Noticia:
La Secretaría de Salud protegió el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas —que realizaron 23 mil 121 estudiantes, quienes buscan cursar una especialidad— contra hackers o algún tipo de robo, para evitar que la prueba sea obtenida de manera ilegal y vendida a los estudiantes, como ocurrió en el pasado.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, dijo que este examen electrónico “tiene candados de seguridad” porque, afirmó, “se quiere que el joven gane su lugar por sí mismo, que no haya ningún otro factor que le permita ingresar a la institución, si no es que su desempeño fue mejor que el de los demás”.
Otro candado, agregó, fue la inclusión de la foto de cada sustentante en la forma de registro, así como en la pantalla donde presenta el examen, lo que eliminó la posibilidad de que se presentara otra persona en su lugar, utilizando el nombre del que estaba inscrito.
El secretario de Salud precisó que en esta edición hubo algunos cambios en el examen, ya que por primera vez los jóvenes tuvieron la posibilidad de escoger dos opciones de especialidad, “de tal forma que si no se quedan en una, tienen la oportunidad de ser seleccionados en la segunda, de acuerdo con sus calificaciones”, dijo.
Asimismo, indicó, se realizó un proceso de estandarización y validación basado en casos clínicos, elaborado y validado por más de 190 profesores de más de 20 escuelas y facultades de Medicina del país, públicas y privadas.
En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que este año se tienen disponibles 6 mil 450 lugares para cualesquiera de las 24 especialidades que se estudian en instituciones públicas y privadas; sin embargo, señaló, este número de plazas puede alterarse por la crisis económica, lo que dependerá de cada institución.
A este examen, indicó, acudieron poco más de 23 mil aspirantes, que por segunda ocasión se realizó por medios electrónicos en 11 sedes distribuidas en el país.
José Ángel Córdova recorrió la sede centro, ubicada en la ciudad de México, acompañado por Maki Ortiz, subsecretaria de Innovación y Calidad, quien aseguró que “no hay manera de que sea filtrado el examen”, cuyo costo fue de 71 millones de pesos.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Gobernador de NL será sometido a 'juicio popular'.
Noticia:
Un grupo de ex políticos, activistas y abogados realizará un juicio oral al gobernador saliente de Nuevo León, Natividad González Parás, a fin de evaluar su función en materia de seguridad, educación, salud y manejo discrecional de recursos y los eventos del Forum de las Culturas, entre otros temas.
El juicio, que se planea realizar el próximo 15 de septiembre, convertirá el centro de convenciones Convex en un "tribunal colegiado moral y ético", donde aproximadamente 200 jueces ciudadanos pondrán en el banquillo de las acusados al mandatario del Estado.
El grupo organizado es denominado "Movimiento Ciudadano Evolución Mexicana 2010", donde participan algunas personas que colaboraron en la reciente campaña a la alcaldía de San Pedro Garza García de la ex panista, Tatiana Clouthier, quien aunque se denominó candidata ciudadana, fue respaldada por el partido Nueva Alianza, que terminó como tercera fuerza política en el estado.
Según Clouthier el "juicio popular" es un hecho inédito porque ante la falta de recursos legales para realizar un juicio político, se pondrán sobre la mesa oralmente los argumentos contra el mandatario estatal, con todas las figuras jurídicas que normalmente se utilizan, "pero teniendo al jurado más importante, que es el mandante: la ciudadanía", dijo.
La hija del extinto político panista Manuel Clouthier agregó que participarán alrededor de 200 ciudadanos de Nuevo León, quienes ya se están registrando vía Facebook y en internet, pero con acceso restringido.
"Es importante tener nombre y apellido para saber quién está ahí para que no te vayan a reventar el evento", dijo.
Este grupo de ciudadanos realizará la función de jurado y al escuchar la información jurídicamente planteada, emitirán un voto a decir: culpable o inocente.
La ex candidata afirmó que participarán algunos líderes de organizaciones civiles y tendrán observadores e invitados de otros estados que visualizarán el ejercicio para ver cómo se podrían replicar en los estados como Jalisco, Puebla o Sonora, donde sus mandatarios han sido fuertemente cuestionados.
"Lo que es inédito es que ante la falta de compromiso del Congreso Local para hacer lo que le corresponde, la sociedad se tenga que organizar para tomar las riendas de lo que sus elegidos no pudieron hacer", expresó Clouthier.
Negó que sea un movimiento partidista y afirmó que "podrían decir que es partidista si consideran que nuestro partido se llama México".
Otro de los organizadores es la activista regia Dolores García Téllez de Landa, quien se presentó como vocera del grupo.
Para ella el evento no será un mero espectáculo de cinismos y burlas, "sino al contrario, que con toda seriedad se van a poner los cimientos de las auditorías ciudadanas que en un futuro cercano empezamos a hacer al gobernador entrante, como a los diferentes presidentes municipales", agregó.
Landa, hija del reconocido abogado Ignacio García Téllez, quien fue muy cercano a Lázaro Cárdenas y fue ex Secretario de Gobernación, dijo que en el juicio estarán presentes un fiscal, el acusador, jueces y el abogado defensor y de oficio en caso de que no se presente el acusado.
"El juicio es como prototipo de un gobernante que ha traicionado a su comunidad, porque seguimos inmersos en los grandes problemas que él dijo que iba a tratar de solucionar y no se ha solucionado; por el contrario, se han empeorado", agregó.
"Es gente muy comprometida la que está con nosotros", expone y presenta a una mujer de 83 años, bisabuela, con 8 hijos, 25 nietos y 9 bisnietos. "Y estoy metida esto porque me siento poseedora de la carga de 4 generaciones", apunta la octagenaria.
Formato de juicio ciudadano
Para la realización del evento se han apoyado en la asesoría de doctores en Derecho, entre ellos algunos miembros del Poder Judicial y de universidades de la región, aunque no especificaron los nombres.
Al inicio del evento se elegirá un "magistrado" para que presida la sesión al estilo de juicios orales, ahí se nombrará a 12 personas como jueces. El inculpado será notificado un día antes del evento y "si no acude al apercibimiento se le nombrará un abogado de oficio".
Una vez presentado el resolutivo, se enviará oficio de esa resolución a los partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, al Presidente de México, a las Naciones Unidas, "para que conozcan lo que un grupo de ciudadanos piensan de él y garantizar que no lo reciclen en otros puestos políticos", según los organizadores.
Fundamentos legales
Otro de los representantes del movimiento es el abogado penalista de Nuevo León, Jorge Reza Holguín, quien afirmó para EL UNIVERSAL que el evento busca crear conciencia política porque sería irrisorio intentar enjuiciar a González Parás con el sistema que maneja la técnica jurídica, "pero el sistema tiene sus juegos y sabemos que con esos recovecos no llegaríamos a nada porque se burlaría el sistema".
Según explica el juicio popular es histórico, se ha realizado desde tiempos de los griegos y hace dos o tres siglos era muy utilizado en México, todavía en 1810 y 1910 jugaban un papel importante".
"Hoy el sistema los ha ido reduciendo y acotando, de tal suerte que todavía los contempla la Constitución Mexicana (artículo 20, inciso B, fracción VI) y el Código Federal de Procedimientos Penales Federal, entre el 308 y 309", explicó.
Explicó que dentro del grupo, decidieron tocar a una figura como González Parás, porque en los últimos cinco sexenios "no se había visto un gobernador con tan poca ética como el que tenemos ahora, y en el estado no se da la división de poderes y el gobernador influye en el Ejecutivo y el Legislativo".
"Son de dominio público los actos, hechos e ilegalidades y está documentado en los medios que no ha habido una administración adecuada y no se han manejado los fondos hacendarios adecuados", comentó el abogado postulante.
"El juicio lo van a hacer los ciudadanos, conscientes de que el gobernador no otorgó el bien común y en la toma de protesta juró y protestó respetar la Constitución mexicana y en su defecto, remarcó, que la sociedad me lo demandé, pues nosotros se lo vamos a demandar".
El grupo de personas se ha reunido en la planeación del evento y prevé nombrar una comisión para dar una resolución a la sentencia del juicio que ofrezcan los jurados ciudadanos, y ahí se realizarán unos resolutivos, a lo cual finaliza Reza, "dudo que vayan a ser absolutorios".
Otros juicios similares en México
La propuesta de Evolución Mexicana es parecida al "juicio popular" que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México en agosto del 2007, contra el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, donde estuvieron presentes académicos como José Dávalos y actrices como Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina.
En Jalisco también se realizó un acto similar contra Francisco Ramírez Acuña como titular del ejecutivo estatal en Jalisco en febrero del 2007, organizado por diversas organizaciones civiles entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Un grupo de ex políticos, activistas y abogados realizará un juicio oral al gobernador saliente de Nuevo León, Natividad González Parás, a fin de evaluar su función en materia de seguridad, educación, salud y manejo discrecional de recursos y los eventos del Forum de las Culturas, entre otros temas.
El juicio, que se planea realizar el próximo 15 de septiembre, convertirá el centro de convenciones Convex en un "tribunal colegiado moral y ético", donde aproximadamente 200 jueces ciudadanos pondrán en el banquillo de las acusados al mandatario del Estado.
El grupo organizado es denominado "Movimiento Ciudadano Evolución Mexicana 2010", donde participan algunas personas que colaboraron en la reciente campaña a la alcaldía de San Pedro Garza García de la ex panista, Tatiana Clouthier, quien aunque se denominó candidata ciudadana, fue respaldada por el partido Nueva Alianza, que terminó como tercera fuerza política en el estado.
Según Clouthier el "juicio popular" es un hecho inédito porque ante la falta de recursos legales para realizar un juicio político, se pondrán sobre la mesa oralmente los argumentos contra el mandatario estatal, con todas las figuras jurídicas que normalmente se utilizan, "pero teniendo al jurado más importante, que es el mandante: la ciudadanía", dijo.
La hija del extinto político panista Manuel Clouthier agregó que participarán alrededor de 200 ciudadanos de Nuevo León, quienes ya se están registrando vía Facebook y en internet, pero con acceso restringido.
"Es importante tener nombre y apellido para saber quién está ahí para que no te vayan a reventar el evento", dijo.
Este grupo de ciudadanos realizará la función de jurado y al escuchar la información jurídicamente planteada, emitirán un voto a decir: culpable o inocente.
La ex candidata afirmó que participarán algunos líderes de organizaciones civiles y tendrán observadores e invitados de otros estados que visualizarán el ejercicio para ver cómo se podrían replicar en los estados como Jalisco, Puebla o Sonora, donde sus mandatarios han sido fuertemente cuestionados.
"Lo que es inédito es que ante la falta de compromiso del Congreso Local para hacer lo que le corresponde, la sociedad se tenga que organizar para tomar las riendas de lo que sus elegidos no pudieron hacer", expresó Clouthier.
Negó que sea un movimiento partidista y afirmó que "podrían decir que es partidista si consideran que nuestro partido se llama México".
Otro de los organizadores es la activista regia Dolores García Téllez de Landa, quien se presentó como vocera del grupo.
Para ella el evento no será un mero espectáculo de cinismos y burlas, "sino al contrario, que con toda seriedad se van a poner los cimientos de las auditorías ciudadanas que en un futuro cercano empezamos a hacer al gobernador entrante, como a los diferentes presidentes municipales", agregó.
Landa, hija del reconocido abogado Ignacio García Téllez, quien fue muy cercano a Lázaro Cárdenas y fue ex Secretario de Gobernación, dijo que en el juicio estarán presentes un fiscal, el acusador, jueces y el abogado defensor y de oficio en caso de que no se presente el acusado.
"El juicio es como prototipo de un gobernante que ha traicionado a su comunidad, porque seguimos inmersos en los grandes problemas que él dijo que iba a tratar de solucionar y no se ha solucionado; por el contrario, se han empeorado", agregó.
"Es gente muy comprometida la que está con nosotros", expone y presenta a una mujer de 83 años, bisabuela, con 8 hijos, 25 nietos y 9 bisnietos. "Y estoy metida esto porque me siento poseedora de la carga de 4 generaciones", apunta la octagenaria.
Formato de juicio ciudadano
Para la realización del evento se han apoyado en la asesoría de doctores en Derecho, entre ellos algunos miembros del Poder Judicial y de universidades de la región, aunque no especificaron los nombres.
Al inicio del evento se elegirá un "magistrado" para que presida la sesión al estilo de juicios orales, ahí se nombrará a 12 personas como jueces. El inculpado será notificado un día antes del evento y "si no acude al apercibimiento se le nombrará un abogado de oficio".
Una vez presentado el resolutivo, se enviará oficio de esa resolución a los partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, al Presidente de México, a las Naciones Unidas, "para que conozcan lo que un grupo de ciudadanos piensan de él y garantizar que no lo reciclen en otros puestos políticos", según los organizadores.
Fundamentos legales
Otro de los representantes del movimiento es el abogado penalista de Nuevo León, Jorge Reza Holguín, quien afirmó para EL UNIVERSAL que el evento busca crear conciencia política porque sería irrisorio intentar enjuiciar a González Parás con el sistema que maneja la técnica jurídica, "pero el sistema tiene sus juegos y sabemos que con esos recovecos no llegaríamos a nada porque se burlaría el sistema".
Según explica el juicio popular es histórico, se ha realizado desde tiempos de los griegos y hace dos o tres siglos era muy utilizado en México, todavía en 1810 y 1910 jugaban un papel importante".
"Hoy el sistema los ha ido reduciendo y acotando, de tal suerte que todavía los contempla la Constitución Mexicana (artículo 20, inciso B, fracción VI) y el Código Federal de Procedimientos Penales Federal, entre el 308 y 309", explicó.
Explicó que dentro del grupo, decidieron tocar a una figura como González Parás, porque en los últimos cinco sexenios "no se había visto un gobernador con tan poca ética como el que tenemos ahora, y en el estado no se da la división de poderes y el gobernador influye en el Ejecutivo y el Legislativo".
"Son de dominio público los actos, hechos e ilegalidades y está documentado en los medios que no ha habido una administración adecuada y no se han manejado los fondos hacendarios adecuados", comentó el abogado postulante.
"El juicio lo van a hacer los ciudadanos, conscientes de que el gobernador no otorgó el bien común y en la toma de protesta juró y protestó respetar la Constitución mexicana y en su defecto, remarcó, que la sociedad me lo demandé, pues nosotros se lo vamos a demandar".
El grupo de personas se ha reunido en la planeación del evento y prevé nombrar una comisión para dar una resolución a la sentencia del juicio que ofrezcan los jurados ciudadanos, y ahí se realizarán unos resolutivos, a lo cual finaliza Reza, "dudo que vayan a ser absolutorios".
Otros juicios similares en México
La propuesta de Evolución Mexicana es parecida al "juicio popular" que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México en agosto del 2007, contra el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, donde estuvieron presentes académicos como José Dávalos y actrices como Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina.
En Jalisco también se realizó un acto similar contra Francisco Ramírez Acuña como titular del ejecutivo estatal en Jalisco en febrero del 2007, organizado por diversas organizaciones civiles entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Los desafíos en seguridad nacional.
Noticia:
La delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, están identificadas como las cinco principales “amenazas” a la seguridad nacional en México para los próximos tres años.
En el Programa de Seguridad Nacional, que aplicará el gobierno federal durante ese lapso, se consideran también como “riesgos” contra el Estado mexicano conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los problemas del medio ambiente y los desequilibrios sociales.
Junto a la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos procedencia ilícita, entre los aspectos relevantes que el Programa de Seguridad Nacional destaca son los posibles conflictos que pueden generarse si no hay un manejo integral y sustentable del agua, la producción de alimentos y la generación de empleos. Pero igual se identifica como un riesgo para la seguridad de México a las enfermedades transmisibles que sean potencialmente epidémicas o pandémicas, como el virus de la influenza.
Por eso, la estrategia, diseñada a partir de los desafíos identificados, busca —dice el texto— anular amenazas y desactivar riesgos para mantener la estabilidad y del Estado mexicano, incluso recurriendo a “mecanismos excepcionales”, como la intervención de comunicaciones y la información anónima.
El citado plan que tendrá vigencia de tres años incorporó nuevos temas conforme el entorno nacional e internacional, luego de una serie de talleres de discusión en los que participaron representantes de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
De esta forma, según el citado programa, se establecieron objetivos y prioridades para articular la coordinación, incrementar capacidades institucionales y correlacionar la aplicación de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, por parte de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Vigilancia a programas
El Programa de Seguridad Nacional señala que cada una de las dependencia deberá hacer una debida “rendición de cuentas” con respecto a las políticas públicas y acciones que se aplicarán en los próximos tres años, pero igualmente en materia de acceso a la información gubernamental dispone que tendrá el carácter de reservada aquella información cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza; además, dentro de la estrategia gubernamental se propone promover el desarrollo de una cultura de la seguridad nacional de carácter interinstitucional.
El programa define 13 líneas estratégicas y 145 líneas de acción. Entre las primeras está el incrementar las capacidades de las instancias de seguridad nacional; fijar un sistema integral de información, el despliegue integral y sistemático de inteligencia y alerta temprana; promover el desarrollo del marco jurídico para la seguridad nacional, e impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional.
Para atender integralmente las amenazas y los riesgos se prevé profundizar en el conocimiento de éstas a través de la inteligencia; diseñar políticas públicas sobre factores críticos que dan origen a las amenazas y de riesgos; anticipar y limitar amenazas y riesgos por la vía de la contrainteligencia; asumir acciones de protección; planes para reaccionar con pertinencia y oportunidad frente a amenazas y riesgos que se concreten en los hechos, y limitar el daño actuando para mitigar impactos adversos derivados de amenazas y riesgos o, en su caso, controlar efectos, entre otras medidas.
Otras de las acciones será el fortalecer las capacidades de investigación, recolección de evidencia, identificación de responsables, e integración de averiguaciones previas, sobre hechos que pudieran implicar actos terroristas; articular acciones para prevenir, anular y reaccionar ante posibles actos terroristas, incluyendo el intercambio de inteligencia entre los servicios de seguridad mexicanos con homólogos extranjeros; acciones para anular actos de terrorismo internacional o contra otros estados.
Igual, se considera indispensable la incorporación de los sectores social y privado en la detección y aviso de operaciones posiblemente vinculadas al terrorismo internacional, y la generación de inteligencia sobre actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una intromisión.
Además se plantea generar inteligencia respecto a actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, lo mismo que para diagnosticar con oportunidad aquellos factores de naturaleza geopolítica, económica, política, social y cultural que, de prevalecer, pudieran llegar a poner en riesgo la unidad nacional o el pacto federal, señala el documento.
La delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, están identificadas como las cinco principales “amenazas” a la seguridad nacional en México para los próximos tres años.
En el Programa de Seguridad Nacional, que aplicará el gobierno federal durante ese lapso, se consideran también como “riesgos” contra el Estado mexicano conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los problemas del medio ambiente y los desequilibrios sociales.
Junto a la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos procedencia ilícita, entre los aspectos relevantes que el Programa de Seguridad Nacional destaca son los posibles conflictos que pueden generarse si no hay un manejo integral y sustentable del agua, la producción de alimentos y la generación de empleos. Pero igual se identifica como un riesgo para la seguridad de México a las enfermedades transmisibles que sean potencialmente epidémicas o pandémicas, como el virus de la influenza.
Por eso, la estrategia, diseñada a partir de los desafíos identificados, busca —dice el texto— anular amenazas y desactivar riesgos para mantener la estabilidad y del Estado mexicano, incluso recurriendo a “mecanismos excepcionales”, como la intervención de comunicaciones y la información anónima.
El citado plan que tendrá vigencia de tres años incorporó nuevos temas conforme el entorno nacional e internacional, luego de una serie de talleres de discusión en los que participaron representantes de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
De esta forma, según el citado programa, se establecieron objetivos y prioridades para articular la coordinación, incrementar capacidades institucionales y correlacionar la aplicación de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, por parte de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Vigilancia a programas
El Programa de Seguridad Nacional señala que cada una de las dependencia deberá hacer una debida “rendición de cuentas” con respecto a las políticas públicas y acciones que se aplicarán en los próximos tres años, pero igualmente en materia de acceso a la información gubernamental dispone que tendrá el carácter de reservada aquella información cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza; además, dentro de la estrategia gubernamental se propone promover el desarrollo de una cultura de la seguridad nacional de carácter interinstitucional.
El programa define 13 líneas estratégicas y 145 líneas de acción. Entre las primeras está el incrementar las capacidades de las instancias de seguridad nacional; fijar un sistema integral de información, el despliegue integral y sistemático de inteligencia y alerta temprana; promover el desarrollo del marco jurídico para la seguridad nacional, e impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional.
Para atender integralmente las amenazas y los riesgos se prevé profundizar en el conocimiento de éstas a través de la inteligencia; diseñar políticas públicas sobre factores críticos que dan origen a las amenazas y de riesgos; anticipar y limitar amenazas y riesgos por la vía de la contrainteligencia; asumir acciones de protección; planes para reaccionar con pertinencia y oportunidad frente a amenazas y riesgos que se concreten en los hechos, y limitar el daño actuando para mitigar impactos adversos derivados de amenazas y riesgos o, en su caso, controlar efectos, entre otras medidas.
Otras de las acciones será el fortalecer las capacidades de investigación, recolección de evidencia, identificación de responsables, e integración de averiguaciones previas, sobre hechos que pudieran implicar actos terroristas; articular acciones para prevenir, anular y reaccionar ante posibles actos terroristas, incluyendo el intercambio de inteligencia entre los servicios de seguridad mexicanos con homólogos extranjeros; acciones para anular actos de terrorismo internacional o contra otros estados.
Igual, se considera indispensable la incorporación de los sectores social y privado en la detección y aviso de operaciones posiblemente vinculadas al terrorismo internacional, y la generación de inteligencia sobre actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una intromisión.
Además se plantea generar inteligencia respecto a actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, lo mismo que para diagnosticar con oportunidad aquellos factores de naturaleza geopolítica, económica, política, social y cultural que, de prevalecer, pudieran llegar a poner en riesgo la unidad nacional o el pacto federal, señala el documento.
Cinco estaciones del Metro paran por inundaciones.
Noticia:
Las estaciones Agrícola Oriental y Pantitlán, de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo, así como las estaciones Terminal Aérea, Hangares y Oceanía, de la línea 5, están fuera de servicio, debido a la subida del nivel de agua tras la lluvia que cayó la víspera.
En la línea A se ofrece servicio entre las estaciones La Paz y Canal de San Juan.
Adelante su salida y si su destino es alguna de estas estaciones del Metro busque alternativas.
Use como alternativas las líneas 9 y 1.
Tampoco se ofrecerá servicio de RTP que sale desde las estaciones que interrumpieron operación.
Las estaciones Agrícola Oriental y Pantitlán, de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo, así como las estaciones Terminal Aérea, Hangares y Oceanía, de la línea 5, están fuera de servicio, debido a la subida del nivel de agua tras la lluvia que cayó la víspera.
En la línea A se ofrece servicio entre las estaciones La Paz y Canal de San Juan.
Adelante su salida y si su destino es alguna de estas estaciones del Metro busque alternativas.
Use como alternativas las líneas 9 y 1.
Tampoco se ofrecerá servicio de RTP que sale desde las estaciones que interrumpieron operación.
Jueces no dejan que los verifiquen.
Noticia:
En su labor de verificación del cumplimiento de la ley antitabaco, la Secretaría de Salud se enfrenta con el rechazo del Consejo de la Judicatura Federal para que inspeccione sus instalaciones con el fin de determinar si cumple la norma.
Con el argumento de que vulneraría su autonomía e independencia, el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de todos los juzgados y tribunales federales del país, promovió un juicio de amparo para evitar la supervisión de la dependencia federal.
El Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establece que la Secretaría de Salud federal tiene atribuciones para realizar tanto visitas de verificación ordinarias, en días y horas hábiles, como extraordinarias, estas últimas en cualquier horario.
En su labor de verificación del cumplimiento de la ley antitabaco, la Secretaría de Salud se enfrenta con el rechazo del Consejo de la Judicatura Federal para que inspeccione sus instalaciones con el fin de determinar si cumple la norma.
Con el argumento de que vulneraría su autonomía e independencia, el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de todos los juzgados y tribunales federales del país, promovió un juicio de amparo para evitar la supervisión de la dependencia federal.
El Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establece que la Secretaría de Salud federal tiene atribuciones para realizar tanto visitas de verificación ordinarias, en días y horas hábiles, como extraordinarias, estas últimas en cualquier horario.
Hacienda proyecta PIB de 3% en 2010.
Noticia:
La Secretaría de Hacienda llegará mañana al Congreso con un paquete económico para 2010 en el que considere un crecimiento económico de 2.5% a 3% y un precio del petróleo de 53.80 dólares por barril. Además, para estimular la economía y permitir un endeudamiento mayor, la dependencia pedirá al Congreso modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Analistas consideraron que el déficit fiscal que se solicitará irá de un rango de 2% del PIB; el escenario más pesimista es de hasta 4% del PIB.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el gasto será ajustado y desaparecerán algunas secretarías. El ramo de infraestructura será uno de los más castigados, ya que es “lo más fácil de ser podado”.
Los rubros de seguridad mantendrán la prioridad en el presupuesto del presidente Felipe Calderón.
Habrá crecimiento
Analistas proyectan un crecimiento de 2.5% a 3% para el próximo año, el cual se presentará en los Criterios Generales de Política Económica 2010. “Si se estimula fiscalmente la economía mexicana, se hace un buen recorte y se fortalecen los ingresos tributarios, se podría hablar de una proyección de 2.5 a 3%”, planteó Gabriel Pérez del Peral, director de la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana.
Sergio Raimond-Kedilhac, profesor e investigador del entorno económico del IPADE, coincidió en una proyección de 3% para el siguiente año.
Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de Moody’s Economic.com, afirmó que el planteamiento de Hacienda será de acuerdo con el potencial de la economía. “Un crecimiento de 3% el cual no debe ser muy optimista, pero tampoco muy pesimista”, dijo.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, informó a los legisladores que en los Criterios Generales de Política Económica 2010 presentarán un precio del petróleo de 53.80 dólares por barril, inferior a 70 dólares con que se programó este año. “Podemos proteger un precio de 54 dólares, no de 70”, advirtió el funcionario hace un par de semanas.
Según Pérez del Peral, un precio de 52 dólares en promedio sería más realista.
Coutiño añadió que el déficit fiscal que presentará la Secretaría de Hacienda al Congreso será equivalente a 2% del PIB. Hacienda entregará mañana a la Cámara de Diputados el paquete Económico para 2010.
A la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación se sumarán el proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y una miscelánea fiscal.
Ajuste a la burocracia
Los analistas consideran que el gobierno de Felipe Calderón presentará un proyecto de presupuesto con un ajuste del gasto corriente. La expectativa es que sea 10% de la actual nómina, en la que el costo fiscal es de un billón 728 mil 489 millones de pesos.
“Si bien no se vayan a eliminar secretarías, sí se van a hacer más compactas, para que se elimine parte de la burocracia que está de más, va a ver un adelgazamiento del aparato burocrático, de tal manera que se pueda ahorrar gasto corriente”, dijo Coutiño. Sin embargo, Juan Pardinas, especialista en presupuesto del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), dijo que el gobierno tendría que eliminar las secretarías de la Función Pública y Reforma Agraria.
Incluso, la semana pasada, el presidente Calderón abrió la puerta a la desaparición algunas secretarías de Estado.
Los especialistas consideran que el ramo de infraestructura será sacrificado en el presupuesto del próximo año.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, consultoría que analiza el presupuesto, expone que la expectativa es que el ramo de infraestructura sufrirá las consecuencias de la falta de ingresos.
Carstens informó que el próximo año habrá una sangría en las finanzas públicas de 300 mil millones de pesos.
Coutiño consideró que habrá planes de infraestructura que se pospondrán. “Algunos planes de infraestructura, sobre todo de comunicaciones, se verían limitados o afectados en el presupuesto del próximo año”, dijo Coutiño.
Pérez del Peral fue contundente: “Es más fácil de recortar (la infraestructura), no hay contratos de por medio, es lo más fácil; yo espero que no se vaya por el camino fácil”, expresó.
Romero agregó que también se espera que Hacienda presente un “tijerazo” a subsidios de gasto social.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, dijo que el gobierno federal tiene muchos rubros de donde podría recortar el gasto.
Laura Iturbide, académica de la Universidad Anáhuac, dijo que se reducirá gasto administrativo. “Hay muchos gastos administrativos que pueden ser recortados”, expuso la especialista.
La Secretaría de Hacienda llegará mañana al Congreso con un paquete económico para 2010 en el que considere un crecimiento económico de 2.5% a 3% y un precio del petróleo de 53.80 dólares por barril. Además, para estimular la economía y permitir un endeudamiento mayor, la dependencia pedirá al Congreso modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Analistas consideraron que el déficit fiscal que se solicitará irá de un rango de 2% del PIB; el escenario más pesimista es de hasta 4% del PIB.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el gasto será ajustado y desaparecerán algunas secretarías. El ramo de infraestructura será uno de los más castigados, ya que es “lo más fácil de ser podado”.
Los rubros de seguridad mantendrán la prioridad en el presupuesto del presidente Felipe Calderón.
Habrá crecimiento
Analistas proyectan un crecimiento de 2.5% a 3% para el próximo año, el cual se presentará en los Criterios Generales de Política Económica 2010. “Si se estimula fiscalmente la economía mexicana, se hace un buen recorte y se fortalecen los ingresos tributarios, se podría hablar de una proyección de 2.5 a 3%”, planteó Gabriel Pérez del Peral, director de la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana.
Sergio Raimond-Kedilhac, profesor e investigador del entorno económico del IPADE, coincidió en una proyección de 3% para el siguiente año.
Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de Moody’s Economic.com, afirmó que el planteamiento de Hacienda será de acuerdo con el potencial de la economía. “Un crecimiento de 3% el cual no debe ser muy optimista, pero tampoco muy pesimista”, dijo.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, informó a los legisladores que en los Criterios Generales de Política Económica 2010 presentarán un precio del petróleo de 53.80 dólares por barril, inferior a 70 dólares con que se programó este año. “Podemos proteger un precio de 54 dólares, no de 70”, advirtió el funcionario hace un par de semanas.
Según Pérez del Peral, un precio de 52 dólares en promedio sería más realista.
Coutiño añadió que el déficit fiscal que presentará la Secretaría de Hacienda al Congreso será equivalente a 2% del PIB. Hacienda entregará mañana a la Cámara de Diputados el paquete Económico para 2010.
A la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación se sumarán el proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y una miscelánea fiscal.
Ajuste a la burocracia
Los analistas consideran que el gobierno de Felipe Calderón presentará un proyecto de presupuesto con un ajuste del gasto corriente. La expectativa es que sea 10% de la actual nómina, en la que el costo fiscal es de un billón 728 mil 489 millones de pesos.
“Si bien no se vayan a eliminar secretarías, sí se van a hacer más compactas, para que se elimine parte de la burocracia que está de más, va a ver un adelgazamiento del aparato burocrático, de tal manera que se pueda ahorrar gasto corriente”, dijo Coutiño. Sin embargo, Juan Pardinas, especialista en presupuesto del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), dijo que el gobierno tendría que eliminar las secretarías de la Función Pública y Reforma Agraria.
Incluso, la semana pasada, el presidente Calderón abrió la puerta a la desaparición algunas secretarías de Estado.
Los especialistas consideran que el ramo de infraestructura será sacrificado en el presupuesto del próximo año.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, consultoría que analiza el presupuesto, expone que la expectativa es que el ramo de infraestructura sufrirá las consecuencias de la falta de ingresos.
Carstens informó que el próximo año habrá una sangría en las finanzas públicas de 300 mil millones de pesos.
Coutiño consideró que habrá planes de infraestructura que se pospondrán. “Algunos planes de infraestructura, sobre todo de comunicaciones, se verían limitados o afectados en el presupuesto del próximo año”, dijo Coutiño.
Pérez del Peral fue contundente: “Es más fácil de recortar (la infraestructura), no hay contratos de por medio, es lo más fácil; yo espero que no se vaya por el camino fácil”, expresó.
Romero agregó que también se espera que Hacienda presente un “tijerazo” a subsidios de gasto social.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, dijo que el gobierno federal tiene muchos rubros de donde podría recortar el gasto.
Laura Iturbide, académica de la Universidad Anáhuac, dijo que se reducirá gasto administrativo. “Hay muchos gastos administrativos que pueden ser recortados”, expuso la especialista.
México malgasta su fuerza laboral.
Noticia:
México está desaprovechando el potencial productivo de su población en edad de trabajar por el bajo ritmo en la generación de empleos y por la mala calidad de los pocos puestos laborales que se crean.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nunca tantos jóvenes se fueron en busca de una vida mejor: siete de cada 10 emigrantes tienen entre 15 y 24 años, en el inicio de su fase productiva. Además, emigra la fuerza de trabajo más calificada, con lo cual se pierden los recursos erogados en su formación, al no haber un mercado de trabajo suficiente para los mexicanos mejor preparados.
Cifras de los últimos dos años muestran que la fuga de talentos en México es de entre 100 mil y 150 mil personas por año.
El país está desperdiciando también el llamado bono demográfico —proceso de transición en el que la fuerza laboral de un país es más numerosa que la población dependiente (niños y ancianos)—, fenómeno que naciones como Alemania, Francia, Inglaterra, Taiwán, India y China han utilizado como factor de desarrollo.
De los mexicanos en edad de trabajar que permanecen en el país más de la mitad no tiene seguridad médica y una tercera parte se emplea en el sector informal. Estudios del IIE-UNAM revelan que entre 300 y 350 mil trabajadores se incorporan a la informalidad anualmente.
Ante la actual recesión económica, expertos advierten una descomposición del mercado laboral porque los trabajadores más preparados se están viendo obligados a buscar fuentes de empleo complementarias para subsistir.
La búsqueda de más recursos lleva a empleos adicionales en actividades que tienen menor productividad, con lo que el potencial de las personas queda subutilizado, explican.
El número de personas con un empleo adicional pasó de 679 mil a un millón 300 mil.
México está desaprovechando el potencial productivo de su población en edad de trabajar por el bajo ritmo en la generación de empleos y por la mala calidad de los pocos puestos laborales que se crean.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nunca tantos jóvenes se fueron en busca de una vida mejor: siete de cada 10 emigrantes tienen entre 15 y 24 años, en el inicio de su fase productiva. Además, emigra la fuerza de trabajo más calificada, con lo cual se pierden los recursos erogados en su formación, al no haber un mercado de trabajo suficiente para los mexicanos mejor preparados.
Cifras de los últimos dos años muestran que la fuga de talentos en México es de entre 100 mil y 150 mil personas por año.
El país está desperdiciando también el llamado bono demográfico —proceso de transición en el que la fuerza laboral de un país es más numerosa que la población dependiente (niños y ancianos)—, fenómeno que naciones como Alemania, Francia, Inglaterra, Taiwán, India y China han utilizado como factor de desarrollo.
De los mexicanos en edad de trabajar que permanecen en el país más de la mitad no tiene seguridad médica y una tercera parte se emplea en el sector informal. Estudios del IIE-UNAM revelan que entre 300 y 350 mil trabajadores se incorporan a la informalidad anualmente.
Ante la actual recesión económica, expertos advierten una descomposición del mercado laboral porque los trabajadores más preparados se están viendo obligados a buscar fuentes de empleo complementarias para subsistir.
La búsqueda de más recursos lleva a empleos adicionales en actividades que tienen menor productividad, con lo que el potencial de las personas queda subutilizado, explican.
El número de personas con un empleo adicional pasó de 679 mil a un millón 300 mil.
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