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Guatemala ha dado el primer paso para revisar su pasado más oscuro y arrojar luz sobre los crímenes perpetrados durante los 36 años de guerra civil que tiñeron de sangre y violencia el país centroamericano. El ex comisionado militar Felipe Cusanero se ha convertido hoy en el primer condenado, a un total de 150 años de prisión, por las desapariciones durante el conflicto armado (1960-1996), al haber sido encontrado culpable de la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1983.
Casi 250.000 personas, la mayoría indígenas, fueron asesinadas durante la guerra que enfrentó a las guerrillas de izquierda y al Gobierno. De esas víctimas, se cree que 45.000 desaparecieron antes de ser ejecutadas. Más del 80% de las atrocidades fueron perpetradas por el Ejército, según las conclusiones de la Comisión para la Verdad, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.
"Verdad y justicia"
Hasta el pequeño tribunal de Chimaltenango, una capital de provincia a 40 kilómetros de la ciudad de Guatemala, se han trasladado indígenas y familiares de desaparecidos para esperar la lectura del veredicto por parte de los jueces. "No buscábamos venganza, pero sí verdad y justicia", ha proclamado Hilarión López, cuya hija Encarnacion fue secuestrada por los soldados en 1984 cuando solo tenía 24 años y nunca más volvió a ser vista por su familia.
El marido de María Tan también desapareció por orden de Cusanero. Y la lección que extrae de esta sentencia histórica para su país es en forma de legado. "Es importante que mis nietos nunca tengan que vivir una experiencia como la que sufrimos nosotros".
Cusanero, que ahora supera los 60 años de edad, fue el responsable de una importante área selvática durante los primeros años de la década de los 80 y a su cargo tenía a cerca de 40 soldados. Los grupos pro derechos humanos guatemaltecos creen que es responsable de la muerte y desaparición de muchas más personas, pero solo los familiares de seis víctimas vencieron el miedo y testificaron en su contra.
Expertos legales han recordado que ésta es la primera vez que una persona es condenada por las desapariciones acaecidas durante el conflicto. "Este precedente judicial abre la puerta para que las familias de las decenas de miles de víctimas presenten sus casos ante los tribunales", ha dicho Mario Minera, director del grupo CALDH, que lleva cuatro años luchando para que salgan a la luz las desapariciones forzosas.
Pero, por el momento, pocas personas han intentado denunciar las violaciones de derechos humanos y tampoco el Ejército ha facilitado la labor, obstaculizando sistemáticamente el acceso a sus archivos.
En su fallo, el tribunal de Chimaltenango también ha ordenado a la Fiscalía de ese departamento continuar las investigaciones en contra de dos ex oficiales del Ejército, antiguos jefes del condenado, para determinar la responsabilidad "material e intelectual" de estos en la desaparición de estas víctimas.
Lo más sangrante para las víctimas es que el ex dictador Efrain Rios Montt continúa en activo como diputado del Congreso nacional, y eso pese a las acusaciones de genocidio que lo persiguen desde hace años.
Al menos, el país ha iniciado un proceso de recuperación de la memoria histórica con la exhumación de fosas en busca de víctimas de la dictadura.
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