Ciudadana, consistente en la prevención de la actividad delictiva, orden público, patrullajes, control de revueltas o manifestaciones, se realiza en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Colombia, Brasil y Bolivia, entre los que destaca la creación de un nuevo “Comando para tareas de Seguridad Pública” en Honduras y el establecimiento de Bases de Operación Mixtas de la Sedena para la atención de zonas de alto riesgo –por presentar problemas de seguridad– donde se analizan operaciones de vigilancia móviles y estacionarias en México.
La segunda arista se refiere a la actuación preventiva y/o represiva en fronteras contra delitos, que se aplica en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y en la que destaca el desarrollo de operativos Escudo Norte para la vigilancia y control de los espacios de frontera, en Argentina; la Fuerza de Tarea Conjunta Cívico-Militar para proteger la frontera Colombia-Venezuela; y lo que realizan México y Guatemala.
La tercera artista se refiere a las Acciones contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, que realizan todas las naciones analizadas, excepto Chile y Uruguay, y en las que destacan las operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada desarrollados por la Secretaría de Marina, con las que se erradican plantíos de mariguana y se decomisan armas, en México; también el desarrollo del Plan contra el Narcotráfico en Nicaragua; las tareas conjuntas para neutralizar al narcotráfico, crimen organizado y tráfico de armas y otros, por las fuerzas armadas paraguayas.
La cuarta arista se refiere al uso de militares para el control perimetral de centros penales, que se realiza en Uruguay, Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador.
El Resdal nació en 2001 y “colabora con la construcción de un ambiente democrático, seguro y pacífico en América Latina y el Caribe y su trabajo impacta en el ambiente hemisférico e internacional de la seguridad”, recuerda el documento.
Enfoque
 La Red de Seguridad y Defensa de América Latina pide incorporar en la estrategia mexicana:

  • Una doctrina de seguridad nacional.
  • Desarrollar una política de seguridad nacional.
  • Una agenda creada por consenso en función de las necesidades y capacidades.
  • Consolidar un proyecto de nación.
  • Distinguir entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad a la seguridad del país.