Noticia:
La diputada federal electa y ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, fue designada como la próxima coordinadora de la fracción panista para la 61 Legislatura en San Lázaro, que iniciará el 1 de septiembre.
El nombramiento estuvo a cargo de César Nava, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ante los 142 diputados electos que acudieron a la reunión plenaria, previa al periodo ordinario de sesiones.
El líder del blanquiazul reveló que la elección de Vázquez Mota se dio en atención a la voz de la mayor parte de los nuevos legisladores presentes y por su “convicción personal”, pues ella tuvo una “evidente mayoría” en la consulta que se llevó a cabo el jueves pasado.
Con esta decisión el diputado electo Francisco Ramírez Acuña se quedó en el camino, pues también aspiraba a ocupar ese cargo; sin embargo, en conferencia, Nava no descartó que éste pueda encabezar la Mesa Directiva cuando al PAN le toque presidir la Cámara de Diputados y adelantó que tendrá una participación relevante en la próxima Legislatura.
Vázquez Mota afirmó que los integrantes de su fracción parlamentaria tomarán la tribuna de San Lázaro cuantas veces sea necesario, pero con “ideas y debate”.
La panista dijo que su bancada “es un grupo fuerte, decidido, unido y disciplinado”, dispuesto a “marcar liderazgos en la agenda legislativa y en el destino del país.
sábado, 15 de agosto de 2009
Sedena suma 934 quejas de abusos en siete meses.
Noticia:
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido este año un promedio de cuatro quejas diarias por violaciones a los derechos humanos, según un reporte de la institución, que es parte de la información que el gobierno federal entregó al Departamento de Estado norteamericano, que elabora un análisis sobre la situación de México en esta materia.
El documento —que dio a conocer la dependencia en julio pasado— destaca que de las 934 quejas presentadas contra el Ejército mexicano en lo que va de 2009, 43% se concentra en dos regiones militares, en las que se encuentran Chihuahua y Michoacán, donde se refuerzan operativos contra el crimen organizado y del narcotráfico.
Estos datos, de acuerdo con autoridades del gobierno federal, han sido incorporados al documento final que entregará el Departamento de Estado de EU al Senado de ese país a más tardar la próxima semana, del cual dependerá la liberación de 15% de recursos de la Iniciativa Mérida.
Tema crucial
El contenido del documento que elabore esa área del gobierno de Estados Unidos será crucial, ya que los recursos podrían ser bloqueados si los legisladores de ese país consideran que el Ejército mexicano no respeta los derechos humanos, o que los casos han quedado en la impunidad, como aseguran el senador Patrick Leahy y la organización Human Rights Watch (HRW).
El documento de Sedena dice que a pese a las 934 quejas presentadas durante este año —de más de 2 mil que se han recibido en este sexenio— 395 han concluido sin que se demuestre la responsabilidad de militares en la violación de garantías. También señala que 525 siguen en trámite y 14 terminaron en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH emitió 35 recomendaciones contra integrantes de la dependencia militar.
Destaca que de las quejas entre enero y julio de 2009 contra el Ejército, 888 fueron formuladas por civiles y 46, por militares.
Regiones más señaladas
El informe de la Sedena detalla además el número de quejas por violaciones a derechos humanos de este año por cada zona castrense. La lista la encabeza la XI región militar con 239 casos (25.5%), por operaciones en Parral y la capital de Chihuahua, así como en Saltillo, Coahuila.
Este año, la XII región tiene el segundo lugar en quejas con 163 (17.4%), por presuntas violaciones de garantías en Apatzingán y Morelia, Michoacán. También se han registrado denuncias en Sarabia, Guanajuato y Querétaro.
Las cifras coinciden con la ofensiva militar en puntos específicos del país para enfrentar a organizaciones del narcotráfico.
El documento también señala a la IX región militar con 10.3% de quejas (97 casos) formuladas en Ticui y Chilpancingo, Guerrero; y la III región castrense suma este año 87 casos, en especial en Culiacán, Sinaloa y Durango.
Motín en Durango deja al menos 19 muertos.
Noticia:
Al menos 19 muertos dejó una riña entre grupos antagónicos en el interior del reclusorio de esta ciudad, en la que salieron a relucir armas de fuego y punzocortantes.
Reportes extraoficiales señalan que la reyerta inició alrededor de las 16:45 horas, cuando varios presos provocaron un incendio en el interior de la bodega del área de indiciados del centro penitenciario.
Para evitar que la conflagración se propagara a otras áreas, se solicitó la presencia de elementos de Protección Civil, que arribaron al penal aproximadamente a las 17:15 horas.
Versiones no confirmadas señalan, sin embargo, que fueron rescatados al menos dos cadáveres completamente calcinados.
Testigos presenciales afirmaron que los internos tomaron el control de la cárcel y se apostaron en los techos.
En la capital del estado, Jorge Torres, secretario de Seguridad Pública de la entidad, aseguró que los disturbios se debieron al reciente traslado de reclusos de alta peligrosidad.
Luego de una reunión de urgencia con funcionarios de esa dependencia y de la Procuraduría de Justicia para evaluar la situación, explicó que la presencia de reos del fuero común y del fuero federal ocasiona este tipo de enfrentamientos, ya que la prisión es de baja y mediana seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con información de la policía y de familiares de los presos que se presentaron en el lugar, el choque se dio en respuesta al reforzamiento de la seguridad en el penal a principios de esta semana.
Torres Castillo admitió que los custodios han sido rebasados por las bandas que se disputan el control del reclusorio, cuyos directivos han sido objeto de amenazas e intimidaciones.
Con el fin de retomar el control del Cereso, que ocurrió poco después de las 19:00 horas, las autoridades penitenciarias dieron la voz de alarma e implementaron el Código Rojo.
Se dijo que en esta acción participaron policías municipales, estatales, federales y elementos del Ejército.
Durante la segunda quincena de julio, en este centro de reclusión se registraron tres riñas, en las que se usaron armas de fuego y provocaron la protesta de familiares de los presos, por la falta de seguridad.
En tanto, en Chihuahua, elementos del Ejército asumieron la seguridad del Centro de Readaptación Social (Cereso) en la capital del estado, ante el riesgo de un motín.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia de los Santos, dio a conocer que alrededor de 200 militares y policías federales arribaron aproximadamente a las 20:00 horas, tiempo local, al centro penitenciario para tomar a su cargo las tareas de vigilancia de los casi 2 mil 500 internos.
Lo anterior ocurrió horas después de que renunciara el director del Cereso, Gerardo Hernández, quien el martes dimitió tras sufrir un atentado, en el que murieron tres escoltas. (Con información de la corresponsalía)
Al menos 19 muertos dejó una riña entre grupos antagónicos en el interior del reclusorio de esta ciudad, en la que salieron a relucir armas de fuego y punzocortantes.
Reportes extraoficiales señalan que la reyerta inició alrededor de las 16:45 horas, cuando varios presos provocaron un incendio en el interior de la bodega del área de indiciados del centro penitenciario.
Para evitar que la conflagración se propagara a otras áreas, se solicitó la presencia de elementos de Protección Civil, que arribaron al penal aproximadamente a las 17:15 horas.
Versiones no confirmadas señalan, sin embargo, que fueron rescatados al menos dos cadáveres completamente calcinados.
Testigos presenciales afirmaron que los internos tomaron el control de la cárcel y se apostaron en los techos.
En la capital del estado, Jorge Torres, secretario de Seguridad Pública de la entidad, aseguró que los disturbios se debieron al reciente traslado de reclusos de alta peligrosidad.
Luego de una reunión de urgencia con funcionarios de esa dependencia y de la Procuraduría de Justicia para evaluar la situación, explicó que la presencia de reos del fuero común y del fuero federal ocasiona este tipo de enfrentamientos, ya que la prisión es de baja y mediana seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con información de la policía y de familiares de los presos que se presentaron en el lugar, el choque se dio en respuesta al reforzamiento de la seguridad en el penal a principios de esta semana.
Torres Castillo admitió que los custodios han sido rebasados por las bandas que se disputan el control del reclusorio, cuyos directivos han sido objeto de amenazas e intimidaciones.
Con el fin de retomar el control del Cereso, que ocurrió poco después de las 19:00 horas, las autoridades penitenciarias dieron la voz de alarma e implementaron el Código Rojo.
Se dijo que en esta acción participaron policías municipales, estatales, federales y elementos del Ejército.
Durante la segunda quincena de julio, en este centro de reclusión se registraron tres riñas, en las que se usaron armas de fuego y provocaron la protesta de familiares de los presos, por la falta de seguridad.
En tanto, en Chihuahua, elementos del Ejército asumieron la seguridad del Centro de Readaptación Social (Cereso) en la capital del estado, ante el riesgo de un motín.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia de los Santos, dio a conocer que alrededor de 200 militares y policías federales arribaron aproximadamente a las 20:00 horas, tiempo local, al centro penitenciario para tomar a su cargo las tareas de vigilancia de los casi 2 mil 500 internos.
Lo anterior ocurrió horas después de que renunciara el director del Cereso, Gerardo Hernández, quien el martes dimitió tras sufrir un atentado, en el que murieron tres escoltas. (Con información de la corresponsalía)
Ajustes castigan programas sociales.
Noticia:
La Secretaría de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de ajuste al gasto programable por 50 mil millones de pesos, que contempla una reducción de 7 mil 865 millones de pesos (15.7% del recorte total) a subsidios que corresponden a programas sociales, incluyendo los de combate a la pobreza.
En lo que representa la segunda disminución al presupuesto en el año, Hacienda propone ajustes en Educación, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Comunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad.
El documento en poder de EL UNIVERSAL justifica la reducción de recursos para planes sociales, al poner como argumento que “se busca realizar el ajuste de forma equitativa, procurando no afectar a los de mayor incidencia en el combate a la pobreza. Se toma consideración especial de los programas a cargo de las secretarías de Educación Pública, Salud y Desarrollo Social”.
La propuesta de disminución de subsidios fue de 4.3%, “procurando no afectar las metas sociales”, detalló el oficio enviado por Hacienda a la Cámara de Diputados.
El 23 de julio, el titular de la SHCP anunció un segundo recorte al gasto por 50 mil millones de pesos, que se suma al del 28 de mayo por 35 mil millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de ajuste al gasto programable por 50 mil millones de pesos, que contempla una reducción de 7 mil 865 millones de pesos (15.7% del recorte total) a subsidios que corresponden a programas sociales, incluyendo los de combate a la pobreza.
En lo que representa la segunda disminución al presupuesto en el año, Hacienda propone ajustes en Educación, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Comunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad.
El documento en poder de EL UNIVERSAL justifica la reducción de recursos para planes sociales, al poner como argumento que “se busca realizar el ajuste de forma equitativa, procurando no afectar a los de mayor incidencia en el combate a la pobreza. Se toma consideración especial de los programas a cargo de las secretarías de Educación Pública, Salud y Desarrollo Social”.
La propuesta de disminución de subsidios fue de 4.3%, “procurando no afectar las metas sociales”, detalló el oficio enviado por Hacienda a la Cámara de Diputados.
El 23 de julio, el titular de la SHCP anunció un segundo recorte al gasto por 50 mil millones de pesos, que se suma al del 28 de mayo por 35 mil millones de pesos.
viernes, 14 de agosto de 2009
Estudian si Correa contrajo gripe A.
Noticia:
El ministro de la Política de Ecuador, Ricardo Patiño, ayer fue diagnosticado de gripe A, mientras el presidente Rafael Correa fue puesto en observación, luego de que un funcionario del equipo de seguridad del palacio de gobierno contrajera la enfermedad.
El ministerio de Salud informó que Patiño “está recuperándose” en el hospital público Eugenio Espejo de Quito. No mencionaron cómo se contagió de la gripe A H1N1. Además, el ministerio confirmó dos casos de gripe porcina en miembros de la escolta presidencial, por lo cual suman tres los funcionarios de la casa de gobierno con el virus.
En tanto, el número de fallecidos por la gripe A en Chile subió a 112 y los casos llegaron a 12 mil 104, aunque en la última semana la enfermedad está dando muestras de una tendencia descendente, informaron las autoridades de Salud.
En la semana número 30 desde la aparición del virus en el país, el pasado 17 de mayo, la tendencia descendente es “clara” en todas las regiones del país, siendo más significativa en las regiones de Arica, Coquimbo, Valparaíso, Bío Bio y Los Lagos, señaló el Ministerio de Salud.
En Brasil, el gobierno prohibió la entrada de no indígenas a las comunidades de pueblos aborígenes, para evitar la propagación de la gripe A en esas reservas.
La medida, adoptada por la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai), fue anunciada luego que el Ministerio de Salud de Perú confirmara que al menos siete integrantes de la nación Matsigenka —una tribu aislada que habita la Amazonia peruana— fueron contaminados por este nuevo virus.
Según la Funai, sus funcionarios ya trabajan para informar a los indígenas sobre los peligros de la nueva gripe para sus pueblos, cuyo organismo es más vulnerable a virus de enfermedades típicas de no indígenas.
Además de suspender las autorizaciones para la entrada de no indígenas en las reservas, el organismo estatal recomendó a los pueblos originarios permanecer en sus comunidades y evitar viajes.
El ministro de la Política de Ecuador, Ricardo Patiño, ayer fue diagnosticado de gripe A, mientras el presidente Rafael Correa fue puesto en observación, luego de que un funcionario del equipo de seguridad del palacio de gobierno contrajera la enfermedad.
El ministerio de Salud informó que Patiño “está recuperándose” en el hospital público Eugenio Espejo de Quito. No mencionaron cómo se contagió de la gripe A H1N1. Además, el ministerio confirmó dos casos de gripe porcina en miembros de la escolta presidencial, por lo cual suman tres los funcionarios de la casa de gobierno con el virus.
En tanto, el número de fallecidos por la gripe A en Chile subió a 112 y los casos llegaron a 12 mil 104, aunque en la última semana la enfermedad está dando muestras de una tendencia descendente, informaron las autoridades de Salud.
En la semana número 30 desde la aparición del virus en el país, el pasado 17 de mayo, la tendencia descendente es “clara” en todas las regiones del país, siendo más significativa en las regiones de Arica, Coquimbo, Valparaíso, Bío Bio y Los Lagos, señaló el Ministerio de Salud.
En Brasil, el gobierno prohibió la entrada de no indígenas a las comunidades de pueblos aborígenes, para evitar la propagación de la gripe A en esas reservas.
La medida, adoptada por la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai), fue anunciada luego que el Ministerio de Salud de Perú confirmara que al menos siete integrantes de la nación Matsigenka —una tribu aislada que habita la Amazonia peruana— fueron contaminados por este nuevo virus.
Según la Funai, sus funcionarios ya trabajan para informar a los indígenas sobre los peligros de la nueva gripe para sus pueblos, cuyo organismo es más vulnerable a virus de enfermedades típicas de no indígenas.
Además de suspender las autorizaciones para la entrada de no indígenas en las reservas, el organismo estatal recomendó a los pueblos originarios permanecer en sus comunidades y evitar viajes.
Zelaya denuncia amenazas de muerte.
Noticia:
Representantes del gobierno de facto de Honduras se reunieron ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de una visita para ajustar detalles de una misión que busca reflotar una salida a la crisis política del país y sobre la cual el diplomático expresó optimismo.
Mientras tanto, el depuesto presidente Manuel Zelaya, de visita en Chile, descartó volver por ahora a Honduras porque, denunció, ha recibido “amenazas de muerte”.
Hasta la fecha, el gobierno interino de Roberto Micheletti se ha negado a aceptar el retorno al poder de Zelaya, sacado del país por la fuerza el 28 de junio bajo acusaciones de que violó la Constitución al intentar celebrar una consulta popular que habría allanado la vía a la reelección.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recibió ayer en su residencia en Washington a los delegados enviados por Honduras y se mostró optimista de un avance en las negociaciones, pese al traspié que recibió la semana pasada, cuando su presencia como líder de la misión fue rechazada por el gobierno de facto. “Tuvimos una conversación muy larga, muy interesante y creo que muy constructiva. Espero que esto redunde también en beneficio de la misión que vamos a realizar próximamente a Honduras”, dijo Insulza, citado en un comunicado.
Sin embargo, poco después Micheletti dijo a periodistas que envió una carta a la OEA y al propio Insulza para pedirle que no viaje a Honduras con la misión.
“Él no tiene por qué venir a este país a imponer absolutamente nada y tampoco tiene por qué venir a este país si no está invitado”, afirmó. “Para nosotros no es bienvenido en este país a menos que venga como turista, en otras misiones, a gastar dólares de los que le pagan allá en la OEA”, agregó. La nueva misión de la OEA, que estará integrada por varios cancilleres de países americanos y en la cual Insulza participaría sólo como observador, intenta dar vida nuevamente al Acuerdo de San José, mediado por el presidente costarricense, Óscar Arias, y que incluye la restitución de Zelaya, el punto álgido dentro de los diálogos.
El embajador de Zelaya en Washington, Eduardo Enrique Reina, dijo que la misión viajará a Honduras a finales de la próxima semana sin ninguna alteración en su conformación original.
Desde Chile, Zelaya pidió ayer a Estados Unidos que adopte medidas más fuertes contra el gobierno de Roberto Micheletti, para ejercer presión y “como un ejemplo de que apoyan la democracia” en la región. Zelaya, aunque valoró la “valentía” de Insulza, insistió que la solución está en manos de Estados Unidos. “(Si la Casa Blanca) aplica medidas tibias, el golpe de Estado no se va a revertir”, aseguró.
“La presidenta Bachelet ha sido muy clara: no debe haber impunidad frente a los golpistas”, insistió en el marco de su reunión de tres horas con la mandataria chilena, quien reiteró su respaldo a Manuel Zelaya, a la iniciativa de Arias para restituirlo en el poder y al plan de acción de la OEA.
Zelaya dijo también que por ahora no planea regresar a su país. “Mi presencia sería (peligrosa por) una amenaza que me han hecho ellos a mí de eliminarme, de asesinarme en territorio nacional”, dijo.
En tanto, en Argentina, el gobierno anunció el cese en funciones a la embajadora de Honduras en el país, Eleonora Ortez Williams, por el apoyo público que la diplomática dio a la administración de Micheletti.
Representantes del gobierno de facto de Honduras se reunieron ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de una visita para ajustar detalles de una misión que busca reflotar una salida a la crisis política del país y sobre la cual el diplomático expresó optimismo.
Mientras tanto, el depuesto presidente Manuel Zelaya, de visita en Chile, descartó volver por ahora a Honduras porque, denunció, ha recibido “amenazas de muerte”.
Hasta la fecha, el gobierno interino de Roberto Micheletti se ha negado a aceptar el retorno al poder de Zelaya, sacado del país por la fuerza el 28 de junio bajo acusaciones de que violó la Constitución al intentar celebrar una consulta popular que habría allanado la vía a la reelección.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recibió ayer en su residencia en Washington a los delegados enviados por Honduras y se mostró optimista de un avance en las negociaciones, pese al traspié que recibió la semana pasada, cuando su presencia como líder de la misión fue rechazada por el gobierno de facto. “Tuvimos una conversación muy larga, muy interesante y creo que muy constructiva. Espero que esto redunde también en beneficio de la misión que vamos a realizar próximamente a Honduras”, dijo Insulza, citado en un comunicado.
Sin embargo, poco después Micheletti dijo a periodistas que envió una carta a la OEA y al propio Insulza para pedirle que no viaje a Honduras con la misión.
“Él no tiene por qué venir a este país a imponer absolutamente nada y tampoco tiene por qué venir a este país si no está invitado”, afirmó. “Para nosotros no es bienvenido en este país a menos que venga como turista, en otras misiones, a gastar dólares de los que le pagan allá en la OEA”, agregó. La nueva misión de la OEA, que estará integrada por varios cancilleres de países americanos y en la cual Insulza participaría sólo como observador, intenta dar vida nuevamente al Acuerdo de San José, mediado por el presidente costarricense, Óscar Arias, y que incluye la restitución de Zelaya, el punto álgido dentro de los diálogos.
El embajador de Zelaya en Washington, Eduardo Enrique Reina, dijo que la misión viajará a Honduras a finales de la próxima semana sin ninguna alteración en su conformación original.
Desde Chile, Zelaya pidió ayer a Estados Unidos que adopte medidas más fuertes contra el gobierno de Roberto Micheletti, para ejercer presión y “como un ejemplo de que apoyan la democracia” en la región. Zelaya, aunque valoró la “valentía” de Insulza, insistió que la solución está en manos de Estados Unidos. “(Si la Casa Blanca) aplica medidas tibias, el golpe de Estado no se va a revertir”, aseguró.
“La presidenta Bachelet ha sido muy clara: no debe haber impunidad frente a los golpistas”, insistió en el marco de su reunión de tres horas con la mandataria chilena, quien reiteró su respaldo a Manuel Zelaya, a la iniciativa de Arias para restituirlo en el poder y al plan de acción de la OEA.
Zelaya dijo también que por ahora no planea regresar a su país. “Mi presencia sería (peligrosa por) una amenaza que me han hecho ellos a mí de eliminarme, de asesinarme en territorio nacional”, dijo.
En tanto, en Argentina, el gobierno anunció el cese en funciones a la embajadora de Honduras en el país, Eleonora Ortez Williams, por el apoyo público que la diplomática dio a la administración de Micheletti.
Nueva ley educativa genera violencia en Venezuela.
Noticia:
La oficialista Asamblea Nacional de Venezuela se aprestaba a aprobar una polémica ley de educación pese a acusaciones de que aumenta el control del gobierno sobre escuelas y universidades, en una jornada en la que 12 periodistas resultaron heridos por un ataque de grupos simpatizantes del oficialismo.
La representación opositora en la Asamblea Nacional se retiró de la sesión en la que se debatía el proyecto de Ley de Educación, dejando abierto el camino para que la mayoría oficialista apruebe la iniciativa, aunque anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta para abrogar la ley.
El jefe legislativo de PODEMOS, Ismael García, anunció que organizará un plan para evitar que se imponga “un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela, con la Constitución” . “Aquí no se escuchó a nadie, no se escuchó el planteamiento de la Iglesia católica. Llegó la hora de reaccionar, no vamos a aceptar esta ley, vamos a pedir un referéndum para preguntarle al pueblo si acepta o no esta ley. Llamo al pueblo a defender la Constitución, que está siendo violada” , aseguró.
La jornada resultó apasionada en la cámara y violenta en sus alrededores. “No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista”, dijo la diputada oficialista Iris Varela al recordar los pronunciamientos de los obispos católicos contra la ley.
Horas antes, un grupo de periodistas que protestaba contra el proyecto de ley fue atacado con piedras y palos, lo que dejó 12 heridos. Los periodistas de los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder en Deportes estaban en la céntrica avenida Urdaneta repartiendo volantes contra la Ley de Educación, cuando fueron atacados por grupos simpatizantes del oficialismo, primero con gritos y después con piedras y palos.
Poco antes, grupos que rechazan y que apoyan el proyecto de ley educativa marcharon hasta la Asamblea Nacional, pero sólo quienes lo respaldan pudieron llegar a la cámara, mientras que quienes se oponen fueron repelidos con gases lacrimógenos.
Convocan a concentración
La sede del Congreso fue acordonada por brigadas antimotines de la policía y de la Guardia Nacional (policía militarizada), que permitieron pasar a los manifestantes a favor del proyecto y simpatizantes del gobierno para apoyar la sesión en la que se espera la aprobación del proyecto. El gremio venezolano de periodistas convocó más tarde a una concentración hoy para “exigir sanciones” contra los responsables del ataque “salvaje y fascista” contra los 12 periodistas.
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente y la igualdad educativa.
La oficialista Asamblea Nacional de Venezuela se aprestaba a aprobar una polémica ley de educación pese a acusaciones de que aumenta el control del gobierno sobre escuelas y universidades, en una jornada en la que 12 periodistas resultaron heridos por un ataque de grupos simpatizantes del oficialismo.
La representación opositora en la Asamblea Nacional se retiró de la sesión en la que se debatía el proyecto de Ley de Educación, dejando abierto el camino para que la mayoría oficialista apruebe la iniciativa, aunque anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta para abrogar la ley.
El jefe legislativo de PODEMOS, Ismael García, anunció que organizará un plan para evitar que se imponga “un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela, con la Constitución” . “Aquí no se escuchó a nadie, no se escuchó el planteamiento de la Iglesia católica. Llegó la hora de reaccionar, no vamos a aceptar esta ley, vamos a pedir un referéndum para preguntarle al pueblo si acepta o no esta ley. Llamo al pueblo a defender la Constitución, que está siendo violada” , aseguró.
La jornada resultó apasionada en la cámara y violenta en sus alrededores. “No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista”, dijo la diputada oficialista Iris Varela al recordar los pronunciamientos de los obispos católicos contra la ley.
Horas antes, un grupo de periodistas que protestaba contra el proyecto de ley fue atacado con piedras y palos, lo que dejó 12 heridos. Los periodistas de los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder en Deportes estaban en la céntrica avenida Urdaneta repartiendo volantes contra la Ley de Educación, cuando fueron atacados por grupos simpatizantes del oficialismo, primero con gritos y después con piedras y palos.
Poco antes, grupos que rechazan y que apoyan el proyecto de ley educativa marcharon hasta la Asamblea Nacional, pero sólo quienes lo respaldan pudieron llegar a la cámara, mientras que quienes se oponen fueron repelidos con gases lacrimógenos.
Convocan a concentración
La sede del Congreso fue acordonada por brigadas antimotines de la policía y de la Guardia Nacional (policía militarizada), que permitieron pasar a los manifestantes a favor del proyecto y simpatizantes del gobierno para apoyar la sesión en la que se espera la aprobación del proyecto. El gremio venezolano de periodistas convocó más tarde a una concentración hoy para “exigir sanciones” contra los responsables del ataque “salvaje y fascista” contra los 12 periodistas.
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente y la igualdad educativa.
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