Noticia:
Amarrarlos a una silla con cinta canela por “inquietos”, quemarlos con encendedor en la boca por groseros, ponerles las manos en las hornillas por tomar dinero sin permiso y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, son algunos de los maltratos que personal de salud y trabajadoras sociales han atendido en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y el DIF.
Defensores de los derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de imponer disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños el guardar respeto a sus padres.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un organismo que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), alerta que “todo adulto se encuentra protegido legalmente del abuso, pero niñas, niños y adolescentes son castigados corporalmente por sus padres u otros responsables de su cuidado sin que existan respuestas ni mecanismos para protegerlos”.
Hasta ahora sólo 24 países prohíben legalmente el castigo corporal, tres de ellos de América Latina: Uruguay, Venezuela y Costa Rica.
México es uno de los países donde el castigo corporal no está prohibido. Aunque a nivel nacional se sanciona la violencia intrafamiliar, ningún estado de la República prohíbe expresamente los maltratos hacia los niños como una forma de castigo o método de corrección y disciplina. Es de hecho el argumento de los padres de familia para golpear a sus hijos, asegura Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia.
Expresa que, además, los códigos civiles obligan a los niños a guardar respeto y obediencia a sus padres.
En su informe sobre “El castigo corporal de niñas, niños y adolescentes”, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez del CIDH, señala que a pesar de los avances en algunos países de la región, en otros Estados esa práctica “se encuentra legitimada por la tolerancia y la aceptación social”.
Insiste en que es obligación de todos los gobiernos cumplir con sus compromisos internacionales y prohibir expresamente el castigo corporal en su legislación interna, así como establecer estrategias, políticas o planes de acción nacionales orientados a proporcionar a las personas e instituciones a cargo del cuidado de los niños formas alternativas no violentas de disciplina.
Gerardo Sauri coincide en que no basta hacer las adecuaciones legislativas, sino también elaborar y poner en práctica políticas públicas que conciban a los niños, niñas y adolescentes como personas con derechos.
“El hecho de que se establezca el respeto a los padres como una obligación legal para los niños representa una cultura adultocéntrica, una visión patriarcal que basa ese valor en el abuso de autoridad”, considera Sauri.
Los golpes no educan
Una investigación realizada por Juan Manuel Sauceda-García, del Hospital Infantil Federico Gómez; Nancy A. Olivo Gutiérrez, del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro; Jesús Gutiérrez, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y Martín Maldonado Durán, de la Clínica Menninger, de Kansas, Estados Unidos, concluye que los correctivos físicos no son efectivos si se pretende controlar un comportamiento y sólo incrementan los niveles de violencia dentro de la familia.
El estudio clínico hecho en dos grupos de 100 escolares revela que el castigo produce efectos colaterales problemáticos, pues no enseña conductas nuevas sino que suprime temporalmente, en el mejor de los casos, conductas indeseables; produce emociones negativas y comportamientos agresivos y puede generar sentimientos de culpa en la persona que castiga.
También “cuando el castigo es suficientemente duro puede producir en el niño efectos tales como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir el reconocimiento de su responsabilidad por temor al desquite. En otras palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación padre-hijo, o alterar el desarrollo moral del niño”.
Al hospital
Lo que empieza por un castigo suele terminar en la sala de urgencias de un hospital. Así lo ha constatado Arturo Loredo Abdalá, coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado.
Cuando a Sarahí, de siete años de edad, víctima de maltrato físico y paciente de esta clínica -ubicada en el Instituto Nacional de Pediatría- se le solicitó hacer un dibujo para que expresara sus emociones, pintó a sus papás con coronas de reyes, pero a su papá pegándole a su mamá.
“Es papá, está jugando a que le pega a mi mamá. Siempre le pega”, explicó.
—¿Por qué les pones coronas? —le preguntaron a la niña.
—Porque ya vienen los Reyes Magos y ellos me dan juguetes.
Otra niña de cinco años, golpeada por su padre, explicó en su dibujo: “Es un barco, van muchos niños, muchos. Están en un bosque, los persigue el lobo, con unos ojos brillantes. Se quiere comer a los niños”.
A este lugar llegan en ocasiones niños con moretones, rasguños, quemaduras, fracturas y hemorragias que los padres de familia suelen ocultar argumentando que se trató de un accidente, pero gracias a la intervención de un grupo multidisciplinario logran detectar los casos de maltrato y los canalizan a las instituciones especializadas como el DIF y las procuradurías, explica Loredo Abdalá.
El especialista considera que el maltrato físico hacia los niños es un problema endémico en la sociedad mexicana que no basta que sea sancionada en la legislación, sino que se deben producir cambios culturales que permitan educar a los padres sobre otras formas de disciplinar y de establecer límites.
De acuerdo con la experiencia que ha tenido en esta clínica que opera oficialmente desde 1997, entre 10% y 15% de los padres golpeadores tiene alguna enfermedad psiquiátrica y 85% fue maltratado en su infancia.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
PGJDF, la que más viola los derechos.
Noticia:
Durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza al frente a la comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) fueron emitidas un total de 122 recomendaciones.
Sin embargo, para el ombudsman capitalino, las comisiones defensoras de derechos humanos no sólo deben quedarse en la emisión de tales recomendaciones, sino educar e informar a la población sobre sus derechos.
Sobre todo —dijo— porque la aceptación de las recomendaciones no es cosa obligada, con lo cual surge la interrogante de para qué sirven entonces.
Al presentar su informe de labores, consideró que uno de sus logros fue crear un nuevo modelo de gestión pública y de relación con las asociaciones civiles.
De 2002 a mayo de 2009, la Comisión emitió 34 recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), la cual se mantuvo como la instancia que más violó los derechos humanos de los capitalinos.
Le siguió la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, con 25 cada una.
Fue la situación de las personas en reclusión lo que llevó a la Secretaría de Gobierno a recibir tal cantidad de documentos.
La Secretaría de Salud registró 22 recomendaciones, de las cuales 10 se vincularon a deficiencias u omisiones en la atención a la población penitenciaria, que incluso en algunos casos llevó a la muerte a los afectados.
En cuanto a quejas, la CDHDF documentó 36 en el año 2006, 54 en 2007 y 75 en 2008. En lo que va del año suman 41.
En cuanto a recomendaciones rechazadas, la Procuraduría capitalina no aceptó cinco, la Secretaría de Seguridad Pública cuatro, el DIF-DF, tres, y GDF, tres.
En presencia de varios integrantes del gabinete del Gobierno del DF, encabezados por su titular Marcelo Ebrard, así como diputados locales, federales y senadores, Álvarez Icaza lamentó que algunos funcionarios no comprendieran en diversos momentos la posición de la comisión y que confundieran sus críticas con un ajuste de cuentas.
Mencionó que cuando hay convicción de la violación de derechos humanos la obligación de los servidores públicos de la CDHDF es no ser neutral y estar con la víctima.
Destacó la implementación del servicio civil de carrera entre la plantilla de la comisión, para garantizar a la población que sólo profesionales la atienden. Igualmente, destacó el haber impulsado el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal a través del cual se vincularan procesos de planeación, vinculación, líneas de acción, presupuestos y elaboración de leyes, en todas las áreas gubernamentales.
Mencionó que queda como pendiente el que ese plan se convierta en ley y que la CDHDF tenga presencia en las 16 delegaciones de la ciudad. Antes de su último informe se realizó la inauguración oficial de la nueva sede del organismo, el cual recibió el reconocimiento por parte del Tecnológico de Monterrey y de la asociación civil Libre Acceso, por ser el primer inmueble 100% accesible para las personas con discapacidad, además de que considera la equidad de género.
Durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza al frente a la comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) fueron emitidas un total de 122 recomendaciones.
Sin embargo, para el ombudsman capitalino, las comisiones defensoras de derechos humanos no sólo deben quedarse en la emisión de tales recomendaciones, sino educar e informar a la población sobre sus derechos.
Sobre todo —dijo— porque la aceptación de las recomendaciones no es cosa obligada, con lo cual surge la interrogante de para qué sirven entonces.
Al presentar su informe de labores, consideró que uno de sus logros fue crear un nuevo modelo de gestión pública y de relación con las asociaciones civiles.
De 2002 a mayo de 2009, la Comisión emitió 34 recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), la cual se mantuvo como la instancia que más violó los derechos humanos de los capitalinos.
Le siguió la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, con 25 cada una.
Fue la situación de las personas en reclusión lo que llevó a la Secretaría de Gobierno a recibir tal cantidad de documentos.
La Secretaría de Salud registró 22 recomendaciones, de las cuales 10 se vincularon a deficiencias u omisiones en la atención a la población penitenciaria, que incluso en algunos casos llevó a la muerte a los afectados.
En cuanto a quejas, la CDHDF documentó 36 en el año 2006, 54 en 2007 y 75 en 2008. En lo que va del año suman 41.
En cuanto a recomendaciones rechazadas, la Procuraduría capitalina no aceptó cinco, la Secretaría de Seguridad Pública cuatro, el DIF-DF, tres, y GDF, tres.
En presencia de varios integrantes del gabinete del Gobierno del DF, encabezados por su titular Marcelo Ebrard, así como diputados locales, federales y senadores, Álvarez Icaza lamentó que algunos funcionarios no comprendieran en diversos momentos la posición de la comisión y que confundieran sus críticas con un ajuste de cuentas.
Mencionó que cuando hay convicción de la violación de derechos humanos la obligación de los servidores públicos de la CDHDF es no ser neutral y estar con la víctima.
Destacó la implementación del servicio civil de carrera entre la plantilla de la comisión, para garantizar a la población que sólo profesionales la atienden. Igualmente, destacó el haber impulsado el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal a través del cual se vincularan procesos de planeación, vinculación, líneas de acción, presupuestos y elaboración de leyes, en todas las áreas gubernamentales.
Mencionó que queda como pendiente el que ese plan se convierta en ley y que la CDHDF tenga presencia en las 16 delegaciones de la ciudad. Antes de su último informe se realizó la inauguración oficial de la nueva sede del organismo, el cual recibió el reconocimiento por parte del Tecnológico de Monterrey y de la asociación civil Libre Acceso, por ser el primer inmueble 100% accesible para las personas con discapacidad, además de que considera la equidad de género.
Deuda de NL siembra discordia en Congreso.
Noticia:
Los diputados del Congreso de Nuevo León discreparon sobre la necesidad del gobierno de contratar 5 mil millones de pesos en deuda pública a 12 días de que termine la actual administración.
Mientras los panistas aseguran que se propicia la ingobernabilidad económica del estado, los priístas argumentan que las finanzas son más saludables que nunca.
El vocero del grupo legislativo albiazul, Martín López, aseguró que “rechazamos la deuda que se quiere contraer, ya que aumentará a 25 mil 100 millones de pesos el monto de la deuda pública y no a 21 mil millones como ha dicho el tesorero”.
Aseguró que con esta nueva contratación de 5 mil millones de pesos, anunciada la noche del lunes por el tesorero nuevoleonés, Rubén Martínez Dondé, la deuda del estado se deja 272% más arriba que la recibida por el gobierno de Natividad González Parás en 2003. “Si comparamos la deuda del estado, es la tercera más alta de todo el país, después del Distrito Federal y del estado de México, pero éstos tienen una población mucho más alta que Nuevo León y requieren de más presupuesto e infraestructura”.
El diputado panista cuestionó la aplicación del presupuesto estatal que supera los 49 mil millones de pesos anuales, ya que “es inconcebible y deja al estado en la ingobernabilidad financiera.
“El que te acabes el dinero presupuestado para todo el año en el noveno mes y pidas esa cantidad adicional de dinero, qué le hiciste a todo lo demás es la pregunta. Vemos que esta deuda que se está contrayendo, a través del Instituto de Control Vehicular, no se va a aplicar a desarrollo del instituto ni del estado, sino a gasto corriente del gobierno de aquí a diciembre para gastos previstos”.
El legislador dijo que el gobernador y el tesorero están jugando con la ciudadanía “simulando” una buena administración.
“Se adquiere deuda a través de los institutos y de los organismos descentralizados, pero realmente acaba en una simulación porque lo gasta el gobierno”.
No representa una carga: PRI
El coordinador de la bancada priísta, Héctor Gutiérrez de la Garza, dijo que lo importante “es evaluar los seis años de Natividad González Parás. Por ello se justifica plenamente los esquemas financieros del sexenio”.
Abundó que este tipo de contrataciones de deuda no representan carga al erario público, porque son con base a ingresos que tendrán las instituciones y organismos descentralizados. Agregó que a los legisladores priístas “nos queda claro que en este sexenio hubo mucha mayor obra pública y mucha mayor obra social que hace seis años, y de lo que recordamos de los Fernandos, tanto Canales como Elizondo, es que en esa etapa, la gran queja era la falta de imaginación financiera y en consecuencia la falta de obra pública en ese sexenio”.
Manifestó que el endeudamiento público es una herramienta que se requiere para equilibrar al gobierno, después de que se redujeran las partidas federales.
Al respecto, el tesorero de la entidad, Rubén Martínez Dondé, explicó que debido a la disminución de las partidas federales se crearon compromisos económicos que de no solventarse ponen en riesgo el equilibrio y desempeño del gobierno.
Los diputados del Congreso de Nuevo León discreparon sobre la necesidad del gobierno de contratar 5 mil millones de pesos en deuda pública a 12 días de que termine la actual administración.
Mientras los panistas aseguran que se propicia la ingobernabilidad económica del estado, los priístas argumentan que las finanzas son más saludables que nunca.
El vocero del grupo legislativo albiazul, Martín López, aseguró que “rechazamos la deuda que se quiere contraer, ya que aumentará a 25 mil 100 millones de pesos el monto de la deuda pública y no a 21 mil millones como ha dicho el tesorero”.
Aseguró que con esta nueva contratación de 5 mil millones de pesos, anunciada la noche del lunes por el tesorero nuevoleonés, Rubén Martínez Dondé, la deuda del estado se deja 272% más arriba que la recibida por el gobierno de Natividad González Parás en 2003. “Si comparamos la deuda del estado, es la tercera más alta de todo el país, después del Distrito Federal y del estado de México, pero éstos tienen una población mucho más alta que Nuevo León y requieren de más presupuesto e infraestructura”.
El diputado panista cuestionó la aplicación del presupuesto estatal que supera los 49 mil millones de pesos anuales, ya que “es inconcebible y deja al estado en la ingobernabilidad financiera.
“El que te acabes el dinero presupuestado para todo el año en el noveno mes y pidas esa cantidad adicional de dinero, qué le hiciste a todo lo demás es la pregunta. Vemos que esta deuda que se está contrayendo, a través del Instituto de Control Vehicular, no se va a aplicar a desarrollo del instituto ni del estado, sino a gasto corriente del gobierno de aquí a diciembre para gastos previstos”.
El legislador dijo que el gobernador y el tesorero están jugando con la ciudadanía “simulando” una buena administración.
“Se adquiere deuda a través de los institutos y de los organismos descentralizados, pero realmente acaba en una simulación porque lo gasta el gobierno”.
No representa una carga: PRI
El coordinador de la bancada priísta, Héctor Gutiérrez de la Garza, dijo que lo importante “es evaluar los seis años de Natividad González Parás. Por ello se justifica plenamente los esquemas financieros del sexenio”.
Abundó que este tipo de contrataciones de deuda no representan carga al erario público, porque son con base a ingresos que tendrán las instituciones y organismos descentralizados. Agregó que a los legisladores priístas “nos queda claro que en este sexenio hubo mucha mayor obra pública y mucha mayor obra social que hace seis años, y de lo que recordamos de los Fernandos, tanto Canales como Elizondo, es que en esa etapa, la gran queja era la falta de imaginación financiera y en consecuencia la falta de obra pública en ese sexenio”.
Manifestó que el endeudamiento público es una herramienta que se requiere para equilibrar al gobierno, después de que se redujeran las partidas federales.
Al respecto, el tesorero de la entidad, Rubén Martínez Dondé, explicó que debido a la disminución de las partidas federales se crearon compromisos económicos que de no solventarse ponen en riesgo el equilibrio y desempeño del gobierno.
Brasil convoca a ONU por crisis en Honduras.
Noticia:
Elementos de las fuerzas de seguridad reprimieron ayer a cientos de seguidores del derrocado presidente Manuel Zelaya, que desafiaron un toque de queda frente a la embajada de Brasil, donde el líder apareció el lunes tras ingresar clandestinamente al país.
Brasil advirtió que no tolerará acciones contra su representación en Tegucigalpa y pidió una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Policías y militares dispersaron con gases lacrimógenos, carros lanza agua y una antena que emitía un sonido ensordecedor a los manifestantes, que se defendieron con piedras en enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y detenidos.
Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad se habían desplegado en la madrugada de ayer alrededor de la sede diplomática, adonde Zelaya llegó el lunes por sorpresa tras burlar la defensa del gobierno de facto, casi tres meses después de que le arrebatara el poder agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.
“El régimen golpista está desafiando al mundo; la comunidad internacional quiere una salida negociada, pacífica, pero aquí lo que hay como respuesta es violencia, represión contra el pueblo”, afirmó Zelaya a la radio local Globo.
En rueda de prensa, el canciller de facto, Carlos López, leyó un comunicado a nombre del presidente designado, Roberto Micheletti, quien afirma estar listo para convesar con Zelaya, si éste reconoce “explícitamente” las elecciones presidenciales pautadas para noviembre.
Washington también urgió a respetar la inmunidad de la delegación diplomática. El presidente designado dijo en rueda de prensa que respetará la sede brasileña “si Brasil nos entrega a Zelaya o se lo lleva a esa nación sudamericana”. No quiso contestar qué haría si no ocurre ninguno de los dos escenarios.
El mandatario depuesto habló por teléfono con el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, que le pidió no dar pretexto a los golpistas para invadir la embajada de Brasil. En Nueva York, Lula, dijo que espera que se respete la inviolabilidad de la sede diplomática de su país, al tiempo que afirmó que garantizará el derecho de Zelaya a refugiarse allí.
Luego de ser dispersados en la embajada, seguidores del derrocado mandatario se congregaron en otros puntos de la capital, pese al toque de queda dictado por el gobierno de facto por temor a una ola de violencia. En media docena de barrios, los simpatizantes marcharon y bloquearon calles.
Personal de la ONU llevó alimentos y agua al depuesto presidente y a sus acompañantes en la embajada de Brasil, de donde han salido al menos 162 personas que se refugiaron allí ante el desalojo de las fuerzas de seguridad, informó una fuente oficial.
Una organización hondureña denunció el martes en San José, Costa Rica, que se están produciendo centenares de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos en el país desde el lunes, cuando Zelaya regresó a Tegucigalpa.
La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, indicó a través de una conferencia telefónica con periodistas de Costa Rica que en el Estadio Nacional de fútbol de Tegucigalpa hay 157 detenidos y aseguró que se están “dando detenciones arbitrarias”.
En Washington, el Departamento de Estado instó a los hondureños a evitar acciones que terminen en violencia.
Policías y soldados encapuchados mantienen un anillo de seguridad en un perímetro de cinco kilómetros alrededor de la embajada brasileña.
Elementos de las fuerzas de seguridad reprimieron ayer a cientos de seguidores del derrocado presidente Manuel Zelaya, que desafiaron un toque de queda frente a la embajada de Brasil, donde el líder apareció el lunes tras ingresar clandestinamente al país.
Brasil advirtió que no tolerará acciones contra su representación en Tegucigalpa y pidió una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Policías y militares dispersaron con gases lacrimógenos, carros lanza agua y una antena que emitía un sonido ensordecedor a los manifestantes, que se defendieron con piedras en enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y detenidos.
Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad se habían desplegado en la madrugada de ayer alrededor de la sede diplomática, adonde Zelaya llegó el lunes por sorpresa tras burlar la defensa del gobierno de facto, casi tres meses después de que le arrebatara el poder agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.
“El régimen golpista está desafiando al mundo; la comunidad internacional quiere una salida negociada, pacífica, pero aquí lo que hay como respuesta es violencia, represión contra el pueblo”, afirmó Zelaya a la radio local Globo.
En rueda de prensa, el canciller de facto, Carlos López, leyó un comunicado a nombre del presidente designado, Roberto Micheletti, quien afirma estar listo para convesar con Zelaya, si éste reconoce “explícitamente” las elecciones presidenciales pautadas para noviembre.
Washington también urgió a respetar la inmunidad de la delegación diplomática. El presidente designado dijo en rueda de prensa que respetará la sede brasileña “si Brasil nos entrega a Zelaya o se lo lleva a esa nación sudamericana”. No quiso contestar qué haría si no ocurre ninguno de los dos escenarios.
El mandatario depuesto habló por teléfono con el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, que le pidió no dar pretexto a los golpistas para invadir la embajada de Brasil. En Nueva York, Lula, dijo que espera que se respete la inviolabilidad de la sede diplomática de su país, al tiempo que afirmó que garantizará el derecho de Zelaya a refugiarse allí.
Luego de ser dispersados en la embajada, seguidores del derrocado mandatario se congregaron en otros puntos de la capital, pese al toque de queda dictado por el gobierno de facto por temor a una ola de violencia. En media docena de barrios, los simpatizantes marcharon y bloquearon calles.
Personal de la ONU llevó alimentos y agua al depuesto presidente y a sus acompañantes en la embajada de Brasil, de donde han salido al menos 162 personas que se refugiaron allí ante el desalojo de las fuerzas de seguridad, informó una fuente oficial.
Una organización hondureña denunció el martes en San José, Costa Rica, que se están produciendo centenares de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos en el país desde el lunes, cuando Zelaya regresó a Tegucigalpa.
La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, indicó a través de una conferencia telefónica con periodistas de Costa Rica que en el Estadio Nacional de fútbol de Tegucigalpa hay 157 detenidos y aseguró que se están “dando detenciones arbitrarias”.
En Washington, el Departamento de Estado instó a los hondureños a evitar acciones que terminen en violencia.
Policías y soldados encapuchados mantienen un anillo de seguridad en un perímetro de cinco kilómetros alrededor de la embajada brasileña.
Corte avala que estados fijen cuotas de género.
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el porcentaje de candidaturas que se destinan para las mujeres en los estados de la República, y que se lleva a cabo mediante las cuotas de género, puede ser menor a 40% que se exige a nivel federal.
La decisión se tomó con el voto en contra de las dos ministras que tiene la Corte.
En una votación dividida, la mayoría de ministros concluyó que la Constitución no garantiza ni fija cuotas de género y que los estados son libres de fijar el porcentaje.
Los estados, resolvieron, tampoco están obligados a seguir el modelo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en donde se obliga a partidos a garantizar que 40% de sus candidaturas a diputados y senadores serán de un mismo género, “procurando llegar a la paridad”.
La Corte se pronunció sobre este tema al revisar un par de juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos Acción Nacional y Convergencia en contra de las recientes reformas electorales en Veracruz, donde, entre otros temas, sólo se reservó a mujeres 30% de candidaturas locales a cargos de elección popular.
Como encargada de los juicios, la ministra Margarita Luna Ramos, pidió a sus compañeros que se declarara inconstitucional este punto, porque llegó a la conclusión de que ésta medida es discriminatoria e inequitativa.
Pero su propuesta no tuvo éxito. A ella sólo se sumaron el ministro Juan Silva Meza, y la ministra Olga Sánchez Cordero, quien les dijo a sus compañeros que “una real equidad en materia de participación de géneros en la vida política de una sociedad y un Estado democrático, debe conseguirse procurando que tanto el hombre como la mujer cuenten con iguales oportunidades para acceder a cargos de elección popular”.
La mayoría, integrada por seis ministros —debido a la ausencia de dos de los integrantes del pleno—, no compartió sus argumentos y validó el sistema de cuotas de Veracruz, por considerarlo razonable. En especial porque, antes de las reformas, no había el sistema de cuotas.
A manera de justificación, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el sentido de su voto hubiera sido el mismo si se hubiera fijado como fórmula de cuota de género un 50-50, 60-40 y hasta un 75-25.
El ministro Genaro Góngora dijo que “la Constitución exige que el legislador repare las desigualdades, pero deja en sus manos el diseño de mecanismos, sin que haya fundamento para imponer a estados, la solución adoptada a nivel central”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el porcentaje de candidaturas que se destinan para las mujeres en los estados de la República, y que se lleva a cabo mediante las cuotas de género, puede ser menor a 40% que se exige a nivel federal.
La decisión se tomó con el voto en contra de las dos ministras que tiene la Corte.
En una votación dividida, la mayoría de ministros concluyó que la Constitución no garantiza ni fija cuotas de género y que los estados son libres de fijar el porcentaje.
Los estados, resolvieron, tampoco están obligados a seguir el modelo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en donde se obliga a partidos a garantizar que 40% de sus candidaturas a diputados y senadores serán de un mismo género, “procurando llegar a la paridad”.
La Corte se pronunció sobre este tema al revisar un par de juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos Acción Nacional y Convergencia en contra de las recientes reformas electorales en Veracruz, donde, entre otros temas, sólo se reservó a mujeres 30% de candidaturas locales a cargos de elección popular.
Como encargada de los juicios, la ministra Margarita Luna Ramos, pidió a sus compañeros que se declarara inconstitucional este punto, porque llegó a la conclusión de que ésta medida es discriminatoria e inequitativa.
Pero su propuesta no tuvo éxito. A ella sólo se sumaron el ministro Juan Silva Meza, y la ministra Olga Sánchez Cordero, quien les dijo a sus compañeros que “una real equidad en materia de participación de géneros en la vida política de una sociedad y un Estado democrático, debe conseguirse procurando que tanto el hombre como la mujer cuenten con iguales oportunidades para acceder a cargos de elección popular”.
La mayoría, integrada por seis ministros —debido a la ausencia de dos de los integrantes del pleno—, no compartió sus argumentos y validó el sistema de cuotas de Veracruz, por considerarlo razonable. En especial porque, antes de las reformas, no había el sistema de cuotas.
A manera de justificación, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el sentido de su voto hubiera sido el mismo si se hubiera fijado como fórmula de cuota de género un 50-50, 60-40 y hasta un 75-25.
El ministro Genaro Góngora dijo que “la Constitución exige que el legislador repare las desigualdades, pero deja en sus manos el diseño de mecanismos, sin que haya fundamento para imponer a estados, la solución adoptada a nivel central”.
Número 2 de Al Qaeda advierte a Obama sobre próxima guerra.
Noticia:
El número 2 del grupo terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha criticado la elección de Mahmud Abás como líder del movimiento palestino Al Fatah, además de advertir al presidente de EU, Barack Obama, sobre "la próxima guerra".
En un video para recordar el octavo aniversario de los atentados del 11-S en EU, colocado desde anoche en foros islamistas de internet, Al Zawahiri censura con firmeza la decisión de mantener a Abás al frente de Al Fatah en el congreso de agosto pasado.
Su elección demuestra "la tendencia pan-arabista de renunciar a los derechos palestinos y aceptar la hegemonía estadounidense", asegura.
Para el lugarteniente de Osama bin Laden, los líderes árabes, incluso aquellos que tradicionalmente cerraban filas en torno a la causa palestina, han acabado por traicionarla y plegarse a los intereses regionales de Estados Unidos.
"Se han convertido en seguidores de las políticas de la hegemonía norteamericana por aceptar las condiciones de la dominación de EU sobre el mundo bajo el pretexto de resoluciones internacionales", afirma Al Zawahiri en la grabación, de 106 minutos.
El "número dos" de Al Qaeda, que aparece sobre un fondo oscuro indeterminado, mientras que en sus últimos mensajes se presentaba delante de una estantería, también se dirige al presidente de EU.
A Obama le advierte de que "la próxima guerra" no será como la de Vietnam o la de Irak porque en esta ocasión está liderada por "yihadistas" (guerreros santos) que terminarán por "romper la espalda" de EU.
El vídeo incluye también comentarios del militante estadounidense de Al Qaeda Adam Ghada, también conocido como Azzam Alamriki.
Aparentemente, el vídeo estaba programado para que se difundiera con el aniversario del 11-S, pero en esa fecha y en las siguientes los foros de internet "yihadistas" no funcionaron por razones desconocidas.
Al comienzo de la grabación aparece una foto de Sayed Quotob, uno de los líderes más famosos del grupo egipcio los Hermanos Musulmanes, que fue ahorcado a mediados de los años sesenta por el entonces presidente egipcio, Gamal Abdel al Naser.
El número 2 del grupo terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha criticado la elección de Mahmud Abás como líder del movimiento palestino Al Fatah, además de advertir al presidente de EU, Barack Obama, sobre "la próxima guerra".
En un video para recordar el octavo aniversario de los atentados del 11-S en EU, colocado desde anoche en foros islamistas de internet, Al Zawahiri censura con firmeza la decisión de mantener a Abás al frente de Al Fatah en el congreso de agosto pasado.
Su elección demuestra "la tendencia pan-arabista de renunciar a los derechos palestinos y aceptar la hegemonía estadounidense", asegura.
Para el lugarteniente de Osama bin Laden, los líderes árabes, incluso aquellos que tradicionalmente cerraban filas en torno a la causa palestina, han acabado por traicionarla y plegarse a los intereses regionales de Estados Unidos.
"Se han convertido en seguidores de las políticas de la hegemonía norteamericana por aceptar las condiciones de la dominación de EU sobre el mundo bajo el pretexto de resoluciones internacionales", afirma Al Zawahiri en la grabación, de 106 minutos.
El "número dos" de Al Qaeda, que aparece sobre un fondo oscuro indeterminado, mientras que en sus últimos mensajes se presentaba delante de una estantería, también se dirige al presidente de EU.
A Obama le advierte de que "la próxima guerra" no será como la de Vietnam o la de Irak porque en esta ocasión está liderada por "yihadistas" (guerreros santos) que terminarán por "romper la espalda" de EU.
El vídeo incluye también comentarios del militante estadounidense de Al Qaeda Adam Ghada, también conocido como Azzam Alamriki.
Aparentemente, el vídeo estaba programado para que se difundiera con el aniversario del 11-S, pero en esa fecha y en las siguientes los foros de internet "yihadistas" no funcionaron por razones desconocidas.
Al comienzo de la grabación aparece una foto de Sayed Quotob, uno de los líderes más famosos del grupo egipcio los Hermanos Musulmanes, que fue ahorcado a mediados de los años sesenta por el entonces presidente egipcio, Gamal Abdel al Naser.
Agencia invadió río Magdalena: autoridades.
Noticia:
La invasión de zona federal por una agencia automotriz Honda, y el rebase en la capacidad del alcantarillado y del almacenamiento de la presa Anzaldo, fueron las causas del desbordamiento del río Magdalena la madrugada del martes.
Por ello, la delegación Álvaro Obregón clausuró el estacionamiento trasero de la agencia, en donde la empresa invadió cuatro metros del cauce natural del río, lo que constituye una violación a la Ley de Protección Civil del DF.
Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), la lluvia registrada la madrugada de ayer reblandeció la tierra y provocó que el muro de contención del negocio de autos se cayera. La estructura tapó los ductos de la presa Anzaldo, lo que subió el nivel del agua y arrastrara 16 carros de lujo —siete de Honda y nueve de BMW— y dañara cinco más, una vivienda y el estacionamiento de un centro comercial, sin dejar lesionados.
Las autoridades delegacionales aseguraron que por el momento el resto de las instalaciones de la agencia, ubicadas en Periférico y bulevar de la Luz, en la colonia Jardines del Pedregal, continuarán en funcionamiento mientras se revisa la situación legal del inmueble inundado.
La decisión se tomó después de una “detallada inspección” en los daños que ocasionó el derrumbe del muro de contención, que construyó la empresa para ampliar su estacionamiento.
José Luis Zamora, titular de Álvaro Obregón, dijo que la clausura se consensuó entre el área jurídica y de Gobierno local, Protección Civil y el SACM, cuyo director, Ramón Aguirre, explicó que cerca de los ríos debe haber un zona de protección por si el agua se eleva, lo que se violentó en la agencia y en una vivienda.
Aguirre señaló que la presa “amortiguó el agua durante los primeros minutos”, pero luego “no pudo pasar (agua) el sistema de alcantarillado, y se generó una elevación de niveles”.
Las autoridades retirarán basura para evitar que las compuertas de la presa se bloqueen. “Hay que sacar lodo, troncos y animales muertos para que no hagan un tapón”, añadió.
Invasiones complican arreglo
La solución del GDF para evitar que en el futuro se repitan nuevas inundaciones se ve limitada por los asentamientos irregulares.
Ramón Aguirre dijo que tienen proyectos para construir dos embalses que ayuden a desahogar el agua de lluvia y el caudal que se almacena en la de Anzaldo.
Sin embargo, los terrenos ubicados cerca de los ríos Magdalena y Eslava, están invadidos.
Añadió que buscarán la reubicación de las familias para poder desarrollar los planes de “amortiguar” el agua que aumenta durante la temporada de lluvias.
La invasión de zona federal por una agencia automotriz Honda, y el rebase en la capacidad del alcantarillado y del almacenamiento de la presa Anzaldo, fueron las causas del desbordamiento del río Magdalena la madrugada del martes.
Por ello, la delegación Álvaro Obregón clausuró el estacionamiento trasero de la agencia, en donde la empresa invadió cuatro metros del cauce natural del río, lo que constituye una violación a la Ley de Protección Civil del DF.
Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), la lluvia registrada la madrugada de ayer reblandeció la tierra y provocó que el muro de contención del negocio de autos se cayera. La estructura tapó los ductos de la presa Anzaldo, lo que subió el nivel del agua y arrastrara 16 carros de lujo —siete de Honda y nueve de BMW— y dañara cinco más, una vivienda y el estacionamiento de un centro comercial, sin dejar lesionados.
Las autoridades delegacionales aseguraron que por el momento el resto de las instalaciones de la agencia, ubicadas en Periférico y bulevar de la Luz, en la colonia Jardines del Pedregal, continuarán en funcionamiento mientras se revisa la situación legal del inmueble inundado.
La decisión se tomó después de una “detallada inspección” en los daños que ocasionó el derrumbe del muro de contención, que construyó la empresa para ampliar su estacionamiento.
José Luis Zamora, titular de Álvaro Obregón, dijo que la clausura se consensuó entre el área jurídica y de Gobierno local, Protección Civil y el SACM, cuyo director, Ramón Aguirre, explicó que cerca de los ríos debe haber un zona de protección por si el agua se eleva, lo que se violentó en la agencia y en una vivienda.
Aguirre señaló que la presa “amortiguó el agua durante los primeros minutos”, pero luego “no pudo pasar (agua) el sistema de alcantarillado, y se generó una elevación de niveles”.
Las autoridades retirarán basura para evitar que las compuertas de la presa se bloqueen. “Hay que sacar lodo, troncos y animales muertos para que no hagan un tapón”, añadió.
Invasiones complican arreglo
La solución del GDF para evitar que en el futuro se repitan nuevas inundaciones se ve limitada por los asentamientos irregulares.
Ramón Aguirre dijo que tienen proyectos para construir dos embalses que ayuden a desahogar el agua de lluvia y el caudal que se almacena en la de Anzaldo.
Sin embargo, los terrenos ubicados cerca de los ríos Magdalena y Eslava, están invadidos.
Añadió que buscarán la reubicación de las familias para poder desarrollar los planes de “amortiguar” el agua que aumenta durante la temporada de lluvias.
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