Noticia:
Endeudamientos, suspensión de salarios, paralización de obras públicas y de servicios, austeridad, violencia y más pobreza generó en muchos municipios del país la reducción de participaciones federales por recortes del gasto público de la Federación, que a la fecha suma 85 mil millones de pesos en el presupuesto de 2009.
En Baja California Sur, para enfrentar la crisis, agravada por la reducción de participaciones federales, cuatro de los cinco ayuntamientos del estado —La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto— pidieron a la banca 433 millones de pesos para cubrir compromisos, principalmente de obra pública.
El municipio de Mulegé, severamente afectado por el huracán Jimena, rechazó endeudarse porque no tiene capacidad de pago y anunció un programa de austeridad y reasignación de recursos para atender las zonas más lastimadas por el meteoro.
Sin recursos y con corrupción
En condiciones de pobreza, caos y suciedad por la suspensión de servicios públicos, así como millonarias deudas, dejaron las autoridades salientes de varios municipios de Campeche por la falta de recursos atribuida al recorte de participaciones federales.
En Champotón, montones de basura se muestran por todos lados, así como luminarias destruidas y parques saturados de maleza, y en Campeche la gestión saliente heredó una deuda de 97 millones de pesos, mientras que en Tenabo los empleados de la alcaldía acumularon siete quincenas atrasadas.
En Ciudad del Carmen el atraso en el pago de varias quincenas a empleados de parques y jardines, alumbrado y otros servicios, así como a intendentes de primarias, llevó a una violenta toma del palacio municipal.
Marginación indígena
En los 570 municipios de Oaxaca, el recorte de las participaciones federales fue este año por 900 millones de pesos, lo que incrementó la marginación indígena y la falta de obra pública. “Oaxaca, con más pobreza y marginación y menos presupuesto va a tener problemas de desempleo”, dijo el presidente municipal de Salina Cruz, Héctor Becerril, a quien ya le empezaron a descontar casi un millón de pesos al mes.
“Avizoramos un escenario crítico y complejo para Oaxaca”, añadió el secretario general del gobierno oaxaqueño, Jorge Toledo Luis, al considerar que los recortes presupuestales podrían generar riesgos sociales.
Quiebra técnica
En Querétaro, 17 de sus 18 municipios se declararon técnicamente en quiebra y con ello insolventes para concluir su gestión administrativa, por lo que pidieron apoyo al gobierno del estado que les proporcionó 163 millones de pesos. De ese monto, el municipio de Querétaro recibió 79 millones a pesar de que en septiembre solicitó un préstamo de 100 millones de pesos, además de que puso a la venta 40 predios, de los que pretende obtener 175 millones para saldar deudas.
En Hidalgo, al menos cinco de los 84 ayuntamientos contrajeron deudas bancarias y otros siete están en trámite para cubrir gastos de operación, principalmente salarios.
En Tamaulipas, se paralizaron las obras públicas en Ciudad Madero, Río Bravo, Mante, Matamoros y Ciudad Victoria, además de que se eliminaron los vales de despensa y de gasolina a empleados públicos.
La crisis llevó a 200 de los 212 municipios de Veracruz a comprometer sus recursos del impuesto a la tenencia vehicular por deudas con el Banco Nacional de Obras Públicas que superan en conjunto 2 mil 463 millones de pesos. En total, 82 alcaldías contrataron deudas para pagar en 2010, cuando concluyan su gestión, y 49 heredaron deudas hasta para las siguientes seis administraciones.
Al menos 87 de los 106 municipios de Yucatán enfrentan dificultades para el pago de alumbrado público y cubrir el servicio de agua potable, además de que han recortado personal generando problemas laborales, por la reducción de hasta 45% de sus ingresos por participaciones federales.
La Asociación de Municipios por Yucatán aseguró que la situación es desesperante porque no hay ni para pagar la nómina.
En el municipio de Súchil, al oriente de Durango y aledaño a Zacatecas, los más sacrificados fueron los integrantes del cabildo —alcalde, síndico y regidores— que no han recibido sus sueldos desde la segunda quincena de agosto pasado, porque se destinaron a otros gastos, como el pago de la nómina del personal y la prestación de servicios.
En cambio, en Jalisco, en agosto pasado, cuando la crisis comenzó a afectar a todos los municipios del estado y a la par se buscaban fórmulas para evitar despidos masivos, el ayuntamiento panista de Zapopan, el segundo más grande de la entidad, financió una gira de la Virgen de la comunidad, con todo su séquito, a Estados Unidos.
lunes, 12 de octubre de 2009
GDF inicia consultas para reglamentar trabajo sexual.
Noticia:
El gobierno del Distrito Federal (GDF) busca regular el sexoservicio en la capital del país, y para ello las autoridades locales han iniciado mesas de análisis y discusión con representantes de trabajadores y trabajadoras sexuales de toda la ciudad, a fin de diseñar una ley, o en su caso, un reglamento que ordene el ejercicio de esa actividad.
La Consejería Jurídica de la administración capitalina es el área encargada de establecer los contactos y entablar el diálogo con los grupos de personas dedicadas al sexoservicio en la ciudad de México.
Hasta la semana pasada faltaba llevar a las mesas de trabajo a representantes de las personas que trabajan en la calzada de Tlalpan, pues ya se ha establecido diálogo con los grupos que operan en las zonas de Buenavista, La Merced y Sullivan, entre otros.
Además, la Consejería Jurídica del GDF ha empezado a analizar leyes y reglamentos de otras naciones, e incluso de otras entidades del país que ya han logrado ordenar el trabajo sexual, con el objetivo de adoptar las normas más eficaces y exitosas.
Se toman en cuenta experiencias internacionales de países como Holanda, Suecia, España (Cataluña), Perú, Australia, Alemania, Bolivia y Nicaragua, así como reglamentaciones locales como Veracruz, Durango, del municipio de Guadalupe, en Zacatecas, y San Luis Río Colorado, en Sonora.
Sacan iniciativas de la “congeladora”
Para diseñar el ordenamiento local, la autoridades capitalinas han rescatado del olvido iniciativas que diputados locales de anteriores legislaturas dejaron pendientes de aprobar, como la propuesta de Ley de Protección al Sexoservicio planteada en el año 2007 por el legislador perredista Juan Bustos, y la iniciativa de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública que en 2005 presentó el también asambleísta del PRD, Julio César Moreno, quien actualmente es otra vez legislador local.
El gobierno de la ciudad también estaba en espera de la definición sobre quién sería el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para invitar a ese organismo a participar en la redacción del nuevo ordenamiento para el trabajo sexual.
Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica capitalina, aceptó el reto que enfrenta el gobierno local por este intento de ordenar a quienes ejercen el trabajo sexual, pero explicó que la intención al impulsar una normatividad en este tema es actuar contra la explotación sexual y el lenocinio.
“Vamos a analizar y discutir temas como zonas de tolerancia, la operación de hoteles, los horarios; todavía no hay nada en firme y sabemos que no será fácil sacar adelante esa norma, pero esperamos que en marzo de 2010 tengamos ya un documento definido”, dijo Leticia Bonifaz Alfonzo.
Agregó que el plan del gobierno de la ciudad es crear una ley o reglamento que se encuentre en el punto medio de entre las normas más conservadoras y las más liberales existentes a nivel nacional e internacional, que por un lado garanticen los derechos de quienes se dedican a esa actividad, y por el otro de quienes viven en las zonas del DF donde ocurre el sexoservicio.
“No somos un grupo especial”
Luego de participar en estas primeras mesas de discusión con las autoridades locales, Alejandra Gil, representante de trabajadores de sexuales de la zona de Buenavista, dijo que su planteamiento al gobierno es el de abierto rechazo a crear una ley.
“Nosotros planteamos que no puede haber una ley porque no somos alguien especial. Tendría que haber leyes para doctores, para licenciados y para todo mundo. Una reglamentación se acepta, pero no una ley. No se necesitan leyes específicas para el trabajo sexual”, expuso Gil en entrevista.
Lo que se necesita, agregó, es el reconocimiento de este oficio como un trabajo, así como encontrar un justo medio entre las necesidades de este sector y las exigencias de los grupos vecinales. Por ello también rechazó cualquier planteamiento sobre establecer zonas de tolerancia, integrar padrones de trabajadores sexuales o imponerles la obligación de hacerse exámenes médicos de manera constante, pues dijo que eso es una violatación de sus derechos humanos.
“Cuando toda la población se haga exámenes médicos, nos los haremos nosotros. El gobierno de la ciudad sabe que eso sería una violación a nuestros derechos humanos. Nosotras no somos extrañas o extraterrestres para hacernos pruebas, porque no te garantizan nada; hay periodos de incubación de la enfermedad y es una falsa seguridad decir que estás bien, cuando pudiste tener una relación sin control hace ocho días”, dijo.
Expuso que no hay fecha para una segunda reunión con las autoridades, pero consideró necesario que se incorpore a personal de los juzgados cívicos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para definir criterios de actuación de policías y de jueces cívicos, pues son ellos los que más violan los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.
Reciclan propuesta
Cuatro años después de que presentó su propuesta de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública y otra vez como asambleísta del PRD, Julio César Moreno dijo que replanteará el contenido de aquella iniciativa que impulsó en 2005, a través de la cual proponía la creación de zonas de tolerancia, catalogar a quien ejerce el sexoservicio como trabajador no asalariado, y exigir a cada una de estas personas el pago de 4.4 pesos al día por el uso de la vía pública para su actividad.
“Se comentó de manera informal con el gobierno de la ciudad retomar la iniciativa ley de trabajo sexual; estamos esperando que se instale la Comisión de Procuración de Justicia aquí en la Asamblea Legislativa del DF para iniciar mesas de trabajo de carácter formal, primero con el gobierno local y después replanteando la ley”, explicó el diputado.
Consideró que debe lograrse un consenso entre los distintos sectores involucrados en el tema, sobre todo para avanzar en el derecho a la seguridad social que plantean las y los trabajadores sexuales. Aceptó que será necesario revisar planteamientos como la creación de zonas de tolerancia o la existencia de un padrón de quienes ejercen esa actividad.
El gobierno del Distrito Federal (GDF) busca regular el sexoservicio en la capital del país, y para ello las autoridades locales han iniciado mesas de análisis y discusión con representantes de trabajadores y trabajadoras sexuales de toda la ciudad, a fin de diseñar una ley, o en su caso, un reglamento que ordene el ejercicio de esa actividad.
La Consejería Jurídica de la administración capitalina es el área encargada de establecer los contactos y entablar el diálogo con los grupos de personas dedicadas al sexoservicio en la ciudad de México.
Hasta la semana pasada faltaba llevar a las mesas de trabajo a representantes de las personas que trabajan en la calzada de Tlalpan, pues ya se ha establecido diálogo con los grupos que operan en las zonas de Buenavista, La Merced y Sullivan, entre otros.
Además, la Consejería Jurídica del GDF ha empezado a analizar leyes y reglamentos de otras naciones, e incluso de otras entidades del país que ya han logrado ordenar el trabajo sexual, con el objetivo de adoptar las normas más eficaces y exitosas.
Se toman en cuenta experiencias internacionales de países como Holanda, Suecia, España (Cataluña), Perú, Australia, Alemania, Bolivia y Nicaragua, así como reglamentaciones locales como Veracruz, Durango, del municipio de Guadalupe, en Zacatecas, y San Luis Río Colorado, en Sonora.
Sacan iniciativas de la “congeladora”
Para diseñar el ordenamiento local, la autoridades capitalinas han rescatado del olvido iniciativas que diputados locales de anteriores legislaturas dejaron pendientes de aprobar, como la propuesta de Ley de Protección al Sexoservicio planteada en el año 2007 por el legislador perredista Juan Bustos, y la iniciativa de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública que en 2005 presentó el también asambleísta del PRD, Julio César Moreno, quien actualmente es otra vez legislador local.
El gobierno de la ciudad también estaba en espera de la definición sobre quién sería el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para invitar a ese organismo a participar en la redacción del nuevo ordenamiento para el trabajo sexual.
Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica capitalina, aceptó el reto que enfrenta el gobierno local por este intento de ordenar a quienes ejercen el trabajo sexual, pero explicó que la intención al impulsar una normatividad en este tema es actuar contra la explotación sexual y el lenocinio.
“Vamos a analizar y discutir temas como zonas de tolerancia, la operación de hoteles, los horarios; todavía no hay nada en firme y sabemos que no será fácil sacar adelante esa norma, pero esperamos que en marzo de 2010 tengamos ya un documento definido”, dijo Leticia Bonifaz Alfonzo.
Agregó que el plan del gobierno de la ciudad es crear una ley o reglamento que se encuentre en el punto medio de entre las normas más conservadoras y las más liberales existentes a nivel nacional e internacional, que por un lado garanticen los derechos de quienes se dedican a esa actividad, y por el otro de quienes viven en las zonas del DF donde ocurre el sexoservicio.
“No somos un grupo especial”
Luego de participar en estas primeras mesas de discusión con las autoridades locales, Alejandra Gil, representante de trabajadores de sexuales de la zona de Buenavista, dijo que su planteamiento al gobierno es el de abierto rechazo a crear una ley.
“Nosotros planteamos que no puede haber una ley porque no somos alguien especial. Tendría que haber leyes para doctores, para licenciados y para todo mundo. Una reglamentación se acepta, pero no una ley. No se necesitan leyes específicas para el trabajo sexual”, expuso Gil en entrevista.
Lo que se necesita, agregó, es el reconocimiento de este oficio como un trabajo, así como encontrar un justo medio entre las necesidades de este sector y las exigencias de los grupos vecinales. Por ello también rechazó cualquier planteamiento sobre establecer zonas de tolerancia, integrar padrones de trabajadores sexuales o imponerles la obligación de hacerse exámenes médicos de manera constante, pues dijo que eso es una violatación de sus derechos humanos.
“Cuando toda la población se haga exámenes médicos, nos los haremos nosotros. El gobierno de la ciudad sabe que eso sería una violación a nuestros derechos humanos. Nosotras no somos extrañas o extraterrestres para hacernos pruebas, porque no te garantizan nada; hay periodos de incubación de la enfermedad y es una falsa seguridad decir que estás bien, cuando pudiste tener una relación sin control hace ocho días”, dijo.
Expuso que no hay fecha para una segunda reunión con las autoridades, pero consideró necesario que se incorpore a personal de los juzgados cívicos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para definir criterios de actuación de policías y de jueces cívicos, pues son ellos los que más violan los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.
Reciclan propuesta
Cuatro años después de que presentó su propuesta de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública y otra vez como asambleísta del PRD, Julio César Moreno dijo que replanteará el contenido de aquella iniciativa que impulsó en 2005, a través de la cual proponía la creación de zonas de tolerancia, catalogar a quien ejerce el sexoservicio como trabajador no asalariado, y exigir a cada una de estas personas el pago de 4.4 pesos al día por el uso de la vía pública para su actividad.
“Se comentó de manera informal con el gobierno de la ciudad retomar la iniciativa ley de trabajo sexual; estamos esperando que se instale la Comisión de Procuración de Justicia aquí en la Asamblea Legislativa del DF para iniciar mesas de trabajo de carácter formal, primero con el gobierno local y después replanteando la ley”, explicó el diputado.
Consideró que debe lograrse un consenso entre los distintos sectores involucrados en el tema, sobre todo para avanzar en el derecho a la seguridad social que plantean las y los trabajadores sexuales. Aceptó que será necesario revisar planteamientos como la creación de zonas de tolerancia o la existencia de un padrón de quienes ejercen esa actividad.
La India prueba de nuevo su misil con capacidad nuclear.
Noticia:
La India probó hoy con éxito dos misiles de corto alcance "Prithvi II" tierra-tierra, con capacidad nuclear, desde una plataforma integrada en el este del país, según informó hoy una fuente de Defensa.
El primer lanzamiento tuvo lugar a las 10:30 hora local (05:00 GMT) y fue seguido de otro tres minutos más tarde, desde una base de operaciones situada en la localidad de Chandipur, situada en la región oriental de Orissa.
Los misiles tienen un alcance de 350 kilómetros, según fuentes oficiales citadas por la agencia india IANS.
"Básicamente fue probado por miembros del Ejército. Un ensayo de usuario. La prueba fue fantástica, un lanzamiento de manual", dijo a IANS el director del Centro Integrado de Pruebas (ITR), S. P. Dash.
El Prithvi es el primer misil balístico desarrollado íntegramente por la India, y forma parte de un programa defensivo de desarrollo de misiles que incluye otros cuatro tipos de proyectiles.
Hasta ahora, el Ejército indio cuenta en su equipamiento con dos versiones del Prithvi, aunque Defensa continúa realizando cíclicamente ensayos con este misil.
La India probó hoy con éxito dos misiles de corto alcance "Prithvi II" tierra-tierra, con capacidad nuclear, desde una plataforma integrada en el este del país, según informó hoy una fuente de Defensa.
El primer lanzamiento tuvo lugar a las 10:30 hora local (05:00 GMT) y fue seguido de otro tres minutos más tarde, desde una base de operaciones situada en la localidad de Chandipur, situada en la región oriental de Orissa.
Los misiles tienen un alcance de 350 kilómetros, según fuentes oficiales citadas por la agencia india IANS.
"Básicamente fue probado por miembros del Ejército. Un ensayo de usuario. La prueba fue fantástica, un lanzamiento de manual", dijo a IANS el director del Centro Integrado de Pruebas (ITR), S. P. Dash.
El Prithvi es el primer misil balístico desarrollado íntegramente por la India, y forma parte de un programa defensivo de desarrollo de misiles que incluye otros cuatro tipos de proyectiles.
Hasta ahora, el Ejército indio cuenta en su equipamiento con dos versiones del Prithvi, aunque Defensa continúa realizando cíclicamente ensayos con este misil.
Fuerzas federales custodian termoeléctricas en Edomex.
Noticia:
Más de 600 elementos de la Policía Federal mantienen la custodia de termoeléctricas y plantas generadoras de electricidad de Luz y Fuerza del Centro en el estado de México, donde esta empresa abastece 81 municipios mexiquenses, la mayoría de ellos del Valle de México.
Desde la noche del sábado, la Policía Federal tomó el control de la termoeléctrica Jorge Luque, ubicada en Lechería, Tultitlán, donde llegaron un promedio de 11 camionetas y un autobús, con cerca de 180 elementos.
Lo mismo ocurrió en nueve plantas generadoras de electricidad de la compañía de Luz y Fuerza distribuidas en territorio mexiquenses, que fueron ocupadas por elementos de seguridad nacional: en Los Remedios, en Naucalpan; Cuautitlán, San Mateo Atenco; Vallejo en Tlalnepantla; Victoria y Villa de Las Flores en Tultitlán; en la termoeléctrica Valle de México ubicada en Ecatepec y dos en Coyotepec, en las inmediaciones de Tepotzotlán.
La toma de las instalaciones en el estado de México se llevó a cabo de forma pacífica y sin mayor resistencia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En las nueve plantas generadoras de electricidad y en las dos termoeléctricas, distribuidas en el territorio mexiquense, prevaleció un clima de tensión y estado de alerta.
La mayor parte de los trabajadores de Luz y Fuerza, afiliados al SME que laboran y viven en municipios mexiquenses como Atizapán y Tlalnepantla, Nicolás Romero, se trasladaron desde la mañana del domingo hacia el Distrito Federal.
En Ecatepec, durante el domingo, trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se presentaron a protestar las instalaciones de la zona oriente del valle de México, que fueron ocupadas desde la noche del sábado por elementos federales, pero aunque los encararon no hubo incidentes.
Desde la noche del sábado y este domingo helicópteros sobrevolaron los inmuebles ubicados en Ecatepec, Texcoco, Teotihuacán, Chalco, Ixtapaluca y en Coacalco.
En Ecatepec, el municipio más poblado del país, se encuentran cuatro de las principales subestaciones de LyFC: la de avenida Revolución, en el centro de la localidad; en Venta de Carpio, Cerro Gordo y Xalostoc. Además, hay un área de mantenimiento y una bodega. Todos esos espacios fueron ocupados por las fuerzas federales.
En Teotihuacán fue tomada con más de 60 policías la subestación y la subgerencia divisional que está localizada a un costado de la autopista a México-Pirámides.
En las instalaciones de Chalco e Ixtapaluca el número de efectivos que participaron en el operativo no rebasó los 10 elementos, confirmó la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
En Ayapango, ubicado en la región de los volcanes, donde la paraestatal construye nuevas áreas, no se presentaron las fuerzas federales.
Este domingo, empleados sindicalizados de LyFC se presentaron a sus centros laborales para manifestar su molestia en contra del gobierno federal, por la forma en la que los dejó sin fuente de trabajo.
Molestos, desquitaron su ira en contra de los miembros de la Federal, a quienes les gritaron, pero éstos no respondieron los insultos, por lo que no se registraron incidentes mayores.
Los trabajadores sindicalizados de la paraestatal, como Juan Solares, anticiparon que no aceptarán la liquidación.
Más de 600 elementos de la Policía Federal mantienen la custodia de termoeléctricas y plantas generadoras de electricidad de Luz y Fuerza del Centro en el estado de México, donde esta empresa abastece 81 municipios mexiquenses, la mayoría de ellos del Valle de México.
Desde la noche del sábado, la Policía Federal tomó el control de la termoeléctrica Jorge Luque, ubicada en Lechería, Tultitlán, donde llegaron un promedio de 11 camionetas y un autobús, con cerca de 180 elementos.
Lo mismo ocurrió en nueve plantas generadoras de electricidad de la compañía de Luz y Fuerza distribuidas en territorio mexiquenses, que fueron ocupadas por elementos de seguridad nacional: en Los Remedios, en Naucalpan; Cuautitlán, San Mateo Atenco; Vallejo en Tlalnepantla; Victoria y Villa de Las Flores en Tultitlán; en la termoeléctrica Valle de México ubicada en Ecatepec y dos en Coyotepec, en las inmediaciones de Tepotzotlán.
La toma de las instalaciones en el estado de México se llevó a cabo de forma pacífica y sin mayor resistencia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En las nueve plantas generadoras de electricidad y en las dos termoeléctricas, distribuidas en el territorio mexiquense, prevaleció un clima de tensión y estado de alerta.
La mayor parte de los trabajadores de Luz y Fuerza, afiliados al SME que laboran y viven en municipios mexiquenses como Atizapán y Tlalnepantla, Nicolás Romero, se trasladaron desde la mañana del domingo hacia el Distrito Federal.
En Ecatepec, durante el domingo, trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se presentaron a protestar las instalaciones de la zona oriente del valle de México, que fueron ocupadas desde la noche del sábado por elementos federales, pero aunque los encararon no hubo incidentes.
Desde la noche del sábado y este domingo helicópteros sobrevolaron los inmuebles ubicados en Ecatepec, Texcoco, Teotihuacán, Chalco, Ixtapaluca y en Coacalco.
En Ecatepec, el municipio más poblado del país, se encuentran cuatro de las principales subestaciones de LyFC: la de avenida Revolución, en el centro de la localidad; en Venta de Carpio, Cerro Gordo y Xalostoc. Además, hay un área de mantenimiento y una bodega. Todos esos espacios fueron ocupados por las fuerzas federales.
En Teotihuacán fue tomada con más de 60 policías la subestación y la subgerencia divisional que está localizada a un costado de la autopista a México-Pirámides.
En las instalaciones de Chalco e Ixtapaluca el número de efectivos que participaron en el operativo no rebasó los 10 elementos, confirmó la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
En Ayapango, ubicado en la región de los volcanes, donde la paraestatal construye nuevas áreas, no se presentaron las fuerzas federales.
Este domingo, empleados sindicalizados de LyFC se presentaron a sus centros laborales para manifestar su molestia en contra del gobierno federal, por la forma en la que los dejó sin fuente de trabajo.
Molestos, desquitaron su ira en contra de los miembros de la Federal, a quienes les gritaron, pero éstos no respondieron los insultos, por lo que no se registraron incidentes mayores.
Los trabajadores sindicalizados de la paraestatal, como Juan Solares, anticiparon que no aceptarán la liquidación.
PRI y PAN respaldan la medida; PRD recurrirá a la Suprema Corte.
Noticia:
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, dijo que era “inevitable” decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y enfatizó que no se trata de un asunto de partidos políticos.
Dijo que aunque no pertenece al PAN, hay que reconocer cuando se toman decisiones por el bien del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que las condiciones financieras y operativas de la empresa estaban deterioradas y consideró que esa situación se generó también porque más de 30% de la luz se la roban. Además, señaló que ni la calidad del servicio ni la productividad han mejorado.
Consideró que la empresa debe ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores liquidados ser recontratados en esta entidad.
El legislador adelantó que se opone a la privatización del sector, aunque nadie ha realizado esa propuesta aún.
Por separado, el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el panista Rubén Camarillo, respaldó la medida tomada por el gobierno federal y advirtió que no cederán a chantajes de grupos que no comparten esa visión.
Dijo que la situación “está más que clara, pues se trata de una empresa que cavó su propia tumba”, por años de corrupción e incapacidad.
Descartó que a raíz de ese fallo pueda venir un estallido social.
“Delicado” el acto “unilateral”
El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez (PRD), advirtió que no permitirán una privatización del sector; consideró “delicado” el acto “unilateral” del gobierno, de aprovecharse de un conflicto sindical, para no asumir sus responsabilidades.
El legislador perredista abrió la posibilidad de crear una comisión para atender el caso, lo cual platicará con los senadores Labastida y Camarillo.
Además, impulsará un punto de acuerdo para convocar desde el Senado y construir un consenso sobre el futuro de la empresa. Denunció que el gobierno ha usado a la empresa para subsidiar a grupos empresariales en zonas de importancia para el país.
Consideró “justificable” que el gobierno haya argumentado el cambio para una mejora en el servicio, “cosa en la que no estamos en desacuerdo”, pero tendrá que hacerse en el contexto de conservarla como una empresa del Estado mexicano, cuyo contrato colectivo con el sindicato no se pierde si pasa a Comisión Federal de Electricidad.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, adelantó que ya analizan interponer una controversia constitucional contra el decreto de desaparición de LyFC.
Advierten confrontación social
Por su parte, el diputado del PRI Carlos Flores Rico cuestionó también la acción del gobierno pues consideró que actuó de manera “precipitada e inopinada”, y advirtió que esto podría llevar a una confrontación social que genere más conflictos políticos.
“No se argumenta la causa del uso de fuerza mayor esgrimida ni la justificación de la gestión empresarial”, dijo y agregó que la decisión del Ejecutivo es “desproporcionada y provocadora”.
Mencionó que la medida parece “una represalia del gobierno federal, ante su incapacidad de resolver un problema sindical… tiene mucho de resentimiento ideológico ante una organización sindical combativa y no obedece a un planteamiento serio y responsable”.
“Salinas está detrás”, dice AMLO
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mano peluda” del ex presidente Carlos Salinas, está detrás del golpe “arbitrario e ilegal” contra LyFC.
López Obrador reiteró su respaldo incondicional al Sindicato Mexicano de Electricistas y confirmó que este lunes a las cinco de la tarde emitirá una postura de apoyo a esa organización en la Cámara de Diputados.
El presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, advirtió a su vez que bajo ninguna circunstancia permitirán una privatización del sector.
Dijo que no fueron los trabajadores los que tenían la responsabilidad en el funcionamiento de la empresa, sino el Estado mexicano y acusó al PRI y al PAN de abandonar el consorcio.
En contraparte, el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, lanzó un llamado para que se tranquilicen los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, tras el anuncio de la desaparición de la empresa.
El dirigente sostuvo que desaparecer a LyFC es una medida necesaria y oportuna que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.
“Es un paso valiente, es una decisión histórica la que realizó el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional la respalda de forma enfática”, dijo.
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, dijo que era “inevitable” decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y enfatizó que no se trata de un asunto de partidos políticos.
Dijo que aunque no pertenece al PAN, hay que reconocer cuando se toman decisiones por el bien del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que las condiciones financieras y operativas de la empresa estaban deterioradas y consideró que esa situación se generó también porque más de 30% de la luz se la roban. Además, señaló que ni la calidad del servicio ni la productividad han mejorado.
Consideró que la empresa debe ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores liquidados ser recontratados en esta entidad.
El legislador adelantó que se opone a la privatización del sector, aunque nadie ha realizado esa propuesta aún.
Por separado, el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el panista Rubén Camarillo, respaldó la medida tomada por el gobierno federal y advirtió que no cederán a chantajes de grupos que no comparten esa visión.
Dijo que la situación “está más que clara, pues se trata de una empresa que cavó su propia tumba”, por años de corrupción e incapacidad.
Descartó que a raíz de ese fallo pueda venir un estallido social.
“Delicado” el acto “unilateral”
El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez (PRD), advirtió que no permitirán una privatización del sector; consideró “delicado” el acto “unilateral” del gobierno, de aprovecharse de un conflicto sindical, para no asumir sus responsabilidades.
El legislador perredista abrió la posibilidad de crear una comisión para atender el caso, lo cual platicará con los senadores Labastida y Camarillo.
Además, impulsará un punto de acuerdo para convocar desde el Senado y construir un consenso sobre el futuro de la empresa. Denunció que el gobierno ha usado a la empresa para subsidiar a grupos empresariales en zonas de importancia para el país.
Consideró “justificable” que el gobierno haya argumentado el cambio para una mejora en el servicio, “cosa en la que no estamos en desacuerdo”, pero tendrá que hacerse en el contexto de conservarla como una empresa del Estado mexicano, cuyo contrato colectivo con el sindicato no se pierde si pasa a Comisión Federal de Electricidad.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, adelantó que ya analizan interponer una controversia constitucional contra el decreto de desaparición de LyFC.
Advierten confrontación social
Por su parte, el diputado del PRI Carlos Flores Rico cuestionó también la acción del gobierno pues consideró que actuó de manera “precipitada e inopinada”, y advirtió que esto podría llevar a una confrontación social que genere más conflictos políticos.
“No se argumenta la causa del uso de fuerza mayor esgrimida ni la justificación de la gestión empresarial”, dijo y agregó que la decisión del Ejecutivo es “desproporcionada y provocadora”.
Mencionó que la medida parece “una represalia del gobierno federal, ante su incapacidad de resolver un problema sindical… tiene mucho de resentimiento ideológico ante una organización sindical combativa y no obedece a un planteamiento serio y responsable”.
“Salinas está detrás”, dice AMLO
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mano peluda” del ex presidente Carlos Salinas, está detrás del golpe “arbitrario e ilegal” contra LyFC.
López Obrador reiteró su respaldo incondicional al Sindicato Mexicano de Electricistas y confirmó que este lunes a las cinco de la tarde emitirá una postura de apoyo a esa organización en la Cámara de Diputados.
El presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, advirtió a su vez que bajo ninguna circunstancia permitirán una privatización del sector.
Dijo que no fueron los trabajadores los que tenían la responsabilidad en el funcionamiento de la empresa, sino el Estado mexicano y acusó al PRI y al PAN de abandonar el consorcio.
En contraparte, el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, lanzó un llamado para que se tranquilicen los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, tras el anuncio de la desaparición de la empresa.
El dirigente sostuvo que desaparecer a LyFC es una medida necesaria y oportuna que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.
“Es un paso valiente, es una decisión histórica la que realizó el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional la respalda de forma enfática”, dijo.
SME anuncia lucha con amparos y megamarcha.
Noticia:
Amparos individuales y movilización social son parte de la estrategia con la que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), combatirá a partir de hoy el decreto del gobierno federal, publicado ayer, para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
Por lo pronto, la dirigencia sindical convocó a todos los sindicatos del país a una megamarcha que partirá el jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a las 10:00 horas. Además el PRD, en la Cámara de Diputados, anunció que promoverá una controversia constitucional para echar atrás el decreto del presidente Felipe Calderón.
Las acciones del SME fueron anunciadas por el dirigente sindical Martín Esparza Flores en un mitin-asamblea en la explanada del Monumento a la Revolución, al que asistieron más de 15 mil trabajadores según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Ahí, Esparza pidió a los 66 mil trabajadores en activo y jubilados defender “hasta la muerte” su fuente de trabajo, rechazar las liquidaciones que ofrece el gobierno federal e iniciar un movimiento de resistencia nacional en contra de la desaparición de la Luz y Fuerza del Centro.
“De hambre no nos van a morir, pues tenemos el apoyo del pueblo de México” y de más de 200 organizaciones políticas y sociales, dijo acompañado de Alejandro Muñoz, su oponente en la reciente elección interna del SME, con quien hizo un pacto de unidad para defender el contrato colectivo de trabajo.
Directivos, los culpables
Esparza culpó de las deficiencias de Luz y Fuerza del Centro a los directivos de la paraestatal.
Aseguró que con el objetivo de llevar a la quiebra a la empresa para su liquidación, han hecho una pésima administración y cuestionó los argumentos del gobierno federal para su decisión.
“Dicen que tienen 20 mil millones de pesos para liquidar (a los trabajadores del SME). Con ese dinero nos alcanza para el presupuesto y sacar adelante a Luz y Fuerza”, precisó.
En su discurso, Esparza comparó la actual situación social y económica del país con la que obligó al pueblo de México a levantarse en el movimiento revolucionario de 1910. Por el desempleo, la desigualdad creciente y la pobreza en que viven más de 60 millones de mexicanos.
Al término del mitin, encabezó a los electricistas en una marcha hacia la Secretaría de Gobernación, para entregar un documento con las tres demandas centrales del SME: derogación del decreto de liquidación de la empresa; salida inmediata de la Policía Federal y el Ejército de las instalaciones de Luz y Fuerza, devolución de las mismas, y reintegración de los trabajadores a sus actividades esta semana.
Tras la reunión en la Secretaría de Gobernación, de la que salieron sin acuerdos, los trabajadores decidieron reforzar con guardias de 24 horas las sedes del SME ante el temor de que la Policía Federal (PF) también tome esas instalaciones.
Los electricistas anunciaron que acudirán hoy a la Cámara de Diputados y realizarán una asamblea general.
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Amparos individuales y movilización social son parte de la estrategia con la que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), combatirá a partir de hoy el decreto del gobierno federal, publicado ayer, para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
Por lo pronto, la dirigencia sindical convocó a todos los sindicatos del país a una megamarcha que partirá el jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a las 10:00 horas. Además el PRD, en la Cámara de Diputados, anunció que promoverá una controversia constitucional para echar atrás el decreto del presidente Felipe Calderón.
Las acciones del SME fueron anunciadas por el dirigente sindical Martín Esparza Flores en un mitin-asamblea en la explanada del Monumento a la Revolución, al que asistieron más de 15 mil trabajadores según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Ahí, Esparza pidió a los 66 mil trabajadores en activo y jubilados defender “hasta la muerte” su fuente de trabajo, rechazar las liquidaciones que ofrece el gobierno federal e iniciar un movimiento de resistencia nacional en contra de la desaparición de la Luz y Fuerza del Centro.
“De hambre no nos van a morir, pues tenemos el apoyo del pueblo de México” y de más de 200 organizaciones políticas y sociales, dijo acompañado de Alejandro Muñoz, su oponente en la reciente elección interna del SME, con quien hizo un pacto de unidad para defender el contrato colectivo de trabajo.
Directivos, los culpables
Esparza culpó de las deficiencias de Luz y Fuerza del Centro a los directivos de la paraestatal.
Aseguró que con el objetivo de llevar a la quiebra a la empresa para su liquidación, han hecho una pésima administración y cuestionó los argumentos del gobierno federal para su decisión.
“Dicen que tienen 20 mil millones de pesos para liquidar (a los trabajadores del SME). Con ese dinero nos alcanza para el presupuesto y sacar adelante a Luz y Fuerza”, precisó.
En su discurso, Esparza comparó la actual situación social y económica del país con la que obligó al pueblo de México a levantarse en el movimiento revolucionario de 1910. Por el desempleo, la desigualdad creciente y la pobreza en que viven más de 60 millones de mexicanos.
Al término del mitin, encabezó a los electricistas en una marcha hacia la Secretaría de Gobernación, para entregar un documento con las tres demandas centrales del SME: derogación del decreto de liquidación de la empresa; salida inmediata de la Policía Federal y el Ejército de las instalaciones de Luz y Fuerza, devolución de las mismas, y reintegración de los trabajadores a sus actividades esta semana.
Tras la reunión en la Secretaría de Gobernación, de la que salieron sin acuerdos, los trabajadores decidieron reforzar con guardias de 24 horas las sedes del SME ante el temor de que la Policía Federal (PF) también tome esas instalaciones.
Los electricistas anunciaron que acudirán hoy a la Cámara de Diputados y realizarán una asamblea general.
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No hubo acuerdo; sindicato resistirá.
Noticia:
El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dialogaron ayer durante 90 minutos sin alcanzar acuerdos, luego de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, decretada a primera hora del domingo.
El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dialogaron ayer durante 90 minutos sin alcanzar acuerdos, luego de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, decretada a primera hora del domingo.
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